En la reunión mantenida el
día de hoy, se habló acerca una mayor difusión de actividades, tales como los
juicios por los delitos lesa humanidad como así tambien la preservación de
sitios de Memoria como el llamado Pozo de Vargas y el Arsenal Miguel de
Azcuénaga. También se consideró cuestiones vinculadas a la violencia
institucional, los pueblos originarios y temas ambientales
La reunión fue solicitada
por organizaciones de derechos humanos de la provincia con el ministro de
Gobierno y Justicia, Regino Amado y con el secretario de Justicia y Derecho Humanos, Mario
Racedo. En la oportunidad se plantearon lo que las organizaciones
consideran temáticas centrales en una política
de gobierno.
El pedido del
gobernador, Osvaldo jaldo, ha sido atender a las organizaciones de derechos
humanos y, en ese sentido, se trató de establecer una reunión con agenda
abierta, con consensos sobre temas preocupantes como es la preservación del
Pozo de Vargas y de los Arsenales Miguel de Azcuénaga”, detalló Racedo a la
prensa.
En
esa línea, también se trataron “cuestiones vinculadas a la violencia
institucional, a los pueblos originarios y un capítulo especial sobre los temas
ambientales”, añadió el funcionario.
En declaraciones a la
prensa, Lilian Reynaga, de la Asociación de Expresos Políticos de Tucumán y
sobreviviente del Operativo Independencia y de la última dictadura
cívico-militar, sostuvo: “planteamos desde nuestra perspectiva dar mayor
difusión para los juicios, ya que estamos llevando adelante el 15º juicio en la
provincia de Tucumán, y la mayoría de la población no está enterada de lo que
está pasando”.
La representante remarcó
que a nivel nacional “hay desconocimiento de las nuevas generaciones de lo que
ha pasado en nuestro país y eso se traduce políticamente en una situación, no
solo de desconocimiento, sino de aceptación de ideas mesiánicas que nos van a
llevar como país a una situación sin retorno. En las nuevas generaciones
necesitan el conocimiento de lo que ha pasado en una historia reciente, con sus
consecuencias, como nuestros familiares aún reclaman por sus niños
desaparecidos en cuanto a su identidad”.
A su turno, Juan
José Palacio, de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, se
refirió a la temática ambiental: “hablamos sobre los altos niveles de
contaminación que hay en la provincia y la temática de los pueblos originarios,
ya que yo pertenezco a una comunidad de pueblos originarios, acerca de los
desalojos, a pesar de que hay una ley que protege”.
Florencia Vallino, directora ejecutiva de Fundación Andhes (Abogadas y abogados
del Noroeste argentino en derechos humanos y estudios sociales), resaltó:
“Además de que está sucediendo en este momento el juicio número 15 sobre los
delitos de lesa humanidad que se produjeron en la provincia de Tucumán, está en
agenda que se lleven adelante las audiencias y el debate oral de otros juicios
que todavía están pendientes, en particular, el caso de los delitos cometidos
en el ingenio Fronterita, donde se va a conocer a propósito de la complicidad
del sector empresarial en los delitos cometidos en el terrorismo de Estado en
nuestra provincia”.
Vallino destacó la
respuesta del Gobierno acerca de la agenda planteada: “ha sido de apertura, de
acercamiento, de que podamos delinear nuestras propuestas y acercarlas por
escrito para que sean tomadas por la nueva gestión y desarrolladas, llevadas
adelante y abiertas las puertas a seguir construyendo en ese sentido. Ha sido
una reunión muy positiva y esperamos esta línea de construcción colectiva junto
a las organizaciones de la sociedad civil sea parte de la agenda central de la
gestión”.
De la entrevista con los funcionarios participaron las siguientes organizaciones: Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Liga Argentina por los Derechos Humanos – filial Tucumán, Asociación de Ex Presos Políticos de Tucumán. Asociación Madres de Plaza de Mayo, filial Tucumán, ANDHES, Fundación Memorias e Identidades del Tucumán, Asociación de Derechos Humanos del Sur y Expresos Políticos de Tucumán y familiares de detenidos desaparecidos.