El informe pericial determinó que los rastros que aparecen en el gatillo, el cargador y la empuñadura, son el detenido por el atentando contra la Vicepresidenta, lo que termina siendo una prueba relevante sobre quién empuñó el revólver, independientemente de las fotos y los videos. Foto del momento en que Sabag Montiel empuña el arma contra Cristina (Captura de video).
La justicia federal recibió
este lunes los resultados de un informe pericial que determinó el
hallazgo de ADN de Fernando André Sabag Montiel en la pistola Bersa calibre 32
que se secuestró en el mismo lugar donde se lo detuvo la semana pasada, después
de que intentara dispararle a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
La confirmación aleja de modo definitivo las versiones que ponían en duda la
reconstrucción del hecho y que afirmaban que el arma secuestrada no era la que
se veía en los videos en manos del atacante.
La información fue confirmada por fuentes de la investigación, que detallaron
que los rastros aparecen en el gatillo, el cargador y la empuñadura,
por lo que el peritaje se convirtió en un elemento más (independientemente de
las fotos y los videos) que ratifica que fue Sabag Montiel quien empuñó el arma.
La confirmación de que era su mano la que cargaba el arma ya se había logrado,
además, a través de un análisis de los tatuajes que se observan en el video del
día del hecho, en comparación con aquellos que se ven en las fotos que el
imputado había subido en redes sociales durante los últimos años.
La información se sumó a otros elementos que se incorporaron este lunes a la investigación que permanece bajo secreto de sumario,
mientras se aguarda que la jueza federal María Eugenia Capuchetti y el fiscal
Carlos Rívolo tomen declaración indagatoria a Brenda "Ámbar" Uliarte,
la novia del agresor, algo que sucedería mañana.
Uliarte se encuentra detenida en la sede de la Superintendencia de
Investigaciones Federales de la Policía Federal, en Villa Lugano, desde la
noche del domingo, cuando personal policial la interceptó en la Estación
Palermo del ferrocarril San Martín.
Hacia ese lugar de detención se dirigió este lunes el defensor oficial Juan
Martín Hermida para entrevistarse con ella.
Las fuentes judiciales confirmaron a Télam que tras la reunión Hermida se
excusó de ejercer su defensa porque la imputada tiene "intereses
contrapuestos" con el principal acusado, Sabag Montiel, a quien ya
representa.
Gustavo Kollman será el letrado de la mujer, indicaron los portavoces.
La pareja tendrá distintos abogados (Captura de video).
Aunque aún no se conocen todos los elementos de prueba que se reunieron en
relación a Uliarte, Télam pudo constatar que uno fundamental fue que los investigadores lograron ubicarla el día del hecho en las
inmediaciones de la casa de la Vicepresidenta y creen que pudo haber colaborado
con el agresor.
Mientras tanto, fuentes judiciales informaron que los investigadores analizan
alternativas para intentar recuperar la información del teléfono de Sabag
Montiel que sufrió un reseteo mientras estaba a disposición del juzgado de
Capuchetti, a la vez que la jueza podría disponer la realización un peritaje para ver que
fue lo que disparó el error que puso en riego una prueba clave.
Fuentes del caso informaron a Télam que el fiscal Rívolo propuso la realización
de una "pericia de la pericia" para poder entender de modo
acabado que fue lo que ocurrió y acreditar lo que habría sido una falla
técnica.
En paralelo, los investigadores se mostraron este lunes confiados en
poder recuperar parte del contenido del celular del imputado, sobre todo a
partir de haber conocido de casos similares en los que colegas suyos pudieron
lograr superar el inconveniente y recuperar datos valiosos, señalaron a esta
agencia fuentes de la investigación.
El teléfono de Sabag Montiel sufrió un formateo cuando se intentaba extraer
información, aunque aún no está claro cómo se produjo esa situación ni si es
achacable a quienes tuvieron el celular bajo su custodia o a los que lo
manipularon.
El teléfono fue secuestrado por la Policía Federal Argentina la noche del ataque a la vicepresidenta y de
inmediato fue puesto en una "bolsa Faraday" para garantizar su
protección y ser llevado al juzgado que intervino en el caso, según contó esta
mañana de lunes el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández.
En esas condiciones el teléfono fue llevado al juzgado de la jueza Capuchetti,
donde se firmó la recepción y se aclaró que se había respetado la cadena de
custodia: desde entonces estuvo bajo dominio del tribunal.
Fuentes judiciales informaron durante el fin de semana que en la madrugada del
viernes fueron convocados técnicos de la Policía Federal para intentar extraer
la información del celular del acusado con la tecnología con la que cuenta esa
fuerza.
Los mismos voceros aseguraron que los técnicos que manipularon el
celular lo hicieron frente a personal del juzgado al que le fueron dando cuenta
de cada uno de los pasos que se fueron dando- y que el resultado de esa
extracción fue "negativo": se sospecha que fue en estos intentos en
los que se habría producido el error.
En manos del juzgado, el teléfono quedó guardado en un sobre abierto en la caja
fuerte del tribunal, hasta que la jueza decidió enviarlo a la sede de la
Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en Ezeiza, luego de anoticiarse de que
allí contaban con tecnología más actualizada.
El traslado del celular fue realizado por la custodia personal de la jueza
Capuchetti y durante la mitad del trayecto en el auto viajó también un secretario
del juzgado, según pudo reconstruir Télam de fuentes judiciales.
El teléfono llego a la PSA el viernes a las 23 y fue recibo por un oficial
que pertenece a la oficina de Análisis Forense, de manos de personal de
custodia del juzgado Criminal y Correccional 5, junto con oficio judicial, un
sobre abierto, sin planilla de cadena de custodia, según se desprende del acta
de recepción que hizo esa fuerza. Allí también se señaló que el teléfono se encontraba encendido con error de
inicio, y con las tarjetas SIM y de memoria extraídas del slot y adheridas en
la parte posterior del equipo con cinta adhesiva.
Tras recibir el teléfono en esas condiciones, desde la PSA se comunicaron con
el juzgado para dar cuenta de ello y la repuesta que recibieron fue la de
avanzar con la labor técnica, señalaron fuentes del caso.
La información que si se pudo obtener fue aquella que estaba almacenada en
el SIM y en la tarjeta de memoria, confirmaron las fuentes judiciales, que
confiaron en obtener más datos a través de las consultas que ya formularon a
Samsung, la empresa fabricante del aparato bajo análisis.
Fuente: Telam