Reforma del Cabildo histórico provincial, donde funcionaba la central de la Policía jujeña, y que fue señalizado como ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio / Foto: FB HIJOS JujuyLa denuncia está vinculada a obras de demolición para la reforma del Cabildo histórico provincial, donde funcionaba la central de la Policía jujeña, y que fue señalizado como ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio.
La agrupación H.I.J.O.S. de Jujuy denunció penalmente al Gobierno provincial por “incumplimiento, en reiteradas ocasiones, de la ley de Sitios de la Memoria” y de medidas judiciales ordenadas para evitar la destrucción de un excentro clandestino de detención ilegal que durante la última dictadura cívico militar que estaba ubicado en la capital provincial.
La denuncia -a la que tuvo acceso Télam- está vinculada a obras
de demolición para la reforma del Cabildo histórico provincial,
donde funcionaba la central de la Policía jujeña, y que fue señalizado como ex
centro clandestino de detención, tortura y exterminio.
En octubre del año pasado, H.I.J.O.S. de Jujuy y otros organismos de Derechos
Humanos habían alertado sobre la decisión del gobierno de Gerardo Morales de
avanzar en la demolición de las paredes traseras del Cabildo histórico, como
parte de una iniciativa para la construcción de un museo.
A partir de dicha situación, se presentó una denuncia ante el Juzgado Federal
Número 2, por la que el 20 de enero de este año se obtuvo una resolución,
dictaminada por el juez Eduardo Hansen, que autorizó al Gobierno a realizar
obras para la recuperación y puesta en valor del espacio.
En octubre del año pasado, H.I.J.O.S. de Jujuy y otros organismos de Derechos
Humanos habían alertado sobre la decisión del gobierno de Gerardo Morales de
avanzar en la demolición de las paredes traseras del Cabildo histórico, como
parte de una iniciativa para la construcción de un museo.
No
obstante, el magistrado había determinado que se debía “preservar” en ese lugar
seis sectores de interés señalados por la Dirección Nacional de Sitios de
Memoria.
“La Ley Nacional 26.991 establece que todo proyecto que se lleve a cabo en un
sitio de memoria debe ser consultado y avalado por los organismos de DDHH. Sin
embargo, y a pesar de haber llevado adelante una serie de reuniones, el
gobierno avanzó en la destrucción sin consultar ni a la justicia, ni a los ente
de aplicación de dicha ley, menos aún a los organismos, y destruyó lo poco que
había dejado en pie”, indicaron desde H.I.J.O.S. Jujuy a través de un
comunicado en el que se daba cuenta de esta nueva presentación.
Además, desde la agrupación señalaron que la ley de Sitios de Memoria "es
una conquista de los organismos de DDHH, que esperaron pacientemente durante
décadas los procesos de Memoria, Verdad y Justicia", que permitieron el
rescate de lugares que tienen "un valor probatorio y simbólico
trascendental" para las investigaciones por delitos de lesa humanidad.
“Tanto daño cometido por el Gobierno provincial, que los hechos demuestran, sin
lugar a duda dan cuenta que sólo hay una explicación: el fondo de la cuestión
es ideológico”, concluyeron.
La denuncia penal fue realizada contra la secretaria de Derechos Humanos de
Jujuy, Marcela Infante; el director de Arquitectura, Horacio Calsina; el
ministro de Infraestructura, Carlos Stanic; y el Gobernador Gerardo Morales.
En
la presentación se expone el incumplimiento de la ley de Sitios de Memoria por
parte del gobierno de Morales, que -se asegura- era "complemente
consciente del daño agravado que se cometía" al no acatar la resolución del
juez Hansen.
En tal sentido, se detalla que durante el mes de mayo se llevó adelante un
recorrido en el sitio y se visualizó que, entre otras cuestiones, que "no
estaban perimetrados los sectores que debían a preservarse" en función de
su valor probatorio.
En la denuncia de Hijos se afirma además que las tareas se llevaban adelante en
el Cabildo Histórico fueron ejecutadas por obreros que carecían de protocolos
de actuación en caso de hallarse restos óseos.
Hijos aseguró también que la Dirección Nacional de Sitios "había
presentado en abril un informe técnico con recomendaciones sobre criterios y
protocolos de preservación del lugar, pese a lo cual, evidentemente, las
conductas delictivas no cesaron".
Fuente: Telam