A los magistrados se los acusa "de mal
desempeño de sus funciones" en cuatro causas, los 16 miembros del actual
oficialismo dieron apoyo a los dictámenes. Foto: Victoria Gesualdi.
El bloque Frente de Todos de la Cámara de Diputados consiguió
este martes dictámenes de mayoría en la comisión de juicio político para
avanzar en el proceso a los cuatro jueces de la Corte Suprema de Justicia, a
quienes acusan "de mal desempeño de sus funciones" en las causas por
la derogación de la ley del Consejo de la Magistratura, los fallos de
coparticipación y de la ley del 2x1 en favor de represores, y el manejo de la
obra social del Poder Judicial.
La firma de los despachos impulsados por el oficialismo se produce a 12 días de
la asunción del presidente electo Javier Milei, que rechaza el proceso de juicio
político a los ministros Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda,
Carlos Rosenkrantz, y Ricardo Lorenzetti.
Los
cuatro dictámenes de mayoría fueron firmados por los 16 miembros del Frente de
Todos (FdT), ya que los 14 diputados de Juntos por el Cambio (JxC) presentaron
despachos de rechazo a esos pedidos de enjuiciamiento y lo
mismo hizo el representarnte de Consenso Federal Alejandro "Topo"
Rodriguez.
El
FdT pidió el juicio político de los cuatro miembros en la causal sobre el fallo
de coparticipación que benefició a la Ciudad de Buenos Aires; y de Rosatti,
Rosenkratz y Maqueda en la causa sobre la derogación de la ley del Consejo de
la Magistratura donde se repuso una ley que había perdido vigencia en el 2006.
En cambio, en el caso de la obra social,
el FdT solo pidió el juicio político de Maqueda y en el caso del fallo del 2x1
en favor de represores, la solicitud de enjuiciamiento es contra Rosatti y Rosenkrantz.
De este modo y a un día que venza el plazo para poder emitir dictamenes, el
oficialismo consiguió emitir despachos sobre los 14 pedidos de juicio político
que se habian comenzado analizar el pasado 26 de enero , aunque
la admisibilidad se aprobó el 9 de febrero, cuando se comenzó la etapa de
apertura a prueba.Ahora, los dictámenes estarán vigentes por un año y en este lapso el nuevo oficialismo representado por la Libertad Avanza podrá dejar sin tratamiento esos expedientes o impulsar su tratamiento en el recinto de sesiones para que se rechacen los juicios políticos, ya que el futuro ministro de Justicia, Mariano Cuneo Libarona, anticipó su oposición a estos enjuciamiento impulsado por el FdT. Foto: Victoria Gesualdi.
Al abrir la reunión, a las 15.15, la presidenta de la comisión, Carolina
Gaillard, hizo un resumen del proceso de juicio político contra los cuatro
miembros de la Corte Suprema por mal desempeño de sus funciones y dijo que se
elaboró un dictamen por cada juez acusado.
Gaillard precisó que se realizaron 26 reuniones desde que se abrió el proceso
de apertura a prueba "en la cual prestaron testimonio 65 testigos" y
aseveró que "las audiencias fueron públicas y transmitidas por el canal de
la Cámara de Diputados".
El
dictamen de mayoria fue firmado por Gaillard, Ricardo Herrera, Itai Hagman,
Monica Macha, Juan Marino, Germán Martínez, Magalí Mastaler, Leopoldo Moreau,
Juan Pedrini, Paula Penacca, Carlos Selva, Rodolfo Tailhade, Eduardo Valdes,
Hugo Yasky y Carolina Yutrovic.
La conformación del FdT en la comisión fue modificada en los últimos días y hoy
se incorporaron en la última reunión de éste organismo Macha, Hagman, Paula
Pennaca, Selva, Mastaler y Yutrovic. Las
modificaciones fueron defendidos por el presidente del bloque del FDT, Germán
Martínez, quien señaló que "nosotros hicimos seis cambios y ustedes (JxC)
cinco" desde que se inicio el proceso de juicio político y dijo que
"39 diputados de mi bloque trabajaron" en toda la instancia del
trabajo realizado desde enero.
Al argumentar a favor del juicio político, el diputado del FdT Leopoldo
Moreau negó que el juicio político se haya impulsado como un acto
"supuestamente arbitrario, revanchista o de carácter vinculado a generar
desprestigio en una institución como la Corte Suprema de Justicia".
El
Frente de Todos pidió en la causa sobre coparticipación el enjuiciamiento de
los cuatro miembros del tribunal , aunque sumó otros argumentos
en la acusación contra el presidente de la Corte Rosatti por no haberse
excusado para "evitar la sospecha y el cuestionamiento de
imparcialidad", respecto a los vínculos de "íntima confianza"
del Director General de la Vocalía, Silvio Robles, con el Ministro de Justicia
y Seguridad de la CABA, Marcelo D'Alessandro, que "exhibirían actitudes
incompatibles con la dignidad del cargo que contribuirían al desprestigio del
Poder Judicial". También se lo objeta por
"no haber ordenado la sustanciación de investigación sumaria" para
"esclarecer hechos que le atribuirían supuesto tráfico de influencias que
contribuirían al desprestigio del tribunal".
Y "haber dictado una sentencia cautelar arbitraria a favor de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, omitiendo la ponderación de prueba relevante y
decisiva para la resolución del caso con la finalidad de dotar de recursos
financieros al entonces candidato opositor a la Presidencia, Horacio Rodríguez
Larreta".
En la causa de la
derogación del Consejo de la Magistratura , el FdT pidió el juicio político de
Rosatti, Rosenkrantz y Maqueda por considerar que esos magistrados se han
"atribuido el manejo de los recursos del Poder Judicial en violación de la
Constitución" y "apropiado de funciones que la reforma constitucional
le había quitado".
Foto:
Victoria Gesualdi.
También acusó a los ministros
del tribunal de haber "manejado discrecional y arbitrariamente los tiempos
de una causa judicial", interrumpir "el proceso parlamentario
tendiente a establecer un diseño con equilibrio representativo entre los
estamentos del Consejo de la Magistratura" y dictar "una sentencia
con múltiples arbitrariedades con el objetivo de cooptar el Consejo de la
Magistratura".
En
la causa del fallo del 2x1 en favor de represores, el FdT acusa de mal desempeño
a Rosenkrantz por haber "retenido en su vocalía,
durante el trámite del caso "Muiña", la causa "Schiffrin",
mientras se hallaba en trámite el amparo que había presentado la Dra. (Elena)
Highton de Nolasco, para conservar su cargo como jueza de la CSJN, y al juez
Horacio Daniel Rosatti se le reprocha haber consentido esta maniobra".
Sobre
las irregularidades en la obra social del Poder Judicial, el FdT argumentó que
"surgen una serie de conductas y actos irregulares en el ejercicio de la
supervisión durante el periodo investigado, comprendido entre abril de 2008 a
septiembre de 2021". Fuente: Telam
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