Se trata de una megacausa en la que se juzga la responsabilidad de 30 imputados -entre los que se encuentran policías y militares- por la comisión de delitos de lesa humanidad cometidos entre 1975 y 1983 en el centro clandestino de detención. Foto: Julio Pantoja. El Tribunal Oral Federal (TOF) de Tucumán.
El Tribunal Oral Federal (TOF) de Tucumán resolverá la fecha en la que se iniciará el juicio de lesa humanidad de la denominada causa Jefatura III, el decimoquinto proceso de este tipo que se desarrollará en la provincia y en el cual se investigarán crímenes perpetrados en perjuicio de 237 víctimas durante el Operativo Independencia y la dictadura militar instaurada con el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.
El miércoles último se realizó la audiencia preliminar destinada a establecer,
entre las partes, un acuerdo referido al desarrollo del juicio, en la que el
tribunal propuso el inicio del debate luego del receso invernal y que las
audiencias se realicen lunes y martes, con jornadas prolongadas desde las 9, y
semana de por medio.
Los fiscales y las querellas solicitaron adelantar el inicio y que las
audiencias tengan lugar con más periodicidad, un pedido que el TOF analizará y
resolverá durante esta semana a través de una comunicación que remitirá a las
partes, según indicaron fuentes judiciales.
Se trata de una megacausa en la que se juzga la responsabilidad de 30
imputados, entre los que se encuentran policías y militares, por la
comisión de delitos de lesa humanidad cometidos entre 1975 y 1983 en el centro
clandestino de detención que funcionaba en la Jefatura de Policía de Tucumán
y que tuvo como víctimas a 237 personas.
El Tribunal está integrado por Carlos Jiménez Montilla y por los jueces
subrogantes Abelardo Jorge Basbús y Enrique Lilljedahl, que escucharán a lo
largo del debate a más de 300 testigos.
Actúan en la causa como acusadores el Ministerio Público Fiscal y las querellas
particulares representadas por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y
la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Tucumán (Fadetuc).
En tanto, uno de los imputados, Luis Rolando Ocaranza, cuenta con una abogada
particular que llevará adelante su representación, mientras que los restantes
son asistidos por el Ministerio Público de la Defensa.
Los hechos que se debatirán integran la tercera parte del universo procesal de
Jefatura de Policía de Tucumán.
Los hechos
Estos crímenes tuvieron como epicentro los centros clandestinos de
detención que funcionaron en la sede de la Jefatura y en las instalaciones del
ex Ingenio Nueva Baviera, que había cerrado sus puertas a la producción
azucarera en 1966.
Las pruebas recogidas dan cuenta de la intervención de la Brigada de
Investigaciones, las sedes de las unidades regionales Capital y Oeste y las
comisarías de casi todo el territorio provincial.
En efecto, Tucumán contaba entonces con 80 comisarías y al menos 32 de ellas
fueron escenario de los delitos descriptos por la Fiscalía.
"En todos los hechos se ha probado la participación de personal de alguna
de las reparticiones del Departamento de Policía de la Provincia de
Tucumán", señalaron los encargados de impulsar la acción penal en 2015.
La causa
Los imputados, se trata de autores mediatos, autores directos, partícipes
necesarios y partícipes secundarios, según el caso.
"Se les enrostra, ante todo, el haber tomado parte, a sabiendas, de una
macro-organización delictiva montada sobre el aparato estatal para ejecutar un
plan represivo con diferentes niveles de ilegalidad", indicaron.
Cada uno de ellos "cumplió roles claramente asignados tanto en el esquema
formal como en el clandestino de represión de opositores políticos, haciendo
cumplir o cumpliendo órdenes ilegales desde sus posiciones en las distintas
fuerzas armadas, de seguridad y policiales", según se explica en la
elevación a juicio elaborada por el Ministerio Público Fiscal.
Las imputaciones son por los delitos de:
- violación de domicilio,
- privación ilegítima de la libertad con apremios y/o vejaciones y
- torturas agravadas por la condición de perseguidos políticos de las víctimas.
- homicidio triplemente agravado por haberse realizado con alevosía, el concurso de dos o más personas y con la finalidad de conseguir impunidad,
- violación agravada por producir graves consecuencias a la salud de la víctima y ser realizada con el concurso de más de dos personas,
- abuso deshonesto,
- asociación ilícita,
- aborto,
- reducción a la servidumbre y
- extorsión.