|
Asumiendo
las obligaciones internacionales del Estado argentino, la Secretaría
de Derechos Humanos de la Nación se presentó como querellante en la
causa en la cual se deberán investigar las responsabilidades de la
violenta represión y sus consecuencias, como las lesiones gravísimas
a personas que incluso han perdido alguno de sus ojos.
Cabe recordar que el pasado 20
de junio, ante la represión llevada a cabo por el gobernador Gerardo
Morales, la CIDH había llamado la atención al Estado argentino
exigiendo “respetar el derecho a la libertad de expresión, los
estándares interamericanos del uso de la fuerza, y a llevar a cabo un
proceso de diálogo efectivo, inclusivo e intercultural, en que se
respete los derechos sindicales y de los pueblos originarios”.
Agregó la CIDH que “en cuanto
a los cortes de ruta, se recuerda al Estado que estos son modalidades
legítimas y protegidas por el derecho a la protesta. Es necesario que
se tolere que las manifestaciones puedan generar cierto nivel de
perturbación de la vida cotidiana, por ejemplo, con relación al
tráfico y las actividades comerciales, a fin de no privar de su
esencia al derecho de reunión pacífica”.
Por su parte, Naciones Unidas
exhortó al Estado a “investigar con premura todo indicio de
violaciones de derechos en el contexto de las manifestaciones contra
la reforma constitucional en Jujuy. Pero también deben redoblar sus
esfuerzos para promover el diálogo y reducir las tensiones, abordando
las causas profundas de las protestas y evitando cualquier retroceso
en términos de derechos humanos”.
Lejos de tan claras
advertencias que fueron informadas por el Estado Nacional a fin de
que la provincia de Jujuy cese con las violaciones a los derechos
humanos, el Gobierno provincial acaba de anunciar la profundización
de la criminalización de las protestas, con penas llamativamente
expeditivas a personas que estaban ejerciendo sus legítimos derechos.
Tan preocupante como eso es
que el Poder Judicial provincial cumpla siempre al pie de la letra lo
que el Poder Ejecutivo se adelanta en anunciar, dejando en evidencia
la absoluta falta de independencia entre poderes.
A contramano de las expeditas
sanciones contravencionales a quienes ejercían sus legítimos
derechos, el Ministerio Público de la Acusación no informó ninguna
medida concreta sobre la denuncia penal presentada por la Secretaría,
la cual –en coincidencia con las recomendaciones de la CIDH y
Naciones Unidas- solicitó que se investigue a los responsables de las
violaciones a los derechos humanos en las represiones, como ser los
disparos a los ojos, detenciones arbitrarias, allanamientos ilegales,
actuación de policías de civil infiltrados, etc. Sobre esta
investigación no hay información acerca de ningún avance.
El Estado argentino es
mundialmente reconocido por ser un ejemplo de defensa de los derechos
humanos. Esa construcción que nos debe generar orgullo, no puede ser
dañada por acciones irresponsables e ilegales de un gobierno
provincial. Fuente: Secretaría DDHH de Nación
|
