La iniciativa tiene como principales ejes la búsqueda de un crecimiento sostenible e inclusivo en el tiempo, la lucha contra la inflación, el logro de una estabilidad cambiaria y la reducción del financiamiento monetario, entre otros puntos.
El acuerdo alcanzado por el Gobierno argentino con el Fondo Monetario
Internacional (FMI) tiene como principales ejes la búsqueda de un crecimiento
sostenible e inclusivo en el tiempo, la lucha contra la inflación, el logro de
una estabilidad cambiaria, la reducción del financiamiento monetario, políticas
de precios e ingresos, la reducción del déficit fiscal, los subsidios que se
destinan a las tarifas del sector energético y la potenciación de las
exportaciones, la inversión y la productividad.
Desde el Palacio de Hacienda subrayaron que el entendimiento reconoce la
importancia de "impulsar políticas de crecimiento y
resiliencia" para abordar los "cuellos de botella de largo
plazo" y sentar las bases de un "crecimiento más sostenible e
inclusivo" en el tiempo.
Estas políticas tratarán de "potenciar el crecimiento y la diversificación
de las exportaciones; la inversión y la productividad; el desarrollo económico
local y regional; el empleo formal y la inclusión laboral que incluya
perspectiva de género; mejoras en la eficiencia y la sostenibilidad del sector
energético; las políticas de mitigación y adaptación ambientales y; el
desarrollo más amplio de los mercados de capitales", se planteó.
Inflación y tipo de cambio
También se coincidió en que la inflación es un "fenómeno multicausal"
que debe ser abordado desde un "enfoque integral" y que la condición
necesaria para consolidar la desinflación es mantener un "proceso de
acumulación de reservas".
Por ello, el programa refuerza el compromiso de "estabilidad
cambiaria", descartando movimientos bruscos y estableciendo que la
administración cambiaria buscará asegurar la compatibilidad a mediano plazo del
tipo de cambio real con el objetivo de acumulación de reservas.
Al mismo tiempo, se avanzará en una "consolidación fiscal progresiva"
que reduzca el déficit fiscal, en el marco de la "recuperación de la
actividad económica" y una "reducción gradual del financiamiento
monetario" del mismo, así como también de un marco de implementación de la
política monetaria que redunde en "tasas de interés reales positivas"
para fortalecer la demanda de activos en pesos.
Precios y tarifas
También este proceso será acompañado por "políticas de precios e
ingresos" que contribuirán a "anclar expectativas en pos de una
desinflación gradual" junto a una continuidad de la "recuperación de
los ingresos reales".
Para lograr niveles de tarifas de los servicios públicos de gas y electricidad
"razonables y susceptibles" de ser aplicadas con "criterios de
justicia y equidad distributiva", contempla un esquema de
"segmentación de subsidios" que enfoque los esfuerzos del Estado
Nacional en aquellos usuarios vulnerables y con menor capacidad de pago.
En forma complementaria, se desarrollará un "plan energético de mediano
plazo" para incentivar la inversión privada y pública para aumentar la
generación y transmisión de energía, reducir las pérdidas en el segmento de
distribución, mejorar la eficiencia del consumo energético y la conservación
del recurso, fortalecer la focalización y la progresividad de los subsidios
energéticos y asegurar que las tarifas reflejen los costos.
El entendimiento, cerrado por el presidente Alberto Fernández y el
ministro de Economía, Martín Guzmán, será elevado en las próximas horas al
Congreso e incluirá como anexos la totalidad de los
documentos que conforman el acuerdo, esto es, el Memorándum de Políticas
Económicas y Financieras y el Memorándum de Entendimiento Técnico, precisó en
un comunicado el Palacio de Hacienda.
Desde el Palacio de Hacienda precisaron que la iniciativa -que lleva como
título "Acuerdo para el Refinanciamiento de la Deuda entre la República
Argentina y el Fondo Monetario Internacional”, ingresará al Parlamento en los
términos de la ley 27.612 de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda
Pública -impulsada por el Gobierno Nacional- que establece que, entre otras,
que todo programa realizado con el organismo multilateral requerirá de una Ley
del Parlamento que lo apruebe expresamente.
Fuente: Telam