Con el fin de atender los graves déficits detectados por la actual
administración municipal en la capital tucumana en materia de gestión de RSU,
la intendencia busca minimizar el impacto negativo en el medioambiente y la
salud e integridad física que sufre la ciudadanía de la Ciudad Histórica.
La situación
sanitaria y ambiental que registra la ciudad capital de Tucumán recibe un
fuerte impulso para su recuperación por parte de la gestión de su
intendenta, Rossana Chahla. Así es que el Municipio de San Miguel de
Tucumán presentó ante la Presidencia del Concejo Deliberante un proyecto de
ordenanza con el propósito de declarar la Emergencia Sanitaria y Ambiental en
su jurisdicción.
Entre
los fundamentos para llevar adelante esta iniciativa, con alcance durante un
año de vigencia, destaca el estado de situación que registra un informe con el diagnóstico ambiental del Área Metropolitana de
Tucumán (AMeT) -que acompaña la presentación ante el Concejo
Deliberante- en el que se detallan aspectos relacionados de manera directa el
medio natural y las actividades humanas, como la calidad del aire, los espacios
verdes, la gestión política metropolitana, la educación ambiental y,
especialmente, la gestión de residuos domiciliarios, entre otros.
Para
llevar adelante la ejecución eficaz de estos propósitos, la intendencia procura
habilitar al departamento Ejecutivo a arbitrar los medios necesarios para la
correcta gestión de los residuos sólidos urbanos en todo el ámbito municipal a
partir de la promulgación del proyecto, y autoriza al Departamento Ejecutivo a
reasignar partidas presupuestarias para efectuar, ante eventualidades y con
carácter excepcional, contrataciones de manera directa que permitan brindar
soluciones a la comunidad. En ese mismo sentido, la creación de una
comisión integrada por el presidente del HCD y los titulares de cada uno de los
bloques políticos del cuerpo deliberativo, con el fin de realizar el
seguimiento de las acciones realizadas.
Otro
de los fundamentos para el impulso de la medida, pese a la existencia de una
Dirección Provincial, se considera que no se ha podido dar solución al control
dentro de la ciudad por la complejidad y extensión que abarca. En otras
palabras, es el propio Municipio el que busca hacer cumplir la legislación
vigente en términos de protección ambiental y gestión de residuos sólidos que,
de continuar en falta, podría ocasionar un grave daño ambiental en la cuenca
Salí-Dulce, en las napas, suelos y el aire, redundando todo esto en problemas
de salud para la población.