Por orden del Tribunal Oral en lo Criminal
Federal de Tucumán, los dos locales serán administrados por la Fundación María
de los Ángeles, con el objetivo de darle un destino de "utilidad
pública" en la materia.
A partir de las acciones impulsadas por la Fiscalía
General ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán a cargo del
fiscal Pablo Camuña en conjunto con la Dirección General de Recupero de Activos
y Decomiso de Bienes, dirigida por María del Carmen Chena, se recuperaron
efectivamente y se tomó posesión de dos inmuebles que funcionaron como
prostíbulos y que fueron decomisados en el marco de dos juicios orales por
trata de personas.
Uno de ellos había sido decomisado en el marco de
la causa “California”, donde un grupo criminal conformado por siete
personas fue juzgado por haber captado y acogido mujeres con la finalidad de
explotarlas sexualmente, situación que se consumó en dos inmuebles que
funcionaron como prostíbulos en la capital tucumana. El juicio de ese caso se
llevó adelante en diciembre del año 2015 y el decomiso del local fue ordenado
por la Cámara Federal de Casación Penal luego que el Tribunal Oral de Tucumán
omitiese pronunciarse sobre el decomiso requerido por la fiscalía de juicio.
El segundo inmueble
fue decomisado en el marco de
la causa “Díaz”, donde otra banda fue condenada por el delito de
trata de personas con fines de explotación sexual en un prostíbulo denominado
“Night Club”, que funcionaba en un local contiguo al mencionado en el párrafo
anterior. El debate de ese caso se llevó a cabo en diciembre de 2021, con penas
que fueron de los cuatro y a los nueve años de prisión para las tres personas
involucradas en la causa.
La medida de entrega de los inmuebles fue solicitada en el marco de lo
establecido en la ley 27.508, creadora del Fondo de Asistencia Directa a
Víctimas de Trata, requiriendo la intervención de la Agencia de Administración
de Bienes del Estado (AABE) para que realizase el desalojo de los inmuebles y
llevase adelante las medidas administrativas pertinentes, con la finalidad de entregarlo
provisoriamente en custodia a la Fundación María de los Ángeles, organización
no gubernamental de Derechos Humanos presidida por Susana Trimarco, cuyo objeto
específico es la prevención de la trata de personas y la asistencia a sus
víctimas.
En ese marco, se solicitó que se asignara a los inmuebles un destino de
utilidad pública, conforme establece la Acordada 2/2018 de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación. Ello hasta tanto la sentencia condenatoria adquiera
firmeza y corresponda la ejecución del bien, cuyo producido deberá ser
destinado a la reparación de las víctimas.
Los inmuebles decomisados se encuentran en una zona de la ciudad de San
Miguel de Tucumán donde históricamente funcionaron prostíbulos y se espera que
el destino de utilidad pública permita resignificar los espacios históricamente
utilizados para la explotación de mujeres y convertirlos en lugares donde se
generen acciones de prevención y reparación a víctimas.