Este fin de semana hubo un intento de huelga por parte
de algunos efectivos de la Policía de Tucumán descontentos con las
negociaciones salariales en curso. Serían acusados de instigación de la medida
de fuerza. Hay cuatro detenidos, 3 efectivos y 1 civil.
Tras haber organizado la investigación y participado
en varios de los allanamientos, la fiscal Mariana Rivadeneira analiza
las pruebas que se recolectaron hasta el momento. La formalización de la
acusación de los cuatro detenidos (tres efectivos y un civil), se estima que
serían acusados de instigación al
delito, pero aún no lo definió.
Ese es el corolario de una investigación que se
desarrolló en menos de 24 horas. El jefe de Policía, Joaquín Girveau, se enteró
de que miembros de la fuerza se estarían contactando en las redes sociales para
realizar un reclamo salarial.
El funcionario confirmó que decenas de efectivos, a través de las redes sociales, habían estado “arengando” a sus compañeros para que se decidieran a parar.
En sus declaraciones públicas, el gobernador Jaldo recordó los saqueos de 2013. "En aquel momento se generaron enfrentamientos entre tucumanos, porque los dueños de los negocios se defendían con armas; es decir que se han producido situaciones que nunca más queremos los tucumanos", agregó. "Todo esto por un grupo minúsculo de la Policía", insistió.
"Se realizaron
diferentes allanamientos -afirmó Jaldo- y agradezco a todas las unidades que
han acompañado para que el operativo tenga estos resultados con cuatro
detenidos. Lamento mucho este hecho por los policías que intentaron incumplir
la ley y atentar contra el pueblo tucumano", aseguró.
Ya el sábado pasado al mediodía la
Fiscal Rivadeneira se presentó en la división de Delitos Telemáticos que
funciona en la ex Brigada para solicitar que se investigue. Al confirmar la
veracidad, los investigadores se comunicaron con Rivadeneira, quien ordenó que
se realizaran otras medidas para dar con los supuestos integrantes de este
grupo. Agentes de Delitos Telemáticos, al mando de los comisarios Yolanda del
Carmen Álvarez, Diego Bernachi, Carlos Álvarez y Miguel Carabajal, comenzaron a
tratar de identificar a los sospechosos.
Analizando la titularidad de las líneas de donde se habían enviado los
mensajes y chequeándolos con la información del D1 (oficina de recursos humanos
de la Policía) pudieron confirmar la identidad de los señalados como
integrantes del grupo que amenazaba con realizar una huelga.
Cerca de las 23, los investigadores se
presentaron en tribunales con una carpeta. En su interior tenían escrito el
pedido para que se concretaran las detenciones de cuatro hombres
individualizados como los cabecillas del grupo y el pedido de 19 allanamientos
en diferentes puntos de la provincia.
Rivadeneira analizó las pruebas que le presentaron y en la madrugada consiguió
que un juez autorizara a realizar todas las medidas que había solicitado.
Despliegue
A las 9, en la sede de la ex Brigada (Junín al 800), el jefe de Policía junto al subjefe Roque Íñigo, organizó con los pesquisas cómo realizarían los procedimientos. Mientras tanto, en las unidades regionales Este, Norte y Sur, esperaban las instrucciones para desplegarse. A las 10, con la presencia de Rivadeneira comenzaron a concretarse las medidas.En los procedimientos fueron detenidos Carlos Alberto Córdoba (individualizado por haber enviado el mensaje “vamos por el autocuartelamiento), Walter Federico Moreno (titular de la cuenta donde se realizaba el depósito del dinero de la colecta), Juan Eduardo Adrián Chebbib y Héctor Eduardo Coria.
También se allanaron 19 viviendas donde residen los otros sospechosos. Ninguno de ellos quedó detenido, pero se les informó que oficialmente están investigados y se les secuestraron todos los dispositivos electrónicos que encontraron en los domicilios. Esos elementos serán peritados por el Equipo Científico de Investigación Fiscal.
Además, por disposición del jefe Girveau, con el apoyo del ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, a los mencionados en la causa se les quitó el arma reglamentaria y se les informó que quedaban en disponibilidad y sus horas como integrantes de la fuerza estarían contadas.
Las pistas permitieron llegar a otros detalles: de los 23 señalados, al menos cinco son civiles que, según la base de datos que se analizó, son empleados del Superior Gobierno de la Provincia. Ahora deberán determinar en qué área se desempeñaban y qué relación tenían con los efectivos.
“Esta investigación continuará. No tenga dudas de que vamos a ir contra todos los policías que intenten generar caos en la provincia. No permitiremos ningún tipo de acto de indisciplina”, aseguró Girveau.
El titular de la fuerza consideró que no existían motivos para que se desate un conflicto en medio de las paritarias. “Tuvimos una reunión y no se habló de nada en concreto. Pero desde ya les digo que será un buen arreglo para todos los uniformados”, finalizó.
Fuentes: Los Primeros, La Gaceta, Comunicación Pública