La secretaría de Derechos Humanos de ATE Nacional
y la junta interna del sindicato en el ministerio de Defensa lanzaron un
comunicado en el que dan cuenta el desmantelamiento y cierre de programas
cruciales dentro de esa cartera.
La
secretaría de Derechos Humanos de ATE Nacional, a cargo de Valeria Taramasco, y
la junta interna del sindicato en el ministerio de Defensa lanzaron un
comunicado en el que advierten sobre el desmantelamiento y cierre de programas a
los que caracterizan como “cruciales para las políticas de promoción y
protección de los DD:HH de la Argentina, así como de democratización de las
Fuerzas Armadas”.
Texto
del comunicado
En el ministerio de Defensa hoy
hubo despidos en distintas dependencias, pero las áreas que tuvieron mayor
cantidad de despidos son los Equipos de Relevamiento y Análisis (ERYA) de
archivos de las Fuerzas Armadas y el equipo del Sistema de Archivos para la
Defensa, dependientes de la Dirección Nacional de los Derechos Humanos y el
Derecho Internacional Humanitario del ministerio de Defensa, los cuales fueron
desmantelados y cerrados los programas a los que pertenecían.
Desde la secretaria de Derechos Humanos
de ATE nacional denunciamos que en el día de la fecha se informó la decisión
del ministro de Defensa Luis Petri, del secretario de Estrategia y Asuntos Militares,
general (r) Claudio Pasqualini y del director nacional de Derechos Humanos Lucas
Rrbes de despedir a 10 de lxs 13 trabajadorxs de esas áreas, de terminar con
los programas de la Dirección vinculados a archivos y de la derogación de las
resoluciones n° 308/2010 y la resolución n° 1573/2023 que les otorga un
carácter permanente a los mismos y la resolución n° 1131/2015 que crea y
reglamenta el Sistema de Archivos de la Defensa.
Estas decisiones significan poner
fin a una política pública de promoción y protección de los derechos humanos y
de fortalecimiento democrático de las Fuerzas Armadas que se inició en 2006 y
que se mantuvo ininterrumpidamente desde entonces y durante diferentes gestiones
ministeriales.
En el marco de dicha política, y
en contribución con los compromisos internacionales y las políticas de memoria,
verdad y justicia del Estado Nacional, los equipos de relevamiento y análisis
documental trabajan desde hace 13 años para dar respuesta a requerimientos del
Ministerio Público Fiscal y de distintas dependencias del Poder Judicial en el
marco de causas por delitos de lesa humanidad, tanto nacionales como
internacionales. Asimismo, llevan adelante proyectos destinados a ampliar el
acceso de la sociedad en su conjunto a los archivos de las Fuerzas Armadas.
La tarea de los ERYA ha sido
reconocida regional e internacionalmente por ser un caso paradigmático de tarea
de archivo realizadas por civiles en dependencias de las FFAA, que permitieron
el aporte a causas judiciales que investigan delitos de lesa humanidad en todo
el país cometidos en períodos de interrupción democrática, y también para la
implementación conjunta de normalización y modernización archivística.
Por lo expuesto, exigimos la continuidad de esta
política pública de prestigio nacional e internacional y la reincorporación a
sus puestos de trabajo de todos los profesionales despedidos, para garantizar
de este modo el cumplimiento de las obligaciones que el ministerio de Defensa
tiene con el Poder Judicial y con la sociedad en su conjunto.