EDITORIAL MIÉRCOLES 17 DE JULIO
Un video muestra por estos días a un recuperador urbano rodeado por unos diez policías de CABA que quieren obligarlo a retirarse del lugar donde está “cartoneando”. El hombre les hace frente: “¿Qué quieren? ¿Que agarre un fierro y salga a robar en la calle para darle de comer a mi familia?”. La imagen es desgarradora.
Respuesta del secretario de Seguridad de CABA, Diego Kravetz: “La cabeza del cartonero ya de por sí es distinta al resto de los ciudadanos por su tipo de trabajo”; “si le das comida a una persona de la calle, lo acomodás en la pobreza". Y fue más allá: “Si como vecino le das un plato de sopa caliente a la persona que vive en la calle, lo acomodás en la pobreza y es un circuito no virtuoso”; “es chocante para una persona tener a alguien viviendo en el palier de su edificio”.
Según un censo de ONGs y organizaciones sociales, hay más de 7.250 personas en la calle sólo en la ciudad Buenos Aires. Es una población mayoritariamente joven. El paliativo oficial de los paradores solo profundiza la discriminación contra los pobres: a los cartoneros no les dan un lugar donde alojar los carros; a las personas en situación de calle no les permiten resguardar sus pocas pertenencias; las familias son obligadas a separarse porque casi ninguno de esos paradores son mixtos; tampoco permiten el ingreso con mascotas.
Una política social humanitaria dispondría la apertura de centros integrales, abiertos las 24 horas, que contemplen apoyo terapéutico, capacitación en oficios y atención a la salud.
Para cerrar este círculo del infierno cotidiano que viven millones de personas: ahora, el gobierno de Milei apelará ante la Corte Suprema el fallo de la Cámara Federal que le ordena presentar un plan de distribución de las casi 6.000 toneladas de alimentos retenidos en galpones.
Mientras tanto, con temperaturas gélidas, el hambre y el desamparo deberán esperar.
Por Clara Murga.