La situación de la empresa Topper en Tucumán es un claro reflejo de la crisis que atraviesa la industria local. En los últimos meses, la empresa ha despedido a 120 trabajadores y, debido a la falta de ventas, esta semana decidió licenciar a sus 1.190 empleados restantes, incluyendo a 938 operarios. Los depósitos están llenos de stock que no se vende, lo que ha forzado a la empresa a tomar medidas drásticas.
El problema no se limita a Topper. El Gobierno ha eliminado el control aduanero del etiquetado de productos textiles y de calzado que ingresan al país, una medida que favorece a los importadores y amenaza con destruir la producción local. Este tipo de competencia desleal es especialmente dañina en un sector ya debilitado por la caída en las ventas.
El Parque Industrial de La Rioja, por ejemplo, apenas produce al 30% de su capacidad. La industria textil y del calzado, que son pilares económicos en regiones como Aguilares, enfrentan un futuro sombrío.
Jorge Fugaracho, representante provincial de la Unión Trabajadores de la Industria del Calzado de la República Argentina (UTICRA), expresó su preocupación: "Esta situación es muy similar a la que vivimos durante la gestión de Macri, cuando Alpargatas despidió a 500 empleados. Si esto se repite, sería desastroso para ciudades que dependen de estas industrias".
Las recientes decisiones del Gobierno no parecen estar encaminadas a fortalecer la producción nacional, y la comunidad industrial teme que lo peor esté por venir.