Policías secuestradores: el agente Franco Jiménez, el oficial
principal Ángel Gómez y el cabo Sergio Díaz. Intervinieron junto a una cuarta persona no
identificada, en la sustracción, retención y ocultamiento de un hombre con el
fin de obtener el pago de una suma de dinero a cambio de su liberación, lo que
finalmente ocurrió cuando su madre pagó un rescate de 240 mil pesos.
El Juzgado Federal N° 1 de Tucumán
ordenó el procesamiento con prisión preventiva de tres policías acusados de un
secuestro extorsivo. En sintonía con lo solicitado por el fiscal federal
Agustín Chit, los agentes pertenecientes a la policía de Tucumán, están
imputados de haber intervenido junto a una cuarta persona no identificada en la
sustracción, retención y ocultamiento de un hombre al que se llevaron de su
hogar con el fin de obtener el pago de una suma de dinero, a cambio de su
liberación por parte de su familia, lo que finalmente ocurrió a las pocas
horas.
De acuerdo a
la acusación, el 23 de febrero por la noche
los tres acusados, junto a una persona aún no identificada, secuestraron a la
víctima de su hogar en un barrio privado de la ciudad de Tucumán.
Según la
reconstrucción de los hechos, los cuatro hombres llegaron al domicilio armados
y vestidos de civil a los fines de encontrarse con la víctima, quien iba a
venderles 20 gramos de marihuana a cambio de 30 mil pesos. La persona encargada
de haberlo contactado para la transacción le entregó 20 mil pesos y le pidió
que saliera de la casa para poder darle el resto del dinero. Una vez afuera, la
víctima notó que había un auto del que descendieron otras dos personas, por lo
que intentó regresar corriendo a su hogar, pero fue interceptado por sus
captores.
Los tres hombres se identificaron como policías
y lo introdujeron por la fuerza al vehículo, que era conducido por la
cuarta persona. Los captores condujeron
a su víctima a la Jefatura de Zona III, y una vez allí lo trasladaron a una
oficina en donde lo golpearon y le hicieron quitarse la ropa, mientras uno de
ellos filmaba la escena con su teléfono celular. Luego de dejarlo en ese lugar,
los captores regresaron al domicilio de la víctima en donde encontraron a su
hermano, a quien le solicitaron su número de teléfono celular para continuar
con las negociaciones referidas a la liberación de quien tenían cautivo. Por la medianoche, la madre de la víctima se enteró de lo sucedido y,
tras comunicarse telefónicamente con los captores, se encontró con ellos en la
misma sede de la jefatura policial.
Una vez
allí, la mujer fue recibida por las personas que habían secuestrado a su hijo.
Una de ellas le indicó que sabían que ella era docente y que su trabajo se
vería perjudicado si se sabía que su hijo vendía drogas en su casa; luego le exigieron 200 mil pesos en
concepto de rescate, previo mostrarle que la víctima se encontraba con vida en
ese lugar. Tras reunir la suma requerida, la mujer se comunicó con los
secuestradores y volvió a la jefatura, adonde llevó el dinero en efectivo.
Después de un altercado con los captores relacionado con el monto, terminó
dejándoles un total de 240 mil pesos. Finalmente, fue llevada a una habitación
en la que su hijo estaba con una mujer, quien dijo ser superior en rango de las
otras personas, y les permitieron retirarse.
A partir de
la denuncia efectuada, el fiscal Agustín
Chit solicitó una serie de medidas para identificar a los secuestradores y
su posterior detención, la obtención de registros de cámaras de seguridad, y la
intervención y peritaje de sus líneas telefónicas, entre otras. Con estos
antecedentes, el representante del MPF imputó a los tres acusados haber
intervenido junto a una cuarta persona en la sustracción, retención y
ocultamiento de la víctima con el fin de obtener el pago de una suma de dinero
a cambio de su liberación, lo que finalmente ocurrió.
De acuerdo
con la imputación del fiscal Chit, el
ingreso de la víctima al destacamento policial no fue registrado en ningún
libro y tampoco existía una orden para su detención ni una investigación
abierta en su contra en la Fiscalía especializada en Narcomenudeo. Por
estos motivos, el fiscal consideró que los hechos atribuidos a los
acusados debían ser calificados como secuestro extorsivo agravado por haber
cobrado rescate, por la cantidad de personas intervinientes y por ser los
acusados funcionarios públicos.
Comunicaciones comprobadas
El juez federal subrogante José Manuel Díaz
Vélez consideró que las comunicaciones entre los captores y los familiares
quedaron acreditadas en las medidas de prueba ordenadas por el Ministerio
Público Fiscal, y que los hechos denunciados fueron ratificados en las
declaraciones testimoniales de un agente que fue testigo presencial del ingreso
de la víctima y sus secuestradores a la Jefatura, y también del portero del
barrio privado de donde fue sustraído el hombre. Díaz Vélez consideró que “del
análisis integrado de dichos elementos probatorios se desprende la acreditación
del accionar coordinado y premeditado de los encartados en la comisión de las conductas
investigadas”.
Por ello, el juez ordenó el
procesamiento de los tres acusados por considerarlos penalmente responsables en
calidad de coautores del delito de secuestro extorsivo agravado por la
participación de tres o más personas, por haberse efectuado el cobro del
rescate y por ser los tres acusados funcionarios públicos. El juzgado dispuso
el inmediato traslado al Servicio Penitenciario Federal o provincial de dos de
los imputados, mientras que uno de ellos deberá cumplir la prisión preventiva bajo
modalidad domiciliaria por su estado de salud.
Para asegurar la integridad
psicofísica de las víctimas activas y pasivas, el juez ordenó también la
prohibición de acercamiento o de contacto en un radio de quinientos metros, por
lo que los acusados deben abstenerse de tomar contacto por cualquier medio de
comunicación, red social o aplicación, ya sea de manera directa o a través de
interpósita persona. Por último, dispuso trabar un embargo sobre bienes
suficientes de propiedad de cada uno de los policías hasta cubrir la suma de 2
millones de pesos por cada uno de ellos para garantizar la pena pecuniaria, las
costas procesales y la responsabilidades civiles que pudieran derivarse del
hecho por el que están acusados.
Fuente: https://www.fiscales.gob.ar/fiscalias/tucuman-procesaron-con-prision-preventiva-a-tres-policias-provinciales-acusados-de-un-secuestro-extorsivo/