Lo hizo luego de la
"acción declarativa de certeza" presentada por el gobernador de La
Rioja, Ricardo Quintela, con el patrocinio como abogados del exministro de la
Corte Raúl Zaffaroni y de Raúl Ferreyra. Mientras tanto, acumulan pedidos de amparo
en la justicia en lo Contencioso Administrativo federal para impedir la
aplicación de la norma.
La
Corte Suprema de Justicia aceptó intervenir ante una presentación del Gobierno
de La Rioja contra el DNU firmado por el presidente Javier Milei,
aunque tratará el caso después de la feria judicial de enero, mientras se
acumulan pedidos de amparo en la justicia en lo Contencioso Administrativo
federal para impedir la aplicación de la norma.
Con la representación del ex miembro del alto tribunal Eugenio
Zaffaroni y del constitucionalista miembro de la comisión
de notables que asesoró al expresidente Alberto Fernández en el intento de
reforma judicial, Raúl Ferreyra, el
gobierno de La Rioja le pidió a la Corte que declare la
"inconstitucionalidad manifiesta" del DNU y que dicte una medida
cautelar que suspenda de inmediato su aplicación.
Pocas horas después de
la presentación, con la firma del secretario de Juicios Originarios Alejandro
Rodríguez, la Corte aceptó entender en el reclamo, formó incidente
de medida cautelar, dio vista al procurador interino Eduardo Casal para que se
expida sobre la competencia del tribunal y advirtió que se abocará al caso tras
la finalización del receso judicial de enero.
"La Corte aceptó que la Provincia (de La Rioja) es parte. El
reconocimiento de esto implica que hay legitimación para discutir
constitucionalmente", señaló en diálogo con Télam Ferreyra, uno de los
firmantes de este pedido presentado ante el máximo tribunal.
En ese
sentido, el catedrático de derechos constitucional sostuvo que "la
competencia originaria, la competencia jurisdiccional más importante de
Argentina, que es amplia para la discusión federal, se abrió. Ahora, el
Estado debe responder a la demanda de inconstitucionalidad".
Los conflictos entre las provincias, en este caso La Rioja, y el Estado
Nacional, son instancias de intervención directa del máximo tribunal, como lo
son los litigios entre provincias o con otros Estados.
Mientras el pedido de amparo ingresaba en la Corte, el gobernador de La Rioja Ricardo
Quintela, señalaba en su cuenta de la red social X (antes
Twitter) que "con la vigencia del DNU 70/2023 se lesiona
gravemente el federalismo, la institucionalidad de nuestra república, y se coloca
en un estado de vulnerabilidad al conjunto de la sociedad argentina en sus
derechos laborales, sociales, económicos y culturales".
"Produce perjuicios irreparables"
El DNU
firmado el 21 de diciembre pasado "produce perjuicios irreparables por
resultar contrario a los arts. 1, 5, 14, 14 bis, 17, 19, 28, 29, 31, 36, 75,
99, 121 y subsiguientes de la Constitución federal y los artículos 26 y 30 de
la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH)", enumeraron
Zaffaroni y Ferreyra en su presentación.
En paralelo, numerosos magistrados enviaban
distintos recursos de amparo contra el DNU al juzgado en lo Contencioso
Administrativo Federal 2 a cargo del juez Esteban Furnari,
quien tramita un "proceso colectivo".
Furnari concentrará muchos de los
recursos que reclaman el dictado de una medida cautelar que
suspenda la aplicación del decreto, en virtud de haber habilitado e inscripto
la primera de las demandas ingresadas como un "proceso colectivo".
Esa primera demanda fue presentada por la "Asociación Civil Observatorio
del Derecho a la Ciudad", del dirigente y economista Claudio Lozano, en el
marco del cual el jueves se negó el dictado de una precautelar porque la norma
aún no estaba vigente.
También
recayeron en el juzgado de Furnari los pedidos de amparo por
inconstitucionalidad del ex presidente del Colegio de Abogados de Buenos Aires, Jorge Rizzo y del constitucionalista Andrés Gil Domínguez.
En forma paralela, el
fuero de la Justicia del Trabajo tramitan amparos presentados por la CGT y la
CTA contra los aspectos laborales del DNU.
El primero de ellos está a estudio de la sala VIII
de la Cámara Nacional del Trabajo, que deberá revisar la negativa a dictar una
medida precautelar que suspenda el capítulo del DNU referido a reformas
laborales.
No obstante la iniciativa, Furnari aceptó este
viernes el pedido del procurador general del Tesoro, Rodolfo Barra -miembro de la Corte durante la gestión de Carlos
Menem- para que el expediente
de la CGT contra el DNU se tramite en su juzgado y ordenó a la Justicia del
Trabajo le remita las actuaciones.
Fuente: Telam