Lo hace el Gobierno a través de un decreto con lo cual se inició una investigación administrativa para deslindar responsabilidades ante presuntas incompatibilidades e incumplimientos de los deberes y prohibiciones de los agentes de la Administración Pública Centralizada en relación con la percepción ilegítima de los beneficios del Programa Nacional "Potenciar Trabajo".
El decreto, que lleva la firma del gobernador Osvaldo Jaldo, surge tras el Oficio emitido por el Fiscal Federal Guillermo Fernando Marijuan y la decisión del Ministerio de Capital Humano de la Nación, que suspendió el pago del Salario Social Complementario a 4588 titulares de todo el país del Programa "Potenciar Trabajo".
Los beneficiarios fueron señalados en la investigación por haber incurrido en incompatibilidades en la percepción de los beneficios del programa Potenciar Trabajo cuando ya tenían sus remuneraciones en tanto empleados estatales, lo cual se dió en 14 provincias.
La investigación, iniciada en el ámbito de Tucumán, busca deslindar responsabilidades por las supuestas incompatibilidades e incumplimientos de los deberes y prohibiciones de los agentes de la Administración Pública Centralizada, incluyendo personal del Poder Ejecutivo, municipios, comunas rurales, y agentes de la ex Unidad Reconversión Laboral (UNREL). Se han detectado preliminarmente 956 presuntos casos de incompatibilidad, abarcando diversas instancias gubernamentales.
"Corresponde
señalar que las incompatibilidades en la percepción de los beneficios del
Programa Nacional Potenciar Trabajo se originaron durante la gestión de
gobierno que concluyó el 29/10/2023", especifica el decreto.
A través del decreto, el Gobierno de Tucumán
instruye a la Dirección General de Recursos Humanos para que, en un plazo de 30
días, eleve las Conclusiones Finales y el eventual Capítulo de Formulación de
Cargos. Asimismo, los Ministros de Educación y Seguridad tienen la misma
instrucción respecto al personal de sus dependencias.
La medida busca esclarecer los hechos y asegurar
la transparencia en el manejo de programas sociales en la provincia.
El decreto también especifica que la eventual
aplicación de sanciones puede ir desde un Apercibimiento hasta la Cesantía.