El DNU 70/23 es un decreto que dispone la emergencia económica por dos años, elimina derechos laborales, deroga la ley de alquileres, de góndolas y de abastecimiento, y habilita la privatización de empresas públicas. También modifica el sistema de salud y el código civil.
Al
margen del Congreso, el decreto elimina de un plumazo leyes como la de Alquileres, de
Góndolas, Compre Nacional y Abastecimiento.
También avanza hacia la privatización de empresas pública, la cesión del
paquete accionario de Aerolíneas y la llegada de las SA al fútbol e incluye
cambios en la medicina prepaga y las obras sociales.
Ante el proyecto político que implica el trasfondo
del DNU 70/23 publicado el 20 de diciembre del año pasado, la Multipartidaria
Tucumán emitió un comunicado:
Desde
el espacio MULTIPARTIDARIA TUCUMÁN, exhortamos a los Senadores de la Provincia
a votar por el rechazo al DNU 70/23, ya que este instrumento está viciado de
nulidad (no hay dictámenes de los organismos estatales involucrados), es
violatorio de la Constitución Nacional que nos rige.
En
particular del art. 99 inciso 3° de la CN que "prohibe al P.E. emitir
dictámenes de carácter legislativo, emitir normas de contenido penal,
tributario, electoral o del régimen de los partidos políticos".
Conocen
los Sres/Sras senadores que la vía legal de la reforma constitucional es el
dictado de una ley que habilite la reforma, con mención de los puntos que se
pretenden reformar, ello porque consideramos que el DNU 70/23 contiene puntos
que implicarían una reforma
constitucional, alterando el principio distributivo de los impuestos y
cambiando la forma social del Banco Nación, para luego convertirlo en una S.A., siendo que es nuestro banco
federal que refiere el art. 75 inciso 6- del texto constitucional.
Es de tal magnitud el alcance del DNU 70/23 impactando sobre los ámbitos laborales, del circuito comercial, del régimen de contrataciones, de la cobertura de salud, como del consumo en general que su aprobación otorgaría facultades extraordinarias al titular del P.E., lo que se encuentra prohibido por el art. 29 Carta Magna.