Rodolfo Paulino Fernández,
coordinador de Endepa, afirmó a Télam que "la reforma constitucional
de Jujuy vulnera de manera expresa los derechos y garantías constitucionales y
convencionales referida a los Pueblos Indígenas".(Foto Eduardo Valera)
Por
Silvina Caputo
Jujuy sigue conmovida por la reforma impuesta por el gobernador
Morales. El Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa) se sumó la semana
pasada a las presentaciones judiciales para pedir la inconstitucionalidad de la
reforma de la Constitución en Jujuy, impulsada por el gobernador y precandidato
a vicepresidente de Juntos por el Cambio (JxC), Gerardo Morales, al considerar
que "pone
en peligro la democracia y criminaliza la protesta social".
"Adherimos a la presentación de inconstitucionalidad de la reforma que fue
impuesta entre gallos y medianoche, sin el conocimiento de las comunidades. Es
un texto que viola todas las normas y ponen en peligro la democracia, no sólo
en Jujuy, sino también en el resto del territorio argentino, al criminalizar la
protesta social", señaló a Télam Rodolfo Paulino Fernández, coordinador
de Endepa
Esta pastoral es un organismo que funciona en comunión y depende de la Comisión
Episcopal de Pastoral Aborigen (Cepa), de la Iglesia Católica, y en una carta
elevada a los jueces de la Corte Suprema de Jujuy -que lleva la firma de
Fernández- se sostiene que "en el acompañamiento a los Pueblos
Indígenas" es que se plantea la "adhesión a la acción de
inconstitucionalidad".
"La reforma constitucional de Jujuy vulnera de manera expresa los derechos
y garantías constitucionales y convencionales referida a los Pueblos Indígenas,
afectando de manera directa e indirecta el derecho a la participación, a la
consulta previa libre e informada, el derecho al consentimiento y el derecho al
acceso a la información adecuada con consecuencias directas sobre su territorio,
propiedad y posesión comunitaria, bienes ambientales de su territorio e
intereses de los Pueblos Indígenas de Jujuy", sostiene el texto de la
pastoral.
En diálogo con Télam, el coordinador recordó que Argentina
adhirió en el año 2000 al convenio 169 de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT), que depende de las Naciones Unidas. Ese
tratado sostiene "los pueblos indígenas y tribales deberán gozar
plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales. Sin obstáculos
ni discriminación. Las disposiciones de este convenio se aplicarán sin
discriminación a los hombres y mujeres de esos pueblos´", indicó Fernández.
Sin embargo, advirtió, "Morales lo ha desconocido en su
totalidad, pese a que ese convenio tiene rango de ley nacional".
En particular, esto implica que "en el caso de la reforma debe haber una
consulta previa e informada a las comunidades. Los pueblos tienen que saber muy
bien cuando se va a legislar sobre sus territorios y, sin embargo, no se les
informó nada".
"El Gobierno de Morales ha procedido de una manera oscurantista al
reformar la Constitución de la provincia. Los pueblos apenas escucharon
previamente algunos rumores sobre la criminalización de la protesta y eso
efectivamente sucedió. Hoy eso está vigente y vulnera no sólo sus derechos,
sino también los de todos los ciudadanos del país. El
derecho a la protesta está incluido en la Constitución Nacional",
añadió.
La adhesión de Endepa se suma así a las peticiones de declaración de
inconstitucionalidad de la reforma que figuran en un expediente caratulado
"Acción de Inconstitucionalidad´, presentado originariamente por la Fundación
de Ambiente y Recursos Naturales y otros C/ Estado Provincial radicado
en la Corte Suprema de Justicia de Jujuy.
"Planteamos la adhesión como institución al pedido solicitado ante la
Justicia de la acción de inconstitucionalidad. Entendemos que el Estado debe
garantizar a los pueblos originarios la entrega de los títulos de las
propiedades comunitarias, respetando sus recursos naturales y la espiritualidad
de sus integrantes", agrega la carta de Endepa a los jueces de la Corte de
Jujuy. Se basan en el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional,
y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Además, el pedido de inconstitucionalidad se funda en la Declaración de
Naciones Unidas sobre Derecho de los Pueblos Indígenas (ONU), y la Declaración
de la Organización de los Estados Americanos sobre Derecho de los Pueblos
Indígenas (OEA).
"Esta presentación tiene que ver con el trabajo territorial que
desarrollamos desde hace más de 40 años con las comunidades. En Endepa
trabajamos en comunión con la comisión CEA y dentro de ese conjunto tenemos una
comisión de obispos de la pastoral aborigen", explicó.
Y contó que los integrantes de este equipo son "agentes
pastorales diseminados en todo el país" y que la mayoría son
"voluntarios que se formaron en el trabajo en los territorios".
El coordinador contó también que acompañan "a los pueblos indígenas"
y como antecedente contó que la entidad asesoró a la Convención Constituyente
que reformó la Constitución Nacional del año 1994, y "estableció en el
artículo 75 que se reconocen los derechos de los pueblos indígenas que están
siendo vulnerados", recordó el coordinador. Explicó que en el trabajo
diario "estamos cercanos a las luchas del pueblo y las acompañamos".
"Estamos viendo mucho dolor y muchos atropellos" desde que
"comenzó el tema de la reforma constitucional" que impulsa Morales,
rememoró, y aclaró que "mientras no se expida la Justicia, porque ahora
están en feria, seguimos en constantes reuniones viendo lo que va pasando y
aguardando una respuesta".
La postura de esta organización eclesial es que la Constitución Nacional
"deja en claro que la posesión y propiedad comunitaria y el derecho de
consulta indígena deben ser respetados y garantizados".
"Así lo ha sostenido el último fallo en contra del Estado argentino de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) en el caso Lhaka Honhat
contra Argentina", dijo.
Fernández se refirió al fallo de la Corte IDH que ordenó al Estado argentino
abordar la situación territorial y socioeconómica de las comunidades nucleadas
en la Asociación Lhaka Honhat. Ante esta
decisión, las autoridades nacionales dieron cumplimiento en junio del año
pasado, cuando se realizó una consulta previa a las comunidades indígenas sobre
el plan de acceso al agua y demarcación territorial.