Cristina
Kirchner cuestionó a Bertuzzi de haberla acusado del "disparate
jurídico" de ser jefa de cuatro asociaciones ilícitas y de haber sido
nombrado a dedo por Macri.
Es llamativa la elección de un magistrado al que la expresidenta cuestionó públicamente.
La sala II de la Cámara Federal porteña convocó a un tercer juez para
resolver un planteo de sobreseimiento de la vicepresidenta Cristina Fernández
de Kirchner en la causa por supuesto lavado de dinero en la que se
condenó al empresario Lázaro Báez y otros acusados.
La sala II del Tribunal de Apelaciones convocó a un miembro de la sala I, Pablo
Bertuzzi, ante los votos con diferente criterio de los dos jueces que resuelven
en la causa, Eduardo Farah y Mariano Llorens, informaron fuentes
judiciales.
Bertuzzi tendrá que desempatar entre sus dos colegas.
Es curioso que hayan designado justamente a ese magistrado, a quien la vicepresidenta
acusó en más de una oportunidad de tener animosidad contra su persona y de
haber sido nombrado a dedo por Mauricio Macri.
El planteo de sobreseimiento de la expresidenta está bajo análisis del Tribunal
de Apelaciones tras ser rechazado por el juez de la causa, Sebastián Casanello,
luego de la oposición a concederlo por parte del fiscal Guilermo Marijuan.
La expresidenta tiene falta de mérito en el caso
La defensa presentó el planteo de sobreseimiento y advirtió que existe una
"incesante campaña de persecución política" y que en la causa no hay
"evidencia alguna" de una "eventual participación" de la
vicepresidenta en alguna maniobra de lavado de activos.
Báez fue condenado a 12 años de prisión al término de un juicio oral por
supuesto "lavado de dinero" en el que también hubo condenas para
otros acusados, en un veredicto que ahora está bajo revisión en la Cámara
Federal de Casación.
Casanello tiene aún abierto un tramo de la investigación en el que está
imputada la expresidenta, quien fue indagada en el caso por orden de la Cámara
Federal y luego se le dictó la falta de mérito.
Un árbitro polémico
Pablo Bertuzzi fue designado juez para desempeñarse en el TOCF N°1 de La
Plata, luego fue trasladado al TOCF N°4 de la Capital Federal -jurisdicción
diferente para la que había obtenido acuerdo del Senado- y desde allí, el 19 de
septiembre de 2018, fue trasladado a la Sala I de la Cámara Federal porteña, a
pesar de que existía un concurso en trámite destinado a cubrir las vacantes en
esa Cámara (concurso 412)".
Las vacantes se debían cubrir en el marco del concurso que se encontraba en
trámite y donde se habían presentado más de noventa aspirantes, pero el Poder
Ejecutivo cubrió esa vacante sin concurso, trasladando a Bertuzzi a un Tribunal
con distinta competencia en razón de la materia, del grado y con una función
diversa".
La marcha atrás
En septiembre de 2020, el gobierno nacional dejó sin efecto,
a través de tres decretos, los traslados de los camaristas Leopoldo Bruglia,
Pablo Bertuzzi y Germán Castelli.
Como parte del trámite, el Consejo de la Magistratura notificó a la Cámara
Federal de Casación, autoridad administrativa de los jueces federales, la
decisión del Senado de suspender los traslados dispuestos en 2018 por un
decreto del entonces presidente Mauricio Macri.
El decreto 750/2020, que deja sin efecto el 278/2018, establece que el traslado
de Bruglia del Tribunal Oral Federal 4 de la Capital Federal a la sala I de la
Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal "no había completado
el procedimiento" previsto en la Constitución Nacional, "ni se
ajustaba a los parámetros estatuidos por la Corte Suprema en las Acordadas 4/18
y 7/18".
De la misma forma, el decreto 751/2020 suspende el 902/18, que dispuso el
traslado del juez Germán Castelli del Tribunal Oral Federal 3 de San Martín, en
la provincia de Buenos Aires, al Tribunal Oral Federal 7 de la Capital Federal.
Finalmente, el decreto 752/2020 deja sin efecto los 438/10 y 835/18 que
dispusieron el traslado del juez Pablo Bertuzzi del Tribunal Oral en lo
Criminal 1 de La Plata al Tribunal Oral en lo Criminal Federal 4 de la Capital
Federal, y de éste a la sala I de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional
Federal.
Entre sus fundamentos, el Ejecutivo señaló que la Constitución establece
"un único mecanismo para el nombramiento de los jueces federales" en
base a "una propuesta vinculante en terna del Consejo de la Magistratura,
con acuerdo del Senado, en sesión pública".
Fuente: Telam