Prueba de 8 meses,
registro online y adiós a los paros salvajes: la reforma laboral ya tiene el
camino despejado.
El oficialismo espera la
media sanción para el 24 de abril. Con ese cronograma el Senado contaría con tiempo
para aprobar el proyecto definitivamente antes del 25 de mayo, fecha anunciada
por el Gobierno para sellar un amplio pacto sobre políticas de Estado.
Con ese objetivo funcionarios de la Casa Rosada
vienen realizando rondas de consulta y negociación con los bloques de diputados dialoguistas (el PRO, la UCR y
Hacemos Coalición Federal). Aspiran a lograr un amplio consenso que evite
cualquier sorpresa.
Desde el PRO propusieron incluir dentro del
proyecto de Ley Bases el capítulo de reforma laboral del DNU, actualmente
suspendido por la Cámara Nacional del Trabajo. Se trata de uno de los temas que
reúne mayor consenso dentro del arco opositor y podría ser aprobado por vía
legislativa sin mayores inconvenientes.
La propuesta del PRO está en sintonía con las
conversaciones que el Gobierno tuvo con la UCR y con el bloque que lidera
Miguel Ángel Pichetto (HCF). Ambos espacios ven con buenos ojos el grueso de la
reforma laboral. Sin embargo, desde HCF plantearon que sería mejor presentar
uno o varios proyectos por separado de la Ley Bases, ya que así se agilizaría
su tratamiento.
En un intento de apuntalar la propuesta de la
Casa Rosada, el jefe del bloque PRO, Cristian Ritondo, incluso presentó por su
cuenta tres proyectos de ley que recogen las principales propuestas de
modernización de la legislación laboral.
El primer texto busca ampliar el período de
prueba de tres a ocho meses. Y si se decide dar continuidad a la relación
laboral, habilita para el empleador el beneficio de la reducción de cargas
sociales vinculadas al componente de seguridad social.
La segunda iniciativa intenta simplificar la
registración laboral estableciendo un proceso electrónico simple y rápido. Además, elimina las multas por falta de registro
laboral, buscando reducir el costo laboral excesivo y se habilita la denuncia
electrónica de falta de registro laboral ante la autoridad de aplicación.
Por último, la tercera iniciativa establece
que el ejercicio del derecho de huelga no puede afectar el normal desarrollo de
las actividades de una sociedad. “El
ciudadano no puede verse afectado en la demanda de servicios de seguridad, de
transporte, de salud y educación a partir de acciones gremiales que alteren el
funcionamiento esencial de esos servicios”, explicaron.
Así, numerosas organizaciones politicas y gremiales, entienden que el proyecto de ley busca avanzar en la privatización de empresas estatales, como Aerolíneas Argentinas, Banco Nación, Radio y Televisión Argentina, AYSA, el Correo, los ferrocarriles, Corredores Viales, Nucleoeléctrica Argentina, entre otras.
Fuente: Infobae
Foto: https://www.instagram.com/javiermilei/