El obispo Carlos Ponce de León murió en 1977. Una reciente pericia demuestra que las circunstancias de su deceso no fueron un accidente, como fue caratulada la causa.
Por Lucas Schaerer
Al igual que lo sucedido con el obispo en La Rioja, Enrique Angelelli, asesinado durante la dictadura militar simulando un accidente vial, la investigación por la muerte del obispo Carlos Horacio Ponce de León, quién por aquellos años en la localidad de San Nicolás, al noreste de la provincia de Buenos Aires, se encamina a demostrar que el azar poco tuvo que ver con el incidente que terminó costándole la vida. Ponce aplicaba los preceptos del Concilio Vaticano II del que había participado como miembro de la jerarquía de la iglesia argentina.
“Mi tío salió del Concilio Vaticano II y puso en práctica los preceptos de la
doctrina social de la iglesia. Fue un trabajo eclesiástico, no agarró una
bandera política. Lo hizo desde la iglesia. Además, escribió en ese
momento un artículo en defensa del obispo Angelelli, recibía a los familiares
de los detenidos-desaparecidos y se movía para encontrarlos, por ejemplo, yendo
a las cárceles”, reflexionó María Isabel Ponce de León, sobrina del obispo,
quien desde hace muchos años venía esperando la audiencia judicial para
presentar el peritaje que la semana pasada se presentó ante la Cámara de
Apelaciones de la ciudad de Rosario, con la intención de descubrir la verdad
sobre la muerte del monseñor Ponce de León, el 11 de julio de 1977.
“Traidor a la iglesia y la patria”, así lo calificaba en informes
de inteligencia y públicamente a Ponce de León el teniente coronel
Manuel Fernando Saint Amant, fallecido en la cárcel donde cumplía la pena de
perpetua por delitos de lesa humanidad.
A la campaña de difamación sobre el obispo se sumaban acciones temerarias.
Entre ellas requisas al religioso cuando transitaba por la vía pública y el
punto culmine fue la privación de la libertad a ocho sacerdotes,
por la simple voluntad del "amo y señor" que la dictadura militar
había colocado en uno de los núcleos fabriles de mayor envergadura en
Argentina.
Los curas en las villas y barrios populares, la atención pastoral a los niños
más pobres -como organizar pastoralmente el recibimiento de los migrantes, que
llegaban de a miles a trabajar en la zona fabril-, era la tarea diaria de Ponce
de León y las razones que provocaron la calumnia. “El obispo rojo” decía
Saint Amant, y la justificación del complot en su contra que sigue impune
aunque se acaba de producir una prueba fundamental para llegar a la verdad en
el desenlace de la vida de un hombre que a los 63 años era jerarca de la
iglesia católica hasta que manejando su pequeño Renault 4 impacta con una
camioneta F-100 atravesada a modo de barricada en la ruta nacional Nº 9, que
une San Nicolás con la Ciudad de Buenos Aires.
Foto:
Archivo.
“El obispo impactó a 70 kilómetros con la camioneta casi detenida”, aseveró a
Télam Jorge Geretto, licenciado en Accidentología y Prevención Vial, quien
realizó el informe pericial presentado en la causa por la
querella, o sea la Secretaría de Derechos Humanos de Nación y Provincia de
Buenos Aires, que clama para que la carátula de la causa Ponce de León no siga
siendo accidente culposo y se convierta en Lesa Humanidad.
"La investigación pericial refiere que ninguna de las hipótesis de
investigación confirma la colisión. Por las fotos y la reconstrucción
del hecho a partir de las tres declaraciones, todas distintas entre ellas, del
supuesto conductor de la camioneta, puedo asegurar que no está comprobada o la
forma del supuesto el accidente”, afirmó Geretto quien utiliza para sus
peritajes el mismo software, llamado “PCRASH” que aplican los forenses,
investigadores, aseguradoras, automotrices y las policías científicas de
diversos países de Europa como Estados Unidos.
El perito no testificó en persona, el 1 de junio, ya que en la audiencia
judicial se transmitió un vídeo con
los planos técnicos y su voz en off que implicó 30 minutos de argumentos
técnicos gracias al análisis con el software PCRASH que permite reproducir casi
con exactitud los accidentes viales, entre vehículos, personas, animales y
construcciones entre otras funciones.
“Además del análisis pericial surgen evidencias que la camioneta no se
cruzó transversalmente, sino que estaba casi parada en la ruta ese día de densa
neblina. Tampoco se pudo verificar el tiempo de marcha que dijo el
conductor de la camioneta F-100 desde donde salió”, sostuvo el perito, quien
agregó que “no se verifica, por la simulación con ocupantes virtuales, el
movimiento de las dos personas que refieren haber estado en el vehículo al
momento del impacto dado que la camioneta F-100 carecía de cinturón de
seguridad y tanto el conductor como acompañante no tuvieron lesiones
registradas en la causa penal”. Por ende nadie cree que estuvieran sentados en sus
asientos al momento del impacto del Renault 4 que conducía el obispo
perseguido.
Los jueces de la Sala B de Apelaciones, que preside Guillermo Toledo e integran
Elida Vidal y Fernando Barbará, tienen el poder de decidir si mantienen o
revocan el fallo del juez Marcelo Bailaque, que en su momento no hizo lugar a
la nulidad por cosa juzgada irritia, o sea, dejar sin efecto la sentencia firme
del año 1978, que no contiene pruebas básicas para determinar la muerte del
obispo.
El titular de la Unidad de asistencia para causas por violaciones a los DDHH
durante el terrorismo de Estado en Rosario, el Fiscal Adolfo Villatte, junto su
auxiliar, Juan Patricio Murray, informaron en su alegato de apelación ante la
Cámara Federal que la camioneta Ford F-100 usada de barricada en la ruta era
propiedad de la firma "Agropolo S.A.", que está integrada por
miembros de la familia Bottini, uno de cuyos hermanos, Alejandro Atilio,
cumplía funciones en el Ministerio de Defensa al momento de los hechos y luego
-como personal civil de inteligencia del ejército- en la Jefatura II del
Comando en Jefe del Ejército.
Por otro lado, el fiscal federal de San Nicolás, Matías Di Lello, presentó ante
el Juez Bailaque, brindó una serie de irregularidades y falencias en la
investigación del año 1977, aún vigente, como: la ausencia de una
pericia accidentológica (que ahora sí se realizó como citamos en
párrafos más arriba), la falta de testigos del hecho, no se
realizó la autopsia sobre el obispo fallecido, y tampoco se
documentaron las múltiples y constantes amenazas de muerte que recibía Ponce de
León.
Las fuentes judiciales consultadas afirmaron a este medio que “la pericia
accidentologica, producida por el Ingeniero Geretto, de manera objetiva y
fehaciente, determina la imposibilidad de que los hechos hayan ocurrido
como los relató el conductor, Luis Antonio Martínez, y por el contrario
establece que el único modo de producción del siniestro fatal es que la
camioneta estaba detenida cruzada ex profeso de modo transversal sobre la mano San
Nicolás/Buenos Aires de la Ruta Nacional 9 y sin ocupantes”.
Los jueces de la Cámara Federal de Rosario tienen que determinar si aceptan o no la revocatoria de lo sentenciado hasta ahora.
Además, el fiscal Di Lello y Murray solicitaron a los camaristas que ordenen al juez de primera instancia que detenga e indague a quienes consideran integraron el complot contra el obispo.
Ellos son:
- Antonio Federico Bossie, quien a la fecha de los hechos era jefe de operaciones e inteligencia del Área militar 132;
- Bernardo Luis Landa, quien era jefe de logística y personal de la misma Área Militar y ayudante de Saint Amant hoy fallecido;
- Omar Andrada que ocupaba el cargo de jefe de la sección San Nicolás del destacamento de inteligencia 101;
- Luis Américo Muñoz, que era segundo jefe del destacamento de inteligencia.
- Sergio Carlos Bottini, quien fungía de acompañante del conductor de la camioneta y a
- Luis Antonio Martínez, quien cumplió el papel de supuesto conductor de la camioneta Ford F-100.
Los tiempos para conocer el fallo de los camaristas sólo Dios sabe.
Fuente: Telam