En el último día de su alegato final, los abogados reiteraron su reclamo de absolución para De Vido.
La defensa del exministro de Planificación Federal Julio De Vido sostuvo que la «estructura pública del Estado jamás puede ser presentada como una asociación ilícita» y que quienes acceden a su conducción «no ejecutan un plan delictivo, sino una idea política», en el juicio por el presunto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz.
«La estructura pública del Estado jamás puede ser presentada como una asociación ilícita», advirtió el abogado Maximiliano Rusconi en el alegato final del juicio en la causa Vialidad, donde postuló la absolución del ex funcionario kirchnerista, ante el Tribunal Oral Federal 2.
Durante su alegato, cuya segunda jornada comenzó hoy a las 9, el defensor aludió a un «relato» acusador elaborado por la fiscalía como una «réplica de aquel que fue instalado en los medios de comunicación monopólicos» desde 2004.
Tras exponer junto a su colega Gabriel Palmeiro y rechazar los cargos por los que la fiscalía pidió diez años de prisión a De Vido, Rusconi desestimó la existencia de una asociación ilícita y descartó el rol de «organizador» atribuido al exfuncionario.
«La estructura pública del Estado jamás puede ser presentada como una asociación ilícita y quien accede a su conducción no ejecuta un plan delictivo, sino una idea política», argumentó en relación a la causa en la que también está procesada la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, cuyo alegato final empezará el lunes próximo.
Rusconi advirtió que no debe criminalizarse «una ideología, un ejercicio de poder que llegó por el voto popular y un gobierno que claramente llegó por el voto popular y se presentó a elecciones».
En el último día de su alegato final, los abogados reiteraron su reclamo de absolución para De Vido, que tiene un pedido de condena a diez años de prisión por parte de la fiscalía como supuesto organizador de asociación ilícita y administración fraudulenta.
Por otro lado y luego que ayer el presidente del Tribunal Rodrigo Giménez Uriburu interrumpió el alegato para explicar por qué mostró un mate con el logo de un equipo de fútbol que integraba junto al fiscal Diego Luciani y que participó de un campeonato amateur en la quinta del expresidente Mauricio Macri, Los Abrojos, fuentes de la defensa evaluaron la posibilidad de recusar al magistrado.
El juicio se reanudó a las 9 con la segunda jornada del alegato vía plataforma Zoom y el primer defensor que hizo uso de la palabra, Rusconi, advirtió que se transita una época en la que «no sólo se persigue» a un sector político sino que «también se blinda, se protege a otro».
«El relato del fiscal es una réplica de aquel que fue instalado en los medios de comunicación monopólicos desde 2004 a la fecha», afirmó el defensor del ex funcionario kirchnerista.
Ante los jueces Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso, ratificó que la acusación fiscal es un «fracaso rotundo».
«En esta época, lo que sucede no sólo es que se persigue de modo denodado, falso, antinormativo, segmentado a un sector, sino que también se blinda, se protege a otro sector político», sostuvo.
Rusconi cuestionó a la fiscalía al señalar que «ha seguido un punteo bastante exhaustivo de la agenda que han establecido los medios de comunicación, pero el problema central es que no tiene correlación con las pruebas incorporadas al juicio» y agregó: «Es una gran falsedad».
«La reconstrucción honesta de lo sucedido en este juicio es un verdadero vía crucis», dijo Rusconi.
«Todos recordamos que quien empezó a hablar de sobreprecios en las obras de vivienda fue la en su momento diputada Elisa Carrió, y mi defendido Julio De Vido la querelló para que explique o aclare», agregó.
A la diputada «le fue bien, como siempre, a pesar de que ha dicho cosas escandalosas como que hacía contrainteligencia, pero ningún fiscal sintió la necesidad de investigar que significa que un diputado haga contrainteligencia».
«Se empezó a hablar de Santa Cruz en programas de televisión que mostraban falsedades», recordó y señaló que «esa misma sensación dejaron los fiscales en su relato sobre obras inexistentes y abandonadas».
«Nada se probó», advirtió el abogado, quien remarcó que «no hubo sobreprecios ni tampoco hubo otras certificadas no ejecutadas».
A su turno, tomó la palabra el codefensor Palmeiro y repasó al igual que Rusconi dichos de testigos a lo largo de casi tres años de juicio.
“No se ha podido acreditar que Julio De Vido haya estado en modo alguno en una asociación ilícita, no es organizador de ninguna banda», continuó Palmeiro sobre el rol del exfuncionario.
Los defensores recordaron que, al declarar en el juicio, el empresario de la construcción y primo del expresidente Macri, Angelo Calcaterra, sostuvo que era imposible pensar una obra pública sin «redeterminación de precios» y también que es habitual el atraso en los «plazos estipulados».
«Cómo va a decir esto Calcaterra? ¿Quién tiene la verdad? Calcaterra o la fiscalía, Y si Calcaterra mentía, por qué no hay una denuncia por falso testimonio», se preguntaron.
Los defensores recordaron también que «testigos de la Dirección Nacional de Vialidad declararon que no encontraron irregularidades, empresarios dijeron que la redeterminación de precios era en general para todas las obras», enumeraron.
Palmeiro remarcó que De Vido «no tenía injerencia» en las decisiones sobre las obras a realizarse en Santa Cruz.
Además mencionó el testimonio en el juicio del exministro de Economía Roberto Lavagna, quien afirmó que las obras viales estaban incluidas en el Presupuesto Nacional que aprueba el Congreso Nacional.
Sobre el Ministerio de Planificación Federal, los defensores sostuvieron que fue creado en el gobierno de Eduardo Duhalde.
«Duhalde firmó la creación del Ministerio y atribuyó las funciones que hoy pretenden establecer la responsabilidad a De Vido y ponerlo en el contexto de una matriz de un gobierno que vino con una idea de asociarse ilícitamente para cometer defraudaciones», cuestionaron los abogados.
La fiscalía «no cuenta la verdad concreta porque choca con la historia construida», analizó Palmeiro quien además cuestionó las alusiones de la fiscalía a De Vido vinculadas al rol como funcionaria de su esposa, Alessandra Minnicelli, sobreseída en una causa penal.
«De Vido se tiene ahora también que defender de tener una esposa. Es increíble», concluyó.
Los abogados analizaron además que las obras públicas en Santa Cruz se paralizaron durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando se dieron de baja los convenios con las provincias.
«Se venía el recambio de gobierno» y en ese marco, el macrismo lo que hizo fue «abandonar el plan estratégico territorial. Era un temor que se vio plasmado en la realidad y ello es lo que generó el abandono de obras», remarcó el abogado Palmeiro.
Ayer, Rusconi dio inicio a su exposición y consideró que, en esta causa, en la que también está imputada la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, se violaron «todas» las garantías constitucionales y que la Fiscalía construyó «un relato» para «perseguir a un sector político».
El juicio, que se realiza a través de la plataforma Zoom, seguirá el viernes con el alegato del también procesado exsubsecretario de Obras Públicas de la Nación, Abel Fatala.
El lunes de la próxima semana se prevé el inicio del alegato de la defensa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien recibió un pedido de condena de 12 años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
En el juicio se debaten las supuestas maniobras para beneficiar al empresario Lázaro Báez con adjudicaciones de obra pública nacional y otras presuntas irregularidades a través de la firma «Austral Construcciones» entre 2003 y 2015.