Paridad de cargos en la Justicia, falta de transparencia y control
del financiamiento de las campañas electorales, ausencia de una ley de acceso a
la información pública son algunos de los hallazgos. El informe fue realizado
por la asociación civil ACIJ.
Participación ciudadana, acceso a la justicia, acceso a la información pública, el funcionamiento de los organismos de control y la fiscalización de los gastos de los partidos políticos son algunos de los temas que figuran en el informe “Hacia una agenda para la calidad democrática en la provincia de Tucumán”, realizado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), junto a ciudadanos, periodistas y organizaciones de la sociedad civil.
El informe fue presentado
recientemente y contiene un análisis en relación a varios ejes de la calidad de
la democracia en Tucumán. Asimismo, plantea propuestas para que las falencias encontradas
se reviertan para fortalecer las instituciones provinciales y el
involucramiento de la ciudadanía en los temas políticos.
Marcelo Giullitti, abogado e
integrante de ACIJ, se refirió a cómo realizaron el informe y cuáles
fueron las observaciones más importantes. “La idea era construir un diagnóstico
sólido que tenga información valiosa, conclusiones sobre el funcionamiento y
propuestas para fortalecer las instituciones”, señaló Giullitti. El proyecto se
replicará, con sus particularidades locales, en Córdoba y Salta.
“Entendiendo la calidad democrática
como el buen funcionamiento de las instituciones y como la posibilidad de
las personas de incidir en los asuntos públicos tanto en el diseño como en
el control de las políticas”, explicó el abogado. El informe fue enviado a los
tres poderes del Estado provincial.
El análisis
realizado por ACIJ junto a participación de distintos sectores cuenta
con seis partes: una introducción para entrar en contexto, un capítulo sobre
representación electoral y financiamiento de campañas; otro sobre la igualdad
de género en los cargos públicos; una cuarta sección sobre transparencia,
acceso a la información pública y transparencia presupuestaria; un quinto
capítulo sobre rendición de cuentas y participación ciudadana que contiene
además un apartado sobre pauta oficial, medios públicos y libertad de
expresión; y por último, una sección sobre organismos de control y poder
judicial.
“Buscamos que sea un insumo para quienes toman decisiones, con propuestas concretas”, afirmó Giullitti. Los temas fueron elegidos a partir de las entrevistas realizadas con los actores de diferentes sectores.
¿Cuáles son los hallazgos?
Entre los hallazgos positivos,
Giullitti remarcó que “nos sorprendió el alto nivel de paridad en los
cargos públicos dentro del Poder Judicial. Es algo que no se da a nivel
nacional ni en la mayoría de los Poderes Judiciales provinciales. Ha logrado un
equilibrio que es muy valiosos”, señaló. Sin embargo, no sucede lo mismo
en el Poder Ejecutivo y en el Legislativo donde se nota una gran
desigualdad en el acceso a los cargos jerárquicos.
Entre los hallazgos menos felices se
encuentra el funcionamiento del sistema electoral, “esto pasa en otras
provincias, donde los sistemas electorales terminan favoreciendo a la fuerza
política que se encuentre gobernando. Tucumán tiene un sistema de
acoples que es parecido a la Ley de Lemas. Y hay muchas personas que se
quedan sin ser representadas en el orden legislativo”, expresó el
abogado.
Se calcula que este año, el 20% de los
votantes quedaron sin representación legislativa por este sistema de
“acoples”.
El segundo problema del sistema
electoral es la falta de transparencia y control del financiamiento de las
campañas electorales. La ley provincial no exige que los aportes sean
bancarizados por lo cual el único registro de los mismos lo realizan los
propios partidos. Por otro lado, el órgano electoral no publica información de
los balances por lo que se hace imposible el control ciudadano, según el
informe.
Acceso a la información
Tucumán es una de las tres provincias
sin Ley de Acceso a la Información Pública. Tampoco se encuentra
específicamente previsto en su Constitución provincial, aunque hay unas
menciones en los artículos 24 y el 31. En los municipios no existen ordenanzas
que regulen al respecto. Por todo esto y a pesar de las menciones
constitucionales, el acceso a la información pública en Tucumán es nulo. “La
falta de información es un obstáculo para que existan mecanismos formales de
participación ciudadana”, añadió Giullitti.
En el caso de la transparencia presupuestaria el Poder Ejecutivo publica documentos mensuales pero con pocos detalles y en PDF con lo cual no pueden ser procesados ni reutilizados. Ni el Poder Legislativo ni el Judicial publican datos sobre su presupuesto anual.
Organismos de control: Tribunal de Cuentas de Tucumán
Siguiendo a Giullitti, “hay un
problema tanto en el diseño como en el funcionamiento. Falta independencia de
los organismos de control: el Tribunal de Cuentas y la Defensoría del
Pueblo. El Tribunal de Cuentas no funciona de manera independiente, no es un
órgano que ejerza proactivamente el control y que haya tenido intervenciones
públicas relevantes en los últimos años. La defensoría no logra motorizar
las demandas sociales, ni representa los intereses de la ciudadanía y
desde su funcionamiento es bastante discreto. Ha acompañado reclamos puntuales
pero no tiene una vocación de defensa proactiva de los derechos de las
personas”.
Para finalizar Giullitti remarcó que
como ciudadanos “tenemos derecho a la transparencia, a la rendición de cuentas
y son derechos que por falta de herramientas terminan haciendo mella. Esperamos
que este sea el puntapié para que la nueva gestión ponga sobre la mesa estas
discusiones y que haya avances concretos”.