Escriben: Carlos A Villalba y Omar Miliano
“Nuestro sistema judicial prácticamente no enjuicia a grandes evasores tributarios, lavadores de dinero, hechos de corrupción administrativa, etc.
El ejercicio del poder político en nuestro país exige una cuota de impunidady el aparato judicial garantiza esa dosis que varía con el tiempo.
De esto deriva que las élites políticas y económicas consiguen cierta impunidada cambio de la inmunidad que el dispositivo judicial obtiene para sí.”
Fiscal Federico Delgado
“El verano porteño
derretía los asfaltos; bajo tierra, en el subte que une las estaciones Leandro
N. Alem y Juan Manuel de Rosas, el clima era de asfixia y el flaco de 33 años
en ese 2002, se desató la corbata, se sacó el saco, se sintió aliviado, muchos
pasajeros lo hacen al terminar sus jornadas laborales… el tema es que él, no se
lo puso nunca más, ni para entrar a Comodoro Py, donde se desempeñaba como
adjunto en la Fiscalía Federal 6. Cuando
la impertinencia de una eterna almorzadora televisiva, incrédula y despectiva
le enrostró un “¿Usted es fiscal…? al recibirlo en su mesa, Federico
Delgado (que de él habla esta crónica), de remera y jeans, le devolvió un “Fue
una de las rupturas que hice en mi vida”. Aludía a una conclusión que compartía
con sus íntimos: “el traje es parte de vivir en la mentira”.
Dos décadas después,
el domingo 27 de agosto, el abogado y licenciado en Ciencias Políticas por la
Universidad (pública) de Buenos Aires (UBA), Federico Delgado, murió.
Era titular de la misma Fiscalía Federal de la que era
adjunto aquella jornada tórrida en la tramitaba la causa por las coimas en el
Senado durante el gobierno de Fernando De la Rúa. A pesar de la juventud en la
que se produjo su tránsito, su compromiso, decisión y (también) curiosidad, le
dieron tiempo para construir un currículo que impacta, tanto por la abundancia
de casos que investigó como por la importancia vital para el país que tenían la
mayoría de ellos.
Su máxima preocupación, desde hacía 23 años, fue el endeudamiento externo, como fraude económico y financiero, perjudicial para el país. Desde su despacho acumuló pruebas, destapó documentos, convocó peritos, trató de empujar las causas que las instancias judiciales ignoraban, cuando no trataban de ocultar. La deuda externa e ilegítima como herramienta de control de las economías dependientes fue su obsesión, potenciada al infinito por José Alfredo Martínez de Hoz el ministro de Economía de la dictadura cívico militar que encabezó junto al ex general Jorge Videla.
El 4 de abril de 1982, dos días después del desembarco
militar argentino en Malvinas, el periodista nacional Alejandro Olmos presentó una denuncia
contra Martínez de Hoz ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Criminal y Correccional N° 4 de la Capital Federal. La causa terminó en manos
del juez Jorge Ballestero que, 18 años después declaró la deuda
como “ilegal, inmoral, ilegítima y fraudulenta”. Claro, los “tiempos” judiciales hicieron que la prescripción dejara a
los culpables sin castigo.
Durante los años ´90 uno de los peritos del Banco
Central de la República Argentina y coatutor de esta crónica, el contador Omar Miliano, fue citado a prestar
declaración testimonial en la causa, sobre la que había investigado años
antes como integrante del cuerpo de inspectores del Central creado por el
presidente Raúl Alfonsín en 1984 y que detectó créditos ficticios y
otras maniobras dolosas por u$s 6.000 millones que, sin embargo, fueron
registradas como legítimas y cargadas a la deuda pública.
Miliano aportó datos precisos para demostrar esas
maniobras que terminaron convirtiendo el endeudamiento ilegítimo… en legítimo. El funcionario, por
ejemplo, recuerda que “salieron a la luz las cuestiones de los ´autopréstamos´
que concertaban las empresas de conocidos grupos económicos o la falta de
documentación de respaldo de préstamos millonarios”.
… Melconián siempre está
Con ojos de un presente en plena carrera neoliberal
para llegar a la segunda vuelta electoral del 19 de noviembre, adquiere mayor
relieve la participación de la supuesta “bala de plata” de Patricia Bullrich en
el relanzamiento de su derrotada campaña: Carlos Melconian, promesa de
ministro de Economía si el macrismo salvase todos los escollos que se le
presentan. La documentación que se detectó durante las investigaciones de
aquellos años, demostraron que fue uno de los principales responsables de
legalizar el proceso de estatización de la deuda externa privada, que ideó
Domingo Cavallo como presidente del Banco Central de la dictadura.
El entonces joven economista
Melconian fue jefe del Departamento de Deuda Externa de la entidad y se encargó
de “archivar” las investigaciones sobre fraudes cometidos por multinacionales y
grupos económicos locales con los seguros de cambio a principios de los
ochenta, que iban de IBM, Esso, Kodak,
Renault y Cargill a Pérez Companc, Bridas, Macri y Aluar.
Poco tiempo después de dar testimonio, Miliano supo
que el fiscal Delgado, quien había tomado contacto con esas declaraciones, le
hizo llegar sus felicitaciones, señalando que “son… eran pocas las personas que se comprometían de esa manera, que
era muy valiosa la información brindada para que él pudiera hacer su trabajo”,
además de sugerirle que se “resguardara” de posibles ataques institucionales.
Captura de pantalla, 05/11/16 (https://www.youtube.com/watch?v=DKp1vW6lYkw) - Del terrorismo de Estado a los MacriPapers
En 20 años, Federico Delgado no se privó de posar su lupa sobre muchos de los principales hechos que dañaron al país y su democracia. Algunas de las verdaderas medallas que ya dignifican su memoria son:
- Fue
protagonista, junto al juez federal Daniel Rafecas, de la MEGACAUSA DEL “PRIMER CUERPO DE
EJÉRCITO”, la mayor relacionada con crímenes de lesa humanidad, que en
todo su proceso tuvo 1.701 víctimas judicializadas, investigó los centros
clandestinos de detención y tortura «Atlético,
Banco y Olimpo», «Vesubio»,
«Automotores Orletti», «Hospital Posadas», «Coordinación Federal», «Garage Azopardo», circuito «Subzona 1.3», circuito de la «Subzona 1.4», «Brigada Güemes-Cuatrerismo», «Sheraton», «Mansión Seré» y circuito represivo de Zona Oeste y condenó, entre otros, a Miguel Etchecolatz, Reynaldo
Bignone, Jorge Rafael Videla, Albano Eduardo Harguindeguy, Jorge Carlos
Olivera Róvere, Juan Bautista Sasiañ, Carlos Guillermo Suárez Mason,
Omar Domingo Rubens Graffigna y Juan Alfredo Etchebarne.
- Impulsó
investigaciones sobre DELITOS
SEXUALES COMETIDOS POR LOS REPRESORES sobre las víctimas que mantenían
desaparecidas en centros clandestinos de detención durante la última
dictadura.
- Reclamó
la indagatoria de los directivos de EMPRESAS
QUE COLABORARON CON EL RÉGIMEN como Mercedes Benz o Ford.
- Reunió
documentación sobre la INFILTRACIÓN
EN MADRES DE PLAZA DE MAYO y la aportó a la megacausa ESMA. Solicitó información al Episcopado y desmontó
la maniobra de la dictadura que fotografió a las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet, secuestradas en la ESMA, con una bandera de
Montoneros.
- Fue
fiscal en la causa por el PLAN
SISTEMÁTICO DE ROBO DE BEBÉS, en la que dio por probado que durante
aquel período se instrumentó un “plan global de aniquilamiento”, en el
marco del cual se estableció el robo de recién nacidos para cortarles “sus
lazos de sangre” y pidió la elevación a juicio oral de siete ex jerarcas
de la última
- Entrevistó
a seiscientos ex conscriptos y empleados del aeropuerto de El Palomar,
para exigirle al juez de la causa que considerara probados los VUELOS DE LA MUERTE originados en
esa base.
Junto a la investigación de crímenes de lesa
humanidad, tuvo participación decisiva en la investigación de otros temas, con
el endeudamiento externo ilegitimo como bandera. El tratamiento de su trabajo,
la elevación o no a juicio de sus propuestas, los fallos logrados o frustrados
quedan fuera de su órbita de acción, no así los análisis que realizó de los
“tiempos” judiciales, la probidad de sus actores y las presiones e imposiciones
de sectores partidarios y económicos sobre magistrados y fiscales.
- Imputó
a Fernando De la Rúa y Domingo Cavallo en la CAUSA DEL MEGACANJE, como “coautores” del delito de
“defraudación contra la administración pública” por esa operación que
agrandó el monto de la deuda pública a través de un mecanismo de
postergación de vencimientos y emisión de nuevos bonos.
- Investigó
los sobornos del gobierno de la Alianza en el Senado en 2001,
conocidos como CAUSA BANELCO, que terminaron con la salida de Carlos “Chacho”
Álvarez del gobierno.
- Peleó
para que se investiguen las responsabilidades de Mauricio Macri en los
PANAMÁ PAPERS, la
denuncia global de cuentas off shore hacia las que se desvían miles de
millones de dólares obtenidos en operaciones ilícitas o con el objeto de
evadir impuestos. Reclamó que se profundizara la presunta “omisión
maliciosa” en sus declaraciones juradas.
También accionó
«contra todos los integrantes del Poder Ejecutivo Nacional, encabezados por el
presidente Macri, por la “delictiva NEGOCIACIÓN CON LOS FONDOS BUITRE, que
se intenta aprobar a instancias del Juez Municipal (neoyorquino) Thomas
Griesa».
- Denunció el asedio en su contra del ex director
del ESPIONAJE MACRISTA, el procesado a sus instancias Gustavo Arribas, y
del propio juez Claudio Bonadío a quien acusó de «inventar» una causa y de
«persecución» judicial.
- Impulsó medidas de prueba contra el ex secretario
de Obras Públicas del gobierno kirchnerista, José López, quien fue
condenado por el juez Daniel Rafecas por casos de ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO
tras su pesquisa.
- Reclamó la investigación de SOBORNOS en los casos
del SOTERRAMIENTO del TREN SARMIENTO, las OBRAS DE AYSA y la AMPLIACIÓN DE
GASODUCTOS en el NOA-NEA, conocida como Skanska II y la indagatoria de 29
imputados por posible defraudación contra la administración pública. Lo
hizo en el marco del soborno global del gigante brasileño ODEBRECHT,
que confesara el pago de coimas en 12 países para garantizarse contratos
de obra pública. En esa oportunidad, Delgado aseguró que «el sistema
político-empresario en su conjunto» estaba afectado por los
pagos de ese pulpo de la construcción.
- Fue responsable de indagar la TRAGEDIA DE ONCE
junto al juez Bonadío, una causa que condenó a los funcionarios del área
de Transporte que dependían del Ministerio de Planificación a cargo de
Julio de Vido. También se atribuyeron responsabilidades penales contra los
empresarios involucrados.
- Investigó el ÓRGANO DE CONTRALOR DE LAS
CONCESIONES VIALES (Occovi), bajo la conducción kirchnerista de
Gustavo Gentilli, sospechado de “corrupción pública” y “blanqueo de
dinero”.
La capacidad de trabajo de Delgado fue causa de halago para su equipo de
trabajo y de preocupación para quienes protagonizaban sus investigaciones; el
punteo de sólo algunos de los temas que ocuparon sus días en el quinto piso de
Comodoro Py, el nivel “donde están las cosas que menos importan”, según su
propia descripción crítica.
El listado no deja dudas de su criterio de objetividad. Le contó las costillas:
· a la dictadura
cívico-militar,
·
a la alianza UCR-Frente Grande,
·
al kirchnerismo,
·
al macrismo,
·
hasta a la propia Justicia…
· y no se olvidó ni de la vida cotidiana ni de quienes menos tienen: formuló una denuncia penal para que se investigara los aumentos de precios de los alimentos durante el aislamiento obligatorio en plena pandemia en 2020.
La Justicia como obsesión
Más allá de las reacciones que generaba entre muchos
de sus pares, su estética de ciclista con casco y sin traje, “la familia”
judicial, en especial la de Comodoro Py (rebautizada Comodoro Pro por esta
columna hace muchos años), fustigaba con fiereza las críticas de Delgado hacia
el propio sistema, no solo refiriéndose al manejo de la institución en
abstracto, una de sus especialidades, sino refiriéndose de modo concreto a
comportamientos específicos de jueces y fiscales de distintas causas…Si
hasta se animó a decir públicamente que el fallo de la Corte Suprema contra
Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad “está sospechado
y el tribunal también está sospechado. Hay un montón de fragilidades
institucionales».
El aterrizaje del vuelo 26.917 en el aeropuerto de
Bariloche, el jueves 13 de noviembre del año pasado, quizá se convirtió en “la
foto” irrefutable de sus hipótesis públicas acerca de los manejos, piruetas y
complicidades de sectores del Poder Judicial con sectores partidarios y
económicos, al decidir investigar o rechazar imputaciones de determinadas
franjas de la dirigencia partidaria argentina.
De ese avión descendieron jueces, operadores políticos
y ex agentes de la inteligencia del gobierno de Macri, subieron a una aeronave
privada y aterrizaron en la mansión del megamillonario británico, amigo del ex
mandatario, Joe Lewis, ubicada sobre las tierras ocupadas de manera irregular
en el Lago Argentino.
Desconocemos qué pensó Delgado de lo que los
periodistas Raúl Kollmann y Irina Hause definieron como “cónclave
político judicial secreto en Lago Escondido para garantizar la impunidad de
Mauricio Macri”.
Lo cierto es que, semanas después, ya en el año en que
cursaba la enfermedad que lo condujo a la muerte, reclamó que se investigara el
viaje de aquellos jueces y fiscales ante su “presunta violación de deberes de
funcionario públicos”, convocados y financiados en la ocasión por el Grupo
Clarín.
Lo resistieron.
Lo recusó uno de los magistrados
viajeros y finalmente la Cámara Federal, a través de Eduardo Farah rechazó sus
objeciones, con un fundamento que prácticamente constituye, hoy, un
reconocimiento implícito y por adelantado a la probidad de quien
fallecería poco más de dos meses después: para «el apartamiento de un fiscal es
necesario demostrar que carece de la objetividad exigida por las normas que
regulan su actuación», algo que, se vio, no lo caracterizaba.
Finalmente quedaron imputados sus pares judiciales: el
juez en lo Criminal y Correccional, Julián Ercolini; el fiscal general de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques y su hijo, el
juez de la Cámara Federal de Casación Penal, Carlos Alberto (también)
Mahiques; el ex ministro de Seguridad y Justicia de CABA, Marcelo
D’Alessandro; el titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nro.
2, Pablo Yadarola, y el titular del Juzgado Nacional en lo
Contencioso Administrativo Federal nro. 9, Pablo Gabriel Cayssials.
Además, quedaron estampados en el expediente Leonardo
Bergroth, exintegrante del Servicio de Inteligencia del Estado (SIDE); Tomás
Reinke, empresario especializado en medios y redes sociales y presidente de la
firma Mediabit; el presidente del Directorio del grupo Clarín, Jorge Rendo y su
Director de Asuntos Legales e Institucionales. Pablo César Casey, sobrino
de Héctor Magnetto, jefe de la corporación.
Será sentencia
Si los jueces debieran hablar por sus fallos, el
fiscal Federico Delgado lo hizo a través de sus investigaciones y denuncias, de
sus libros y escritos, de sus exposiciones en todos los lugares a los que fue
invitado. Si tuvo tiempo a pensarlo, supo que no alcanzaría a enterarse de si
los protagonistas de la mancuerna de Lago Escondido pagarían por sus acciones…
Lector desesperado y penetrante, algunos párrafos de la burocracia judicial le habrán dado alguna esperanza. Sobre todo los que señalan que los implicados son «funcionarios públicos (jueces federales, un ministro y un fiscal), entre otros (puntos), por haber aceptado determinados servicios de costo económico, ofrecidos por empresarios en razón de los cargos que ejercían». También la reflexión, pegajosa como un balde de brea hacia quienes deben ser objetivos y neutrales, acerca de que se investiga si «aquellos beneficios podrían haber estado vinculados a específicas intervenciones que tuvieron en casos puntuales ligados a los roles que poseen».
Se fue antes de tiempo un tipo siempre preocupado por la “expropiación institucional” que realizan los “intereses de las élites que se apropiaron de un sector del Estado”, preocupado porque «en la Argentina, en general, se mezclan la política con los empresarios» y «algunos políticos tienen una relación anómala» con ese sector.
El fiscal de la bicicleta, el que se bancó
sin victimizarse que una camioneta de origen surcoreano lo atropellara después
de pasar un semáforo en rojo a metros del edificio judicial, en junio de 2017, tenía preocupaciones más importantes que
rapiñar cámaras y sospechas.
Cuando debía acusar, lo hacía en base a
certezas y sin bozal alguno, para asegurar que el poder político en la Argentina
constituye «un ecosistema que requiere una impunidad que le garantice
inmunidad», causado por la «expropiación del poder político por parte las
grandes elites».
Será difícil evitar que sus acusaciones
dejen de resonar en los oídos taponeados de muchos jueces, a pesar de su remera
negra y de sus vaqueros.
Notas
1.- Carlos A VILLALBA: Los MacriPapers, una causa
contra el corazón del poder (30VIII2016) (https://estrategia.la/2016/08/30/los-macripapers-una-causa-contra-el-corazon-del-poder/)
- –https://www.diarioconvos.com/2022/12/07/para-el-fiscal-delgado-la-sociedad-tiene-que-apropiarse-de-la-cuestion-judicial/y https://www.youtube.com/watch?v=8RWABgMrigM&t=1s
- https://www.pagina12.com.ar/490241-retiro-espiritual-en-la-motana
* Villaba es periodista argentino. Investigador asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (https://estrategia.la/). Miembro de la Usina del Pensamiento Nacional y Popular. Milano, es contador argentino, ex Perito del Banco Central de la República Argentina. Colaborador para la Justicia de diversos trabajos sobre el endeudamiento externo argentino.