El gobierno provincial acelera la revisión de beneficiarios del
plan Potencial Trabajo a raíz de las investigaciones que se llevan adelante en
la Justicia Federal en torno a irregularidades lo que motivó una investigación
interna por parte de la de la Secretaría de Niñez y Familia en el Ministerio de
Capital Humano de la Nación.
El fiscal federal, Guillermo Marijuan, quien
investiga las irregularidades de los beneficiarios del plan Potenciar Trabajo,
el programa más importante del ex Ministerio de Desarrollo Social y actualmente
bajo la supervisión de la Secretaría de Niñez y Familia en el Ministerio de
Capital Humano, se encuentra llevando adelante la investigación interna.
En los últimos días se
conoció que la Fiscalía Federal N°2, a cargo del fiscal Agustín
Chit, requirió al gobierno los legajos de 1.135 agentes
públicos que estarían bajo sospecha por la posible existencia de empleados
públicos que cobraban el programa Potenciar Trabajo
La gestión de Osvaldo
Jaldo viene advirtiendo que los casos finalmente serían menos, tras la
depuración interna de los datos oficiales. Las autoridades explicaron que de la
nómina original, se encontraron activos alrededor de 700 personas. La Provincia
llega a este número porque sostiene que de los 1.135 sólo 956 empleados corresponden
a la Provincia, es decir 179 menos que el listado consignado en el oficio de la
Fiscalía. A su vez, añaden que de ese universo, 230 fueron dados de baja cuando
se eliminó la polémica Unrel (Unidad de Reconversión Laboral).
“La primera tarea consistió
en notificar a los empleados a través de sus respectivas reparticiones
responsables, para realizar un descargo de su situación, y a partir de allí, se
ordenó a cada organismo llevar adelante el proceso sumarial. Esta tarea ya ha
sido realizada, y en este momento se han notificado Capítulos de Cargo con las
imputaciones respectivas para cada uno de los agentes involucrados”, consignó
en un escrito el secretario de Gestión Pública y Planeamiento, Julio
Saguir. Bajo su órbita se encuentra la Dirección de Recursos
Humanos, una de las áreas que está trabajando en el asunto. La otra es la
Fiscalía de Estado, que encabeza Gilda Pedicone de Valls.
Saguir precisó que
actualmente se está trabajando en dos ámbitos: “los sumarios administrativos
muy avanzados y proveyendo al fiscal Chit los legajos y boletas de sueldo de
cada uno de las agentes incluidos en la nómina, información provista por la
administración centralizada, los órganos desconcentrados y entes autárquicos de
la Administración Pública Provincial”.
De acuerdo con la
documentación oficial, los trabajadores que habrían caído en la
incompatibilidad (el programa estaba destinado a desocupados y precarizados) y
cuyo proceso está avanzado, integran las siguientes áreas: Administración
Centralizada (56 agentes); Siprosa (62); Instituto Provincial de la Vivienda
(4); Ente Autárquico Tucumán Turismo (4); Ente de Infraestructura Comunitaria
(1).
“Los sumarios, con
aconsejamiento de bajas, están prontos a concluir y simultáneamente se está
informando al Fiscal todo lo solicitado para contribuir al esclarecimiento de
las irregularidades”, añadió Saguir.
Fuente: Comunicación Pública - Tucumán