Fiscales federales que intervinieron en causas
de lesa humanidad le manifestaron al procurador general interino de la Nación,
Eduardo Casal, su preocupación por el desmantelamiento de los Equipos de
Relevamiento y Análisis (ERyA) que funcionaba en el ámbito de la Dirección
de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa por decisión del titular de esa
cartera, Luis Petri. Foto: Ministerio de Defensa - edificio
Libertador.
“Desde
hace más de una década, los Equipos han contribuido de manera determinante
en la calidad del trabajo de los Fiscales en los juicios por crímenes de lesa
humanidad durante el terrorismo de Estado”, señala la nota remitida a
Casal por parte de 36 fiscales federales.
La misiva es firmada por integrantes del
Ministerio Público Fiscal como Juan
Murray, Adolfo Villate, Pablo Ouviña, Carlos Amat, Pablo Parenti, Cecilia
Garzón, Alejandro Jorge Alagia, Diego Vigay, Martíon Palazani, Dante Vega,
Carlos Gonela, Leonardo Filippini, Felix Crous, Josefina Minatta, Gabriela Obetko
y Javier De Luca, entre otros.
En ese sentido, los fiscales afirman que
“la documentación relevada y suministrada a la Justicia por los Equipos, el
aporte a sus interpretaciones, así como el de los reglamentos, las prácticas
burocráticas y la operación regular de las Fuerzas Armadas, han sido
esenciales para el desarrollo de las investigaciones, fundamentar las
acusaciones y las sentencias”.
La documentación relevada por los Equipos, el
aporte a sus interpretaciones, así como el de los reglamentos, las prácticas
burocráticas y la operación regular de las Fuerzas Armadas, han sido
esenciales para el desarrollo de las investigaciones, fundamentar las
acusaciones y las sentencias”
Nota de los 36 fiscales federales
“Queremos destacar el compromiso y
profesionalismo de sus integrantes en la tarea asignada durante todos estos
años. Los distintos informes elaborados por los Equipos de Relevamiento y
Análisis del Ministerio de Defensa por pedido de los fiscales y
tribunales han venido constituyendo un recurso fundamental al que
necesitamos continuar recurriendo en el marco de nuestra labor como
representantes del Misterio Público Fiscal en las distintas causas en la que
tenemos intervención”, remarcaron.
Los funcionarios judiciales destacaron además
“la frecuente convocatoria de los integrantes de estos Equipos para que
declaren en calidad de expertos en muchos de los juicios orales que se
sustancian” por delitos de lesa humanidad en las distintas jurisdicciones del
país.
“Más allá de formar parte de otro poder del
Estado, se trata de una herramienta indispensable para el desarrollo de nuestra
tarea cotidiana al intervenir en esta clase de causas”, aseguraron.
Los firmantes de esta nota dirigida a Casal
consideran además que la pérdida de tal instrumento estatal “redundará en
desmedro irremediable para la labor judicial”.
“Especialmente, en la de los magistrados
del Ministerio Público Fiscal que intervenimos en la investigación y el
juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad cometidos en nuestro país”,
remarcaron.
Los fiscales federales le piden al Procurador
que “considere la posibilidad de transmitir esta inquietud a las autoridades
competentes”, en relación a Petri, quien tomó la decisión de disolver estos
equipos.
Además, los acusadores reclaman que se
garantice “la continuidad como auxiliares de la Justicia, de los Equipos
mencionados, sin mengua de sus capacidades y de su integración”.
Queja y reprimenda
Fuentes judiciales le confiaron a Somos Télam
que un fiscal le envió a Petri una queja por el desmantelamiento de estos
equipos de investigación, lo que motivó una reprimenda de parte de Casal.
Ante esta situación, 36 fiscales con actuaciones destacadas en causas de lesa humanidad le enviaron al Procurador interino esta nota, y ante la inquietud de sus subordinados, trasladó el reclamo al Ministerio de Defensa.
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| Luis Petri. Ministro de Defensa. Foto: FB |
A fines de marzo, Petri ordenó el desmantelamiento de los ERyA al despedir a diez de los 13 trabajadores que se desempeñaban en ese organismo.
El Equipo
de Relevamiento y Análisis
El equipo fue creado en 2010, cuando se
dispuso la desclasificación de los archivos de las Fuerzas Armadas relativos a
la última dictadura cívico militar.
Desde su creación confeccionaron más 170
informes que fueron aportados a la instrucción de varias causas de lesa
humanidad y relevaron más de 17 mil legajos relacionados con el personal
militar de las tres armas que estuvieron relacionados con la represión ilegal.
En declaraciones a la prensa, el ministro
justificó la decisión al considerar que este equipo de investigación era en
realidad “un grupo parapolicial de persecución contra las Fuerzas
Armadas”.
Organismos
de derechos humanos y querellantes en causas de lesa humanidad presentaron
denuncias en la Justicia y ante instancias internacionales para que se
impida el desmantelamiento de estos equipos de investigación.
Fuente: somostelam.com.ar