Las actualizaciones
tarifarias que serán motivo de las primeras dos audiencias, buscarán
impulsar un esquema dirigido a "proteger aquellos sectores más vulnerables
y con menor capacidad de pago".
POR IGNACIO ORTIZ
La franja de 10% de usuarios de mayores ingresos y con plena capacidad de pago dejarán de ser beneficiarios de subsidio al consumo energético.
El Gobierno nacional llevará adelante a partir del martes tres
audiencias públicas sucesivas para la definición de los nuevos precios que estarán vigentes a
partir del 1 de junio del gas natural a boca de pozo, del costo estacional de generación
eléctrica y la segmentación de tarifas que le permita reducir el peso de los
subsidios energéticos en las cuentas públicas.
De esta manera, se inicia el proceso de actualización tarifaria definido por el
Poder Ejecutivo en el programa económico, que apunta a lograr "niveles de
tarifas razonables y susceptibles de ser aplicadas con
criterios de justicia y equidad distributiva" para los servicios
públicos de gas y electricidad, tal como expresó la Secretaría de Energía en la
convocatoria a las audiencias.
El ministro de Economía, Martín Guzmán, afirmó el viernes pasado, en
Salta, que la energía es "un costo muy importante en la producción: si se
acelera el desarrollo energético bajan los costos de la producción, si bajan
los costos de la producción nuestra industria se vuelve más competitiva y tiene
más capacidad de generar empleo con menos demanda de divisas".
En la primera de las audiencias públicas convocada para el martes -a partir de
las 10-, que se llevará a cabo a través de la Plataforma Webex, se discutirán
los nuevos precios en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST).
El miércoles, por su parte, se tratarán los nuevos precios de referencia
estacionales del Precio Estacional de la Energía Eléctrica (PEST).
En tanto, el jueves se debatirá la implementación de la segmentación
en el otorgamiento de los subsidios al precio de la energía por parte
del Estado Nacional a los usuarios del servicio de gas natural y del servicio
de energía eléctrica, para el bienio 2022-2023.
En este aspecto, Guzmán consideró que "los subsidios energéticos a
sectores que no lo requieren: eso es un gasto. ¿Qué implica gastar más en eso?
Implica gastar menos en educación, implica gastar menos en ciencia y tecnología
y obra pública. Gastar más en subsidios energéticos implica invertir menos.
Inversión es futuro. Ese gasto quita recursos para construir futuro".
Por ello, el Gobierno propone abordar los subsidios mediante la segmentación
por capacidad de pago, reducirlos significativamente en los sectores de más
altos ingresos para resolver en simultáneo "el sesgo pro rico y las
ineficiencias derivadas tanto en el consumo residencial de esos sectores como
las ineficiencias del gasto público".
En cuanto a las actualizaciones tarifarias que serán motivo de las primeras dos
audiencias, buscan impulsar un esquema dirigido a "proteger aquellos
sectores más vulnerables y con menor capacidad de pago", e incentivando a
su vez la "adopción de medidas que promuevan al uso racional de los
servicios y la reducción del impacto ambiental".
Para los usuarios residenciales se considerará como criterio objetivo una
"corrección tarifaria relacionada a la evolución de sus ingresos",
representado por el coeficiente de variación salarial (CVS), como lo establecía
la Ley N° 27.443, frustrada por el veto total impuesto por la administración
Cambiemos.
El Gobierno propone abordar los subsidios mediante la segmentación por
capacidad de pago, reducirlos significativamente en los sectores de más altos
ingresos
Para el 90% de los usuarios residenciales, este mecanismo garantiza que las
actualizaciones tarifarias siempre sean inferiores a los aumentos salariales,
implicando correcciones en sus facturas menores que el incremento de los
ingresos en términos reales.
De esta manera, el esquema propuesto por la Secretaría de Energía para el
bienio 2022-2023 contempla que los usuarios de gas beneficiarios de la tarifa
social no tendrán otro incremento en su factura este año, y para el 2023, esa
corrección será equivalente a 40% del CVS del año anterior.
En tanto, para los beneficiarios de tarifa social de las distribuidoras
eléctricas Edenor y Edesur, la nueva corrección tarifaria para 2022 no
superará 6%.
Para el resto de los usuarios, el incremento total en la factura para cada año
calendario será equivalente al 80% del Coeficiente de Variación Salarial
correspondiente al año anterior.
En función de este esquema, para 2022 y considerando la actualización tarifaria
realizada en marzo, el incremento propuesto para junio será en promedio de 17%
para las tarifas de electricidad de los usuarios del AMBA, y de 21,5% promedio
sobre el valor actual de la factura para los usuarios de gas de todo el país.
Por último, la franja de 10% de usuarios de mayores ingresos y con plena
capacidad de pago dejarán de ser beneficiarios de subsidio al consumo
energético.
El cruce de la información abordó lo disponible por empresas distribuidoras,
entes y autoridades regulatorias de electricidad y gas natural de red
residencial disponible en el Sistema de Identificación Nacional Tributario y
Social (SINTyS) sobre ingresos y patrimonio.
Si se toman como referencia los suministros, en este segmento se incluirían
hasta 1.631.846 usuarios del servicio eléctrico que representan el 10,1% del
universo relevado, y 1.178.248 suministros de gas residencial que representan
el 12,9%, de acuerdo al informe oficial.
En cuanto al nivel de ingresos y la afectación de la eventual eliminación de
subsidios, el informe analizó que el decil superior recibió en 2021 un subsidio
promedio en electricidad de $49.452, y en gas natural de $ 23.312, por lo cual
con un ingreso por hogar promedio de $3.258.861 al año, el pago pleno de los
servicios tendría un impacto de 1,5% y 0,72%, respectivamente.
A estas cifras, la cartera energética llegó mediante la evaluación de
alternativas para la asignación de subsidios basadas en aspectos
socioeconómicos como el consumo de energía, el nivel de ingresos y el
patrimonio; o a variables geográficas-espaciales asociadas al valor de la
propiedad y la urbanización.
Así, en el segmento de menor nivel de subsidios la definición se define por
alguno de los criterios espaciales vinculados a estar ubicado dentro de
polígonos de alta capacidad de pago o estar en el registro de urbanizaciones
cerradas.
En cuanto a los criterios socioeconómicos, se identificó la condición de tener
ingresos superiores a 3,5 canastas básicas totales (CBT); tener 3 o más
inmuebles registrados; tener 3 o más vehículos con antigüedad menor a los 5
años y tener aviones o embarcaciones de lujo.
En el caso del segmento de mayor nivel de subsidios, la inclusión se podría
definir por estar ubicado dentro de polígonos identificados por el Registro
Nacional de Barrios Populares (Renabap) o entre los criterios socioeconómicos
ser jubilado, pensionado o trabajadores en relación de dependencia o
monotributistas que perciban una remuneración bruta menor o igual a dos
salarios mínimos, vitales y móviles.