Al conocerse el anuncio realizado por la ministro de Seguridad,
Patricia Bullrich, distintos dirigentes y organizaciones políticas repudiaron
el protocolo al calificarlo de "inconstitucional", una
"amenaza" a gremios y movimientos sociales. Advirtieron que
"cuando hay semejante nivel de agresión" contra los sectores
populares "inevitablemente se producen protestas sociales". La medida prevé severas
multas / Foto: Leo Vaca.
En una conferencia de prensa convocada para
responder los planteos de Bullrich, los referentes del Partido Obrero, Vanina
Biasi y Gabriel Solano, junto al dirigente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni,
reivindicaron el "derecho a la manifestación" y reclamaron que la
ministra de Seguridad "no tiene facultad legal" para impedirlo.
"Nosotros consideramos realmente una provocación los
anuncios que ha hecho la ministra Patricia Bullrich", reprochó Solano en
el local porteño del Polo Obrero, ubicado en Mitre 2162, donde fue convocada la
prensa.
Por su parte, la diputada del Frente de
Izquierda y de los Trabajadores (FIT), Myriam Bregman, criticó la medida al
afirmar que "lo que les molesta es que protesten contra las medidas de su
gobierno".
"En Juntos por el Cambio algunos llegaron a
senadores por cortar rutas. Otros, de La Libertad Avanza, marchaban felices
contra la cuarentena", indicó Bregman en su cuenta de Twitter.
También rechazó el protocolo su compañero de
banca, Nicolás Del Caño, al decir que "la casta copó el Gobierno de
Milei" y que la ministra de Seguridad busca "reprimir la protesta del
pueblo trabajador frente al brutal ajuste que están aplicando contra las
mayorías populares".
En tanto, la conducción nacional de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), que lidera Rodolfo Aguiar, repudió por "inconstitucional" el protocolo de movilización.Esto es Bullrich. ¡No Pasarán! pic.twitter.com/9qyb8Y6yBs
"Los conflictos sindicales y sociales no deben ser resueltos por la policía o la justicia sino por aquellos que gobiernan, porque para eso fueron elegidos. La medida anunciada por la ministra se orienta a atacar las consecuencias y no las causas de las protestas. Si no quiere conflictos que pare ya el ajuste e incremente los salarios", dijo el gremialista.
También la directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Paula Litvachky, enmarcó el protocolo de Bullrich como "una declaración de guerra a la conflictividad que va a generar su propio gobierno con el ajuste brutal que anunciaron".
"Ninguna contemplación, habilitación directa a la policía, amenazas a las organizaciones, una patoteada", publicó Litvachky en su cuenta de X.
Lo de bullrich es una declaración de guerra a la conflictividad que va a generar su propio gobierno con el ajuste brutal que anunciaron.
— Paula Litvachky (@paula_lit) December 14, 2023
Ninguna contemplación, habilitación directa a la policía, amenazas a las organizaciones, una patoteada. https://t.co/NL9tbzRqHO
El CELS acusa a BULLRICH
de pretender "impedir con represión la protesta social"
El Centro de Estudios Legales y
Sociales (CELS) afirmó que el protocolo antipiquetes anunciado por la ministra
de Seguridad, Patricia Bullrich, busca "impedir con represión la protesta
social" y alertó que se "criminaliza a quienes se manifiestan" y
se persigue" a las organizaciones porque "cortar las calles no es
delito".
"Ahora, más que una limitación del uso de la fuerza policial hay una
habilitación para ejercer violencia contra los manifestantes", destacó el
CELS, y consideró que las medidas "atacan el derecho a la protesta,
criminalizan a quienes se manifiestan y persiguen a la organización social y
política".
Además, "pretenden saltarse la intervención judicial, lo que limita
derechos y garantías, y en medio de un brutal ajuste con graves consecuencias
sociales y bajo la promesa de orden busca suprimir las manifestaciones públicas
contra los efectos de las medidas oficiales", añadió la organización.
La coordinadora de Seguridad democrática y violencia institucional del CELS,
Victoria Darraidou, en diálogo con Télam estimó "alarmantes y
preocupantes" los anuncios porque se "plantea una falsa idea de orden
para abordar la conflictividad a través de la represión de la protesta social
como ésta fuera un delito".
Remarcó que "el derecho a la protesta está en la Constitución y en los
estándares internacionales de protección de los Derechos Humanos y hoy la
ministra de Seguridad los señaló como prohibiciones".
Asimismo, explicó que en el criterio oficial "hay una grave ponderación
que entiende que el derecho a circular anula el derecho a usar el espacio
publico para manifestarse".
Sobre la presencia de niños y adolescentes en las manifestaciones, Darraidou
consideró "gravísimo no solo la persecución de las personas que deciden
manifestarse con su familia sino la criminalización de las organizaciones
políticas y sociales que termina por desalentar a la vida política" en
referencia a lo que Bullrich anunció como un "registro de
organizaciones".
También cuestionó la posibilidad de impedir la llegada de manifestantes
mediante controles en estaciones de trenes, porque "sería simplemente una
persona que se está trasladando en tren a una protesta y no habría
flagrancia".
Sobre posibles enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad,
Darraidou puntualizó que "las armas que el gobierno de Bullrich llama 'no
letales' y que nosotros llamamos 'menos' letales, (como las balas de goma o las
pistolas Taser) pueden generar graves daños e incluso hay registros de muertes
en contextos de protestas sociales recientes".
El CELS alertó en un comunicado que "es muy riesgoso enviar un mensaje
político como este hacia las fuerzas policiales".
"Cuando el poder político habilitó la represión de las manifestaciones, el
resultado fue una enorme crisis política y terminó con muertes en las calles",
recordó. Y advirtió que "ahora, más que una limitación del uso de la
fuerza policial hay una habilitación para ejercer violencia contra los
manifestantes".
Fuente: Telam