CIDH:
Argentina debe respetar estándares de uso de la fuerza provincial durante las
protestas en Jujuy
Washington D.C. - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
observa con preocupación las acciones que se llevan a cabo para disolver a las
protestas en la provincia de Jujuy en Argentina, una de las provincias con
mayor población indígena auto reconocida. La CIDH
llama al Estado a respetar el derecho a la libertad de expresión, los
estándares interamericanos del uso de la fuerza, y a llevar a cabo un proceso
de diálogo efectivo, inclusivo e intercultural, en que se respete los derechos
sindicales y de los pueblos originarios.
El 17 de junio, en medio a manifestaciones de pueblos indígenas y
sindicatos llevadas a cabo en contra de la reforma constitucional provincial y
en reclamo de aumentos salariales para docentes, fuerzas de seguridad locales
habrían utilizado del uso excesivo de la fuerza, gases lacrimógenos y balas de
goma, para disolver cortes de rutas no violentos y que respetaban el derecho de
paso en autopistas federales. De acuerdo a lo indicado por el Estado, la
situación continúa en desarrollo. Al respecto, la CIDH expresa preocupación
ante una posible escala de la respuesta de las fuerzas de seguridad provincial
en el contexto de las manifestaciones.
Según información proporcionada por el Consejo Federal de Mecanismos
Locales para la Prevención de la Tortura, se reporta que 25 personas
fueron detenidas. Entre las detenidas, se encontraría un adolescente de 17
años, según los registros de la Defensoría de los Derechos de las
Niñas, Niños y Adolescentes y al menos dos periodistas,
según fuente pública. Según la
información proporcionada por el Estado, todas las personas detenidas hasta el
19 de junio han sido puestas en libertad.
Durante las manifestaciones, se han reportado distintas personas heridas
debido al uso de armamentos por parte de la policía, entre ellas, un
adolescente de 17 años que habría perdido un ojo. Asimismo, el Estado informó
sobre la existencia de una persona herida como resultado del uso de un arma de
fuego, sin que se conozcan sus condiciones específicas de salud.
Las protestas se llevan a cabo en el marco del proceso de modificación parcial
de la constitución provincial por parte de la Asamblea Constituyente. Entre los
cambios propuestos, se destacan las reformas al sistema electoral local, así
como la criminalización total de los cortes de ruta. Según la información
recibida, se plantea que esta reforma no habría cumplido con la debida consulta
a los pueblos indígenas, de acuerdo con los estándares interamericanos e
internacionales.
Al respecto, el derecho a la consulta y consentimiento libre,
previo e informado es un principio fundamental que busca
garantizar la participación efectiva y significativa de los pueblos indígenas
en las decisiones que afectan sus derechos, territorios y recursos naturales.
La consulta debe darse por medio de un proceso inclusivo, equitativo y de buena
fe. Adicionalmente, debe ser realizada de manera oportuna, de forma libre,
informada y de acuerdo con las costumbres y prácticas propias de cada pueblo
indígena.
A su vez, las fuerzas de seguridad del Estado tienen un rol fundamental en
garantizar la seguridad de quienes se manifiestan sin ningún tipo de represión
directa o detención arbitraria, así como brindar seguridad general a la
sociedad en su conjunto. El Estado debe esclarecer posibles excesos en el uso
excesivo de la fuerza con la debida diligencia. Igualmente, debe asegurar que
los agentes de la fuerza pública mantengan información que permita identificar
la cadena y ejecución de órdenes.
En cuanto a los cortes de ruta, se recuerda al Estado que estos son
modalidades legítimas y protegidas por el derecho a la protesta. Es necesario
que se tolere que las manifestaciones puedan generar cierto nivel de
perturbación de la vida cotidiana, por ejemplo, con relación al tráfico y las
actividades comerciales, a fin de no privar de su esencia al derecho de reunión
pacífica. En ese sentido, el "grado de tolerancia" adecuado no puede
definirse en abstracto y, por lo tanto, corresponde examinar las circunstancias
particulares de cada caso.
De esa manera, la CIDH insta a Argentina a establecer procesos de diálogo
transparentes y voluntarios, que incluyan a las autoridades tradicionales
locales, con el fin de abordar las demandas de los pueblos indígenas. En
particular, hace un llamado a las autoridades locales de la Provincia de Jujuy
a dialogar de manera amplia y constructiva con los gremios docentes y
sindicatos movilizados en torno a las protestas relacionadas con reclamos
salariarles docentes y con la reforma constitucional provincial. La CIDH y sus
Relatorías Especiales están a disposición del Estado para apoyar en estos
procesos de diálogo en relación con los distintos mandatos involucrados.
Finalmente, la Comisión reconoce a la sólida tradición de participación
ciudadana en Argentina, que ha contribuido para el desarrollo de una pungente
democracia participativa. En ese sentido, de cara a acontecimientos futuros, se
urge al Estado a respetar los estándares interamericanos en materia de protesta
social. La CIDH seguirá monitoreando de cerca el uso de la fuerza en el
contexto de las manifestaciones que puedan surgir.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados
Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato
de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y
actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada
por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de
la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
Comunicado de la Asociación Madres de Plaza de Mayo
Comunicado de HIJOS
Comunicado del Frente Popular Unidad Ciudada de Tucumán
