Solicitada de organizaciones de la sociedad civil que exhortan "al secretario de Energía, al ministro de Economía y al presidente de la República a evitar un nuevo aumento tarifario contra el bolsillo ciudadano".
El texto del documento fue dado a conocer ayer y en él se expresa la preocupación de numerosas organizaciones gremiales y sociales sobre aumentos tarifarios de los servicios esenciales. Si bien el tenor de la nota está sostenido por organizaciones nacionales mayoritariamente, la misma refleja la preocupación del argentino medio:
El conjunto de
organizaciones de la sociedad civil organizada más abajo firmantes expresamos
nuestra preocupación y rechazo a la propuesta de quita de subsidios, con el
consecuente aumento en las tarifas de los servicios públicos de gas natural por
redes y de energía eléctrica que se discutirán en las audiencias públicas a
realizarse del 10 al 12 de mayo.
Señalamos que para
determinar el valor de las tarifas primero es preciso conocer y revisar a fondo
cuáles son los costos de producción de gas y de generación de electricidad.
Quitar subsidios para realizar un aumento de tarifas sin analizar de forma
minuciosa los costos reales de las empresas implica consolidar una política que
ha sido perjudicial para el pueblo argentino.
Desde el inicio de su
presidencia, Mauricio Macri aplicó los tristemente célebres tarifazos que
consistieron en la dolarización de los precios del gas y la electricidad, en
aumentos exorbitantes de los segmentos de transporte y distribución más la
quita de subsidios estatales. Ello generó una fabulosa transferencia de
recursos desde la ciudadanía y el aparato productivo hacia un pequeño puñado de
empresas.
¿Y los costos? “Me
resisto a contestar esa pregunta”, dijo en agosto de 2016 ante un plenario de
comisiones en la Cámara de Diputados el entonces ministro Aranguren cuando se le
consultó por el costo de producción del gas en boca de pozo. Esa política
generó que las energéticas multiplicaran sus ingresos hasta por veinte en el
período macrista mientras el ingreso ciudadano se multiplicó apenas por tres.
Todas esas ganancias se
generaron mientras se producía un fenomenal deterioro en el poder adquisitivo
de las familias, en el entramado productivo PYME y en los niveles de actividad
económica en general.
Y así seguimos hasta
hoy, sin que el Gobierno pueda determinar los costos de producción y de
generación de gas y electricidad, necesarios para poder establecer una política
eficiente de subsidios. Sin embargo, las empresas del sector continuaron
teniendo grandes ganancias durante la pandemia del Covid-19 que padecieron
nuestro pueblo y los sectores productivos.
Es en ese contexto que
llega el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. En el Memorando de
Políticas Económicas Financieras el Estado Argentino se compromete a una
reducción significativa de subsidios. Pero no se aborda la cuestión de los
costos ni de las ganancias extraordinarias del sector. Simplemente se expone la
necesidad de recortar subsidios sobre la población, para que asumamos un mayor
costo en nuestras tarifas.
El conjunto de las y los
argentinos hoy nos vemos obligados a pagar una enorme deuda al FMI. Ese
endeudamiento con el Fondo es el que utilizaron las principales empresas del
sector energético para formar activos en el exterior, siendo el segundo sector
de la economía en girar divisas fuera del país, de acuerdo al informe oficial
que emitiera en el 2020 el BCRA. Financiaron la fuga de capitales con el
préstamo que hoy condiciona a la sociedad en su conjunto.
Es necesario que un área
fundamental para el desarrollo de la vida como es el sector energético no concentre
sus ganadores en un pequeño puñado de compañías, con millones de pobres con
tarifas inaccesibles. Tampoco su alternativa es una excesiva cuenta de
subsidios estatales. Sea el Estado por subsidio, o el ciudadano por tarifa, se
debe pagar por la energía un valor razonable, con niveles de ganancias
razonables. Y en el actual marco de restricciones externas, quienes más deben
aportar es quienes están en mejores condiciones de absorber los impactos.
Sólo en este contexto se
podrán equilibrar las cargas y poder compatibilizar el esfuerzo fiscal a través
de los subsidios y el esfuerzo ciudadano con el pago de tarifas justas y
razonables, donde las empresas del sector tengan ganancias igualmente justas y
razonables y no las ganancias extraordinarias como las obtenidas durante los
últimos años.
Por eso, exhortamos al secretario de Energía, al ministro de Economía y al presidente de la República a evitar un nuevo aumento tarifario contra el bolsillo ciudadano. Lo contrario significaría un retroceso en la política de recomposición de ingresos a los sectores medios y populares que el Gobierno intenta llevar a cabo para morigerar los efectos de la inflación en los bolsillos de las y los argentinos.
Firmantes:
Suscriben la solicitada los más de
140 gremios nucleados en la Corriente federal de trabajadores CGT, CTA de los
trabajadores, Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME), Instituto
Movilizador de Fondos Cooperativos (IMFC), Centro de Estudios para la Promoción
de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS), Cámara de Empresarios Bonaerenses para
el Fortalecimiento de las Cadenas de Valor (FOCAVA), Foro Argentino de Radios
Comunitarias (FARCO), Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO), Asociación de
Defensa de los Derechos de los Usuarios (ADDUC), Instituto de Energía
Scalabrini Ortiz (IESO), Asociación Civil Argentina de Electrodependientes, La
Protectora, Asociación de Empresarias y Empresarios Nacionales para el
Desarrollo Argentino (ENAC), Liga de Consumidores (LIDECO), Frente Productivo
Nacional, Federación Asociativa de Diarios y Comunicadores Cooperativos de la
República Argentina (FADICCRA), Asociación de Trabajadores de la Industria
Lechera de la República Argentina General Rodríguez (ATILRA GRAL. RODRÍGUEZ),
Unión de Usuarios y Consumidores, Red Nacional de Multisectoriales, Fundación
Amadeo Capital Humano, Asociación Civil Inquilinos Argentinos por un Techo
Digno, Sindicato de Inquilinos Trabajadores de Chubut, Ciudadanos de Córdoba
Contra el Tarifazo, Estudios Integrales Asociados Cooperativa de Servicios
Limitada (EIAs Coop), Consumidores Responsables, Centro de estudios de los
servicios públicos y el medio ambiente (CESPMA), Consumidores Argentinos,
Asociación civil por la Inclusión Energética, Instituto de Políticas Públicas
para el desarrollo regional (IPP), Mesa Empresaria Justicialista, Frente
Milagro Sala, Corriente Política 17 de Agosto, PyMeSur, Comunidad Federal
Inquilina y No Propietaria, Movimiento la Ciudad Somos Quienes la Habitamos,
Abogados por la Justicia Social LPBE (AJUS), Corriente Agraria Nacional y
Popular (CANPo), Centro de Estudios Agrarios (CEA), Fundación Acción para la
Comunidad, Unión Nacional de Clubes de Barrio, Observatorio de Energía, Ciencia
y Tecnología (OECyT), Pueblo y Ciencia, Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas
(MNER), Corriente Peronista 13 de abril.