El organismo que integran Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay definió recomendar a los parlamentos la creación de una instancia de revisión de causas presuntamente armadas para la persecución política. “El lawfare está escrito en los manuales de guerra”, advirtió el representante argentino Gastón Harispe.
Por Néstor Espósito
En la misma
sesión en la que el ex integrante de la “mesa judicial” del gobierno de
Cambiemos Fabián “Pepín” Rodríguez Simón desafió con su presencia al pedido de
detención internacional que le formuló la jueza María Servini, el Parlamento
del Mercosur aprobó una declaración de interés para recomendar a todos los
parlamentos de los países miembros que creen una instancia de revisión de
causas consideradas como parte del lawfare.
Casi como
una paradoja, el Parlasur discutió y aprobó una Propuesta de Declaración sobre
Legislación, que propone “la revisión en casos de aplicación del derecho
penal en violación de garantías constitucionales, y en situación de riesgo de
pérdida de la imparcialidad por razones políticas o ideológicas”.
Si bien la
norma aprobada no tiene efectos vinculantes que obliguen a los parlamentos de
los países miembros a tratar la creación de la instancia de revisión, sienta un
antecedente único: es el primer proyecto anti lawfare en la región.
Se trata de un organismo que
integran representantes de la Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay se permitió
hablar de causas armadas artificialmente, comparar sus técnicas con
procedimientos de guerra e incluso proponer juristas que podrían integrar esos
órganos revisores.
El
parlamentario Gastón Harispe, representante argentino por el Frente de Todos,
fundamentó el proyecto en que “el lawfare está escrito en los manuales de
guerra, es una combinación entre aparato judicial y la técnica de la guerra, un
acuerdo tripartito, una connivencia entre tres partes que se han generado --en
algunos países de la región-- entre
sectores del poder judicial, de los medios de comunicación y la política”.
“El lawfare
ha servido para imponer desde el Estado una política de aniquilamiento en
términos de guerra o de sometimiento de sectores de la oposición”, añadió
Harispe, presidente de la Comisión de Ciudadanía y Derechos Humanos del
Parlasur.
Tras una
discusión que pasó más por cuestiones de técnica parlamentaria que por un
debate de fondo sobre la existencia misma del lawfare, la iniciativa fue
aprobada por 40 votos sobre un total de 46 representantes presentes.
El artículo
primero de la norma “declara de interés la propuesta de legislación que propone
la revisión de casos de aplicación del derecho penal en violación de garantías
constitucionales y en situación de riesgo de pérdida de la imparcialidad por
razones políticas e ideológicas”.
¿Qué
significa eso? La recomendación para la “inclusión en los Códigos de la
legislación penal en cada uno de los países” de este concepto, antiguo en el
mundo pero relativamente nuevo en la región, que fungió como herramienta para
la persecución política, incluyendo el encarcelamiento de opositores.
“Este
concepto se ha desarrollado en los últimos años. Es la utilización de
procedimientos jurídicos como armas de guerra. La región tiene casos notorios
de encarcelamiento y persecución”, ejemplificó Harispe.
Los
parlamentarios del Mercosur imaginan una instancia en la que una suerte de
tribunal revisor, constituido por dos salas, que “ante condiciones o sospechas
de que existieran mecanismos anticonstitucionales que violaran las garantías
procesales” disparara “mecanismos que puedan dar cuenta de la revisión de las
condenas”.
La condición
es que las condenas no estén firmes, el objetivo, evitar la prolongación de
las consecuencias de la persecución mientras transcurren los largos tiempos de
un proceso judicial.
Harispe
propuso, a modo de ejemplo, que esa instancia revisora podría estar integrada
por juristas como el argentino Eduardo Barcesat o la brasileña Carol Proner.
Justamente
un representante brasileño, Fabiano Contarato, fue el mayor defensor de la
iniciativa: “Entiendo que el lawfare viola la Declaración Universal de los
Derechos Humanos. El juez debe estar equidistante entre las partes. Cuando un
juez puede vulnerar el principio de imparcialidad estamos ante una situación
muy grave”.
El proyecto
establece que “la revisión de la sentencia que no ha adquirido firmeza procede
en todo tiempo y únicamente a favor del imputado por la expresión de motivos
que deberían ser demostrables en un escrito:
·
la limitación de las garantías constitucionales,
·
la publicación en medios que afecten la presunción de inocencia,
·
el cumplimiento de los plazos procesales que se estiran en uso y abuso de
la persecución,
·
el abuso de la prisión preventiva ,
·
la regulación del testigo protegido y del arrepentido,
·
designaciones y direccionamiento de los sorteos de jueces y la arbitrariedad
en la designación de juzgados,
·
la intromisión de funcionarios del Poder Ejecutivo,
·
la afectación de la independencia de jueces y la autonomía del Ministerio
Público Fiscal, l
·
la inobservancia de normas procesales con fines de
persecución política”.
Fuente: https://canalabierto.com.ar/2022/04/08/el-parlasur-impulsa-el-primer-proyecto-anti-lawfare-de-la-region/
Imagen: https://www.celag.org/lawfare-o-lawfear-la-guerra-judicial-y-el-miedo/