El Gobierno jujeño comunicó
este martes que comenzaron a aplicarse multas vinculadas a las protestas contra
la reforma constitucional en la provincia, registrándose hasta la fecha
"más de 100 procesos iniciados".
"Las imputaciones contravencionales se han llevado
adelante contra personas físicas y jurídicas. Hay ya más de 150 personas
imputadas y se han sentenciado a cinco de ellas, cuyas multas van de los 500
mil a los 2 millones de pesos", señaló en conferencia de prensa el
ministro de Seguridad de Jujuy, Guillermo Corro.
Los procesos iniciados están vinculados a los
cortes de ruta que llevan más de dos semanas y las manifestaciones donde hubo
represión policial, entre ellas, la del 20 de junio pasado, cuando el
gobernador Gerardo Morales, precandidato a vicepresidente de Horacio Rodríguez
Larreta en Juntos por el Cambio (JxC), presidió la jura de la reforma en medio
de protestas en distintos puntos de la capital jujeña.
"La policía de la
provincia, a través del departamento contravencional, va a seguir con los
trabajos cada vez que se corte las rutas y no se permita el paso, lo que
implica que las sanciones se pueden repetir en las personas físicas o
jurídicas", acotó el funcionario sobre la sumatoria de multas, que
"pueden llegar hasta los 2.500.000 pesos".
En tanto, el Fiscal de Estado de Jujuy, Miguel
Rivas, señaló que también viene denunciando ante la justicia local la
perpetración de delitos en todo el territorio desde el 17 de junio, fecha en la
que tuvo lugar una primera represión policial, en el corte de ruta que aún
llevan adelante comunidades originarias en el ingreso al poblado de
Purmamarca.
Respecto a los distintos
hechos denunciados, Rivas agregó que "se trata de acciones ilícitas,
perpetradas por personas violentas, con una virulencia majestuosa, que
realmente están atacando el orden constitucional".
Agregó que "de ninguna manera se trata de hechos aislados, sino planeados y
ejecutados por individuos violentos, organizaciones sociales y políticas"
y que "se va a instar a que de forma inmediata se proceda a la detención
efectiva de los delincuentes".
Al volver a indicar que el Estado va a
intervenir como querellante en la totalidad de los procesos penales, Rivas
apuntó que se buscará "se apliquen los montos mayores de penas previstas
para cada delito", tanto para los "autores materiales, cómplices e
instigadores" y que pueden sumar "hasta 25 años de
cárcel".
Dijo que se aboga por "embargar patrimonialmente a cada
uno de los delincuentes violentos" y que "se les va reclamar por los
daños y perjuicios producidos al Estado provincial", que estiman en
"una suma aproximada de 1.000.000.000 de pesos", ello referido a
incendios que hubo en inmediaciones a la Legislatura y lesiones producidas a
agentes de la policía en los avances represivos, entre otros.
Lo anunciado por el Gobierno jujeño ya generó expresiones de rechazo desde distintos sectores.
"Cuando los
organismos de derechos humanos hablamos de criminalizar la protesta, hablamos
de esto. Defender las ideas, manifestarse, protestar, organizar debates y
clases públicas en las arterias de nuestras ciudades no es atacar la
democracia, por el contrario es defenderla", expresaron desde la Asamblea
Permanente por los Derechos Humanos Regional Jujuy.
"La democracia no es votar cada dos años, eso es solo la
consecuencia, democracia es abrir el diálogo, escuchar al pueblo, rectificar
medidas cuando fueron mal tomadas o implementadas, respetar las distintas
formas de pensar y sobre todo agotar todas las instancias para lograr
consensos. Detentar el poder y ejercerlo de modo autoritario no es democrático,
por el contrario, con esa modalidad se avanza a pasos agigantados hacia una
dictadura opresora", agregaron a través de una publicación en las redes
sociales.
Fuente: Telam