Encabezadas por los gremios docentes y estatales, las movilizaciones comenzaron el 5 de junio y se sumaron de manera transversal las comunidades indígenas, sindicatos y organismos de derechos humanos. En la noche de este miercoles, hubo una nueva movilización.
El rápido tratamiento y aprobación de la reforma parcial de
la Constitución de Jujuy, entre protestas multitudinarias, implicó en su
proceso reiterados hechos de represión, allanamientos controvertidos, el armado
de causas y detenciones cuestionadas por colectivos de derechos humanos,
advirtieron abogados y defensores de manifestantes, al cumplirse este miércoles
un mes del inicio de las protestas.
Encabezadas por los gremios docentes y
estatales, las movilizaciones comenzaron el 5 de junio pasado en demanda de
recomposición salarial para ambos sectores, pero casi de inmediato derivaron en
rechazos al texto normativo de la nueva Constitución, cuya aprobación motivó el
repudio absoluto de diversos sectores de la sociedad.
En un contexto de tensión
permanente, los cuestionamientos fueron alcanzando de manera transversal a
comunidades indígenas, sindicatos y organismos de derechos humanos, entre ellos
Familiares de Detenidos y Desaparecidos, Hijos-Jujuy y Abogados y Abogadas del
Noroeste Argentino en DDHH y estudios sociales (Andhes).
Estas entidades, junto a otras instituciones de la sociedad
civil, denunciaron la vulneración de sus derechos producidas por las
modificaciones en los artículos de la Carta Magna provincial.
Otra movilización, en esta noche de miércoles
Una nueva
marcha se llevó a cabo esta noche en las calles de la capital provincial con el
objetivo de conseguir la aclamada "declaración de
inconstitucionalidad" o la "anulación" de la reforma
constitucional que ya rige en este territorio."A un
mes de iniciada nuestra lucha, volvemos a iluminar las calles con nuestros
reclamos por salarios dignos y derechos plenos", coincidieron diversos
colectivos al formar una larga columna que marchó en la fría noche de San
Salvador de Jujuy con antorchas y velas.
Entre los
movilizados predominaba la consigna "arriba los derechos, arriba las
wiphalas, abajo la reforma", para luego abogar por la "defensa de la
democracia en Jujuy"
En paralelo
a la marcha de antorchas, en otros puntos de la provincia se registraban al
menos más de diez cortes de rutas nacionales y provinciales por parte de
comunidades originarias, campesinos, productores, docentes y activistas.
La razón de la indignación popular
La Convención Constituyente de Jujuy aprobó en la madrugada
del 16 de junio la reforma parcial de la Constitución, luego de suscribir el texto general y cada uno de los
artículos con los votos de los representantes del Frente Cambia Jujuy,
encabezados por el gobernador y precandidato a vicepresidente Gerardo Morales.
Entre los artículos más repudiados del texto
constitucional se destaca el capítulo denominado "Derecho a la paz social y
la convivencia democrática pacífica", que en uno de sus apartados
ratifica "la prohibición de cortes de calles y cortes de rutas, así como
toda otra perturbación al derecho a la libre circulación de las personas".
En ese capítulo se prohíbe expresamente "la ocupación
indebida de edificios públicos en la provincia".
En el articulado sobre tierras fiscales,
capítulo rechazado por las comunidades indígenas, se establece que "la tierra es un bien de trabajo y de
producción", por lo que "la ley regulará la administración,
disposición y destino de las tierras fiscales susceptibles de aprovechamiento
productivo".
Ese apartado remarca que en la regulación del
suelo que figure en los catastros como propiedad del Estado se establecerán
"regímenes de fomento que promuevan el desarrollo territorial y el interés
socioeconómico de la provincia"
El 17 de junio, indígenas apostados en el corte de las rutas
9 y 52 a la altura de la localidad de Purmamarca, en la quebrada de Humahuaca,
sufrieron al menos cuatro hechos de represión a lo largo del día, lo que dejó
como saldo múltiples heridos y detenidos.
Misael Lamas, estudiante
de 17 años, perdió uno de sus ojos al
recibir un balazo de goma durante el operativo de la policía, denunciaron los
miembros de la comunidad.
La aprobación y jura de la nueva constitución desató una fuerte represión en la zona céntrica de la capital, sobre todo en las inmediaciones de la Legislatura.
La jornada, que coincidió con el aniversario de
la muerte de Manuel Belgrano en 1820, terminó con 170 heridos y al menos 60
detenidos.
Jorge Rodríguez,
trabajador municipal, quedó tendido esa mañana en el suelo inconsciente y
herido de gravedad al perder uno de sus
ojos.
El pasado sábado, esta vez en la ciudad de Humahuaca, los alrededores del Concejo
Deliberante fueron escenario de una manifestación en reclamo de que los ediles
se pronunciaran contra la reforma constitucional.
Entrada la madrugada y luego de conseguir la
resolución legislativa, un nuevo episodio de represión policial fue el desenlace
de los reclamos.
Joel Paredes, joven de 28
años, quien participaba de la protesta junto a la banda de música de la que
forma parte, recibió un balazo de goma en la cara y perdió el ojo derecho.
A estos hechos se sumó el caso de un joven de
18 años con incapacidad motora que había sido arrestado el 20 de junio en el
marco de la represión.
El 29 de junio, efectivos policiales allanaron la vivienda de la dirigente social Milagro Sala en el barrio Cuyaya, en el marco de una causa derivada de las manifestaciones ocurridas en Jujuy.
Ese mismo día, la docente y actriz jujeña Camila Müller denunció ante la Justicia ordinaria que fue agredida
físicamente y amedrentada por tres personas encapuchadas que
irrumpieron en su domicilio.
Otro de las agresiones denunciadas involucra a
un joven jujeño que filmó con su celular el desplazamiento de un contingente de
la policía en cercanías del domicilio del gobernador el pasado martes 20 de
junio, mientras se aprobaba la reforma parcial de la Constitución provincial.
El joven, de 32 años y de quien se preserva su identidad,
permanece detenido mientras su defensa reclama su inmediata libertad.
Habló el Fiscal de Estado
El martes, el fiscal de Estado de Jujuy, Miguel
Rivas, indicó en una rueda de prensa que se "perseguirá" a quienes
"hayan cometido ilícitos" durante las protestas y los cortes de ruta.
"Se trata de acciones ilícitas,
perpetradas por personas violentas, con una virulencia majestuosa, que
realmente están atacando el orden constitucional", sostuvo el fiscal, y
añadió: "Se va a instar a que de forma inmediata se proceda a la detención
efectiva de los delincuentes".
Además, informó que desde el ministerio público de la provincia se buscará que "se apliquen los montos mayores de penas previstas para cada delito".
El fiscal de Estado declaró incluso que
"los autores materiales, cómplices e instigadores" de hechos que se
consideren como delitos podrían recibir "hasta 25 años de cárcel" y
no habilitó ninguna instancia de diálogo con los manifestantes, que ya llevan
un mes de protestas en todo el territorio.