Otra vez
al banquillo. Mauro Díaz Cáceres y Javier González Montes de Oca son los
policías acusados por el crimen de Facundo Ferreira. Foto: Alejandro Sarmiento de La Palta.
Han pasado más de
cinco años desde que Facundo Ferreira, un niño de 12 años, fuera asesinado por
policías en Tucumán. En una resolución controversial, la Corte Suprema de
Justicia de Tucumán ordenó -- en febrero de este año--, un nuevo juicio.
El debate que comenzó este lunes será exactamente igual que el anterior. Los jueces Stella Maris Arce, Alicia Freidenberg y Diego Lammoglia escucharán los mismos testimonios y se analizarán las mismas pruebas que en el debate anterior. Pero el peso de la historia y el contexto no serán los mismos, según la opinión de los defensores y la querella.
El caso de Facundo Ferreira ha provocado una gran indignación pública. Muchas
personas creen que los policías actuaron con exceso de fuerza y que deberían
ser condenados. El caso también ha llevado a un debate sobre la violencia
policial en Tucumán.
El nuevo juicio será una oportunidad para que la familia de Fausto Ferreira
obtenga justicia. También será una oportunidad para que Tucumán enfrente su
problema de violencia policial.
Los hechos
La familia de Ferreira afirma que los policías actuaron con exceso de
fuerza y que no estaban justificados para dispararle.
En
2021, los policías Mauro Díaz Cáceres y Javier González Montes
de Oca, motoristas del servicio 911, fueron condenados a prisión perpetua
por homicidio agravado. Sin embargo, la Corte Suprema anuló la sentencia en
febrero de 2023, citando errores procesales. Se ordenó un nuevo juicio, que
comenzará el 1 de agosto de 2023.
Los
defensores Macario Santamarina (González Montes de Oca), Julio
Roque Silva (h) y Aurora Díaz Argañaraz (Díaz Cáceres); y José
María Molina, que representó en el debate a la Fiscalía de Estado, cuestionaron
la sentencia ante la Corte.
Los
profesionales señalaron que los jueces no habían analizado correctamente todos
los testimonios escuchados durante el debate, particularmente los que
favorecían a los uniformados y aceptaron algunas pruebas como la legalidad de
un informe balístico.
Al tratarse de un caso complejo y de alta repercusión en la sociedad, como es poco común que ocurra, el recurso fue analizado y decidido en febrero por un máximo tribunal integrado por todos sus miembros.
Con los votos de Daniel Leiva, Antonio Estofán y Eduardo Romero Lascano (reemplazó a Eleonora Rodríguez Campos que se excusó de participar) y la disidencia de Daniel Posse y Claudia Sbdar, resolvieron anular la sentencia y ordenar que el juicio se hiciera nuevamente con otros jueces. Los vocales señalaron que no se habían analizado correctamente las evidencias que permitían sostener que los uniformados actuaron en legítima defensa.
La
sentencia de la Corte generó un enorme revuelo entre los organismos de derechos
humanos y las oficinas gubernamentales. La provincia, con este fallo, quedó en
el centro de la polémica.
Fuentes: Contexto.