“Yo sigo reforzando que en Chena puede seguir
habiendo cuerpos, quizás fragmentos de prisioneros que allí fueron fusilados”,
afirma a EFE Mónica Monsalves, presidenta de la Corporación Memorial Cerro
Chena, uno de esos antiguos centros de detención y tortura de la dictadura de
Pinochet (1973-1990) que 50 años después apenas ha sido investigado.
Ubicado a 25
kilómetros del corazón de Santiago, diversos testimonios aseguran que se trata
de un “cementerio clandestino” que “ocupa el espacio de dos canchas de fútbol y
está a escasos 300 metros de la carretera longitudinal sur, en la cara oeste
del Cerro Mayor”, como escribía en 1988 la revista “Análisis” en su número 217.
Un
artículo que incluía la confesión de un exagente de la Dirección de
Inteligencia Nacional (DINA) -brazo opresor de la dictadura de Augusto
Pinochet- donde retrata el horror de los crímenes cometidos en el citado cerro,
un promontorio seco de poco menos de 1.000 metros de altura visible desde una
de las autopistas que rodean Santiago.
“Los primeros cadáveres
comenzaron a llegar al cementerio clandestino en noviembre de 1973, a escasos
meses del golpe militar. Fue desde el Estadio Nacional desde donde partieron
los primeros ejecutados”, señaló entonces el exagente, identificado como Ricardo Emilio
Guzmán Bousquet, a la periodista Mónica González.
“A
altas horas de la madrugada, camiones del Ejército marca Ford, Toyota o Mack,
trasladaban hasta el recinto militar de San Bernardo su cargamento cubierto con
lona resistente”, agregó.
De
acuerdo con su testimonio, “mientras unos vigilaban la acción
metralleta en mano, otros militares cavaban las fosas. En un principio, debido
a la cantidad de muertos que llegaban, se hicieron tumbas a un metro de
profundidad. Después, se dieron órdenes de que las tumbas tuvieran como mínimo
cuatro metros”, describió.
Las cajas olvidadas de Cerro Chena
El 2002,
17 años antes de que fuera declarado Monumento Histórico y gracias al trabajo
de la magistrada Cecilia Flores, aparecieron los primeros restos que destaparon
su pasado represivo. Pequeños restos óseos llevados al tribunal, clasificados y
guardados en sobres de papel y en cajas rotuladas como “Cerro Chena”.
A partir de ahí la historia de los restos, se enreda.
El nuevo
encargado de la investigación, el juez Juan Guzmán ordena el traslado de las
cajas y los restos a la Universidad de Chile. Allí quedan apiladas y olvidadas
en una bodega que se inundó en 2014.
En febrero pasado,
agrupaciones de familiares de víctimas de la dictadura chilena conocieron, con
horror, que durante casi 23 años esos restos óseos permanecieron apilados sin
ser sometidos a pericias de identificación.
En
total, 89 cajas con restos de 300 presuntas víctimas dadas en custodia a la
Universidad de Chile en 2002. En 2019 pasaron, igualmente sin ser examinadas,
al Servicio Médico Legal (SML), incluida la rotulada como “Cerro Chena”,
explica Mónica Monsalves.
“Estas
cajas demuestran nuevamente un horror, una falta de humanidad, un desprecio.
Esto nos ha afectado mucho, yo fui testigo de esto, las cajas existen y fueron
olvidadas en el tiempo. No hay palabra para poder representar el daño que se
hizo, negligencia no es suficiente”, agregó.
Algunas
de las cajas enviadas a un laboratorio de Austria para una identificación que
los familiares esperan con ansia.
Cien ejecutados y 17 desaparecidos
Informes oficiales como el que firma la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura. Así como procesos judiciales acreditan lo que el Ejército se empeñó durante años en ocultar. En Cerro Chena se habría ejecutado a al menos 100 personas. Entre ellas campesinos y obreros ferroviarios de la Maestranza de San Bernardo, y el padre de Mónica Monsalves.
De
acuerdo a la nómina entregada por el exjefe de la DINA, Manuel Contreras, allí se encerró a 441 personas: 353 hombres y 88
mujeres. Algunas de ellas, fusiladas y llevadas en camiones al SML. Pero 17,
según registros de la Corporación Memorial, aún permanecen desaparecidas, 14
campesinos de Paine y 3 de San Bernardo.
La prioridad de las
organizaciones de derechos humanos es, ahora, que este sitio figure en el Plan
de Búsqueda de Detenidos Desaparecidos que el Gobierno de Gabriel Boric aún
elabora, que prevé despliegues en terreno para volver a revisar lugares con
posibles tumbas clandestinas.
“La
confianza que depositamos en este sistema fue un error, porque nosotros
entregamos todos los antecedentes, todos los nombres, y el Poder Judicial nos
negó saber la verdad respecto de los hallazgos que se hicieron en 2002 con
ayuda de los familiares y la colaboración de los jueces” se queja Monsalves.
“Nosotros
confiamos en ellos y esa confianza fue traicionada con el olvido”, subraya.
Fuente: EFE