La causa comenzó por una denuncia que realizó un hombre en julio
de 2023 luego de haberle pagado 25.000 pesos a un abogado por el inicio de un
trámite previsional que nunca concretó. Además, aseguró que un cómplice le hizo
firmar papeles para la supuesta apertura de una cuenta bancaria, pero tiempo
después descubrió que en realidad era una solicitud de un crédito prendario por
la suma de más de 4,7 millones de pesos.
Utilizando ese modus
operandi, otras dos víctimas también entregaron al mismo abogado la suma de 50
mil pesos para el inicio del trámite previsional que nunca cumplió.
Tras las denuncias,
personal técnico de esta División, a cargo de la subcomisario Yolanda Álvarez, realizó tareas investigativas y giró oficios a
las entidades bancarias involucradas solicitando informes de utilidad para la
causa.
De allí surgieron los
domicilios que fueron allanados este viernes por orden de la jueza María
Alejandra Balcazar.
En detalle, los
elementos electrónicos fueron incautados en los domicilios ubicados en calles
Salta primera cuadra y Laprida al 500, en la Capital, y en la localidad de San
Andrés, en el departamento Cruz Alta.
Las medidas judiciales
fueron supervisadas por el director General de Investigaciones, Comisario Mayor Miguel
Carabajal.
Fuente:
Comunicación Pública - Tucumán