Conflictos por el acceso al agua, reclamos de pueblos originarios y otros roces, mostraron la punta de un iceberg: la propiedad de grandes extensiones en manos de empresas y particulares que se autoexcluyen de las leyes argentinas. ¿Qué hay tras los terratenientes extranjeros?
POR GABRIEL SÁNCHEZ SORONDO
“La
tierra no crece, y por eso cada día valdrá más; hay que comprar tierra”,
aconsejaba el capo mafioso Tony a su hijo en una recordable línea de la serie
Los Soprano. A esa dicha certeza se le suman variables muy actuales: el acceso
al agua, el mercado de los commodities (alimentos, combustible, energía) e
intereses estratégicos de los Estados intervienen en la puja territorial en
nuestro continente y, con mayor intensidad aun, en Argentina.
A comienzos de febrero, cuando una comitiva osó penetrar el camino público que
conduce a Lago Escondido, personal del empresario Joseph Lewis –que se arroga
poder de policía en la zona– agredió a los visitantes, entre ellos a un funcionario que debió ser evacuado en
helicóptero. Lewis, lejos de disculparse, subió la apuesta: invitó horas después al mismísimo
Mauricio Macri (“su amigo” según el expresidente) a la
mansión sureña. Fue en el día de San Valentín y, aunque ambos cumplen años en
febrero, resulta difícil suponer que el meeting responda al amor mutuo.
¿De qué hablaron? No se sabe, pero el encuentro triangular se completó con el
potentado Árabe Yasir Al-Rumayyan, involucrado por varios medios en el
asesinato del periodista Jamal Khashog en 2018 y Gobernador del Fondo de
Inversión Pública de Arabia Saudita. Mostrarse en Lago Escondido: todo un
oxímoron y un mensaje. La exposición voluntaria de una realidad paralela con
leyes propias donde la idea de nación o Estado no rige.
Normas que no se cumplen y testaferros rabiosos son parte de las batallas
secretas por la tierra que libran los megadueños a través de presidentes
locales “amigos” o gobernadores que hacen la vista gorda.
El hombre del rifle
Nicolás Van Ditmar se ganó algunas denuncias oficiando de portero a las órdenes de Lewis. Como testaferro y administrador de Hidden Lake S.A. Van Ditmar, también director y dueño del 1% de las acciones, supo oportunamente reproducir los valores de su jefe a viva voz: “La justicia por mano propia muchas veces es el camino; todos los empleados vamos a pelear por la propiedad privada con sangre si hace falta” había confesado en su encendido discurso el 28 de marzo de 2011, frente a los tribunales de Viedma, disconforme con un fallo adverso (uno de los tantos) según el cual debía liberarse el acceso al Lago.
Un cartel
desconcertante: un libre acceso que en los hechos no lo es.
Por si quedaban dudas, el holandés errante –siempre encabezando pandillas con matones disfrazados de gauchos a caballo para amedrentar– cerró aquella arenga asegurando que impondría sus intereses “Con el Winchester en la cintura”. La bravuconada le valió comparecer oportunamente en la Justicia, pero sin consecuencias. Hoy, el reincidente, afronta una nueva demanda que el grupo de Abogados Solidarios presentó ante la Justicia Federal a raíz de las recientes agresiones contra el grupo que intentaba transitar el camino público al mismo espejo de agua, el 3 de febrero de 2022.
“La justicia por mano propia muchas veces
es el camino; todos los empleados vamos a pelear por la propiedad privada con
sangre si hace falta” Nicolás
Van Ditmar-testaferro de Joe Lewis
Lago escondido y su acceso están cercados desde 1996 cuando el magnate
británico compró unas once mil hectáreas ubicadas entre El Bolsón y Bariloche.
Lewis –a sus 84 años, uno de los 300 hombres más ricos del mundo y el quinto
más acaudalado de Inglaterra– construyó su casa interrumpiendo un camino
público ya trazado, a metros del agua, y violando la ley nacional que protege
el área como “zona de seguridad de fronteras” según la cual allí solo pueden
ser adquirentes ciudadanos argentinos.
Los
reclamos formales contra el bloqueo del magnate se suceden desde hace décadas.
El caso más reciente: el Procurador General de la Nación, Carlos Balbín, envió
en 2016 una nota dirigida al Ministerio del Interior pidiendo que resuelva
(Expte. N° S04: 0042681 /2016)"la lesividad” que permitió la venta. Pero
no tuvo respuesta del organismo entonces conducido por Rogelio Frigerio. Es
más: Balbín, a partir de esa solicitud, fue forzado a renunciar a su cargo.
“Tío Rico ayudó a cumplir nuestro sueño”
Por su
parte, el escudero Van Ditmar, dueño de la estancia Bahía Dorada, sobre la
costa atlántica, en el límite entre Río Negro y Chubut donde parece estar
prestando otros servicios a Lewis. Allí, en 2008, se construyó una inmensa e
inexplicable pista de aterrizaje de 1.800 metros de largo (extensión similar a
la del Aeroparque Metropolitano en CABA) sin funcionamiento comercial o
turístico declarado.
Parte de la comitiva que
intentó este febrero ingresar por el camino público y fue atacada. Foto: Gentileza
Sebastián Miguel.
La cinta asfáltica, de 50 metros de ancho y capacidad para recibir aviones (Van
Ditmar no los tiene) de carga y gran porte incluye un gigantesco hangar y
radares de última generación.
Si uno pregunta a la familia propietaria, las explicaciones fluyen cual cuento
de hadas; “tenemos un Tío Rico, un padrino, un sponsor (sic) que nos dio una
mano enorme para poder cumplir con nuestro sueño” fundamentó Vanessa Mazza,
esposa de Van Ditmar en una entrevista al diario provincial Rio Negro en marzo
de 2008 al explicar el origen de los recursos que posibilitaron tamaña obra.
Más de 12,5 millones de hectáreas argentinas están en manos de extranjeros
El sueño matrimonial devino pesadilla cuando, según se denunció, desde “Bahía dorada” se operaban vuelos secretos a las Islas Malvinas. Esta y otras sospechas motivaron llevaron a que en 2015 la cámara de Diputados de la Nación elevara un pedido de informes al Poder Ejecutivo Nacional (Expediente 2428-D-2015) sobre la existencia de un aeropuerto "privado" ingles en la Patagonia argentina, emplazado en Puerto Lobo.
Los reclamos sobre el
acceso al espejo de agua acaparado por la mansión de Lewis comenzaron en 2005.
Foto: Eugenia Neme.
Pero
¿qué interés podría tener una pista aérea estratégicamente cercana a Malvinas
que se usa tres veces al año? ¿Acaso el Tío Rico, el padrino matrimonial,
tendría algo que ver con el asunto? Otra vez, los caminos (los públicos, los bloqueados,
los secretos) conducen a Joe Lewis.
“Una cuestión muy ideológica”
Desde
2005, la causa abierta por estas infracciones a la ley contra Lewis gira en los
tribunales rionegrinos mientras los fallos, además dos normas de origen,
claras, concisas –nadie puede apropiarse en la Argentina de un lago e impedir
que se acceda a él y ningún extranjero puede ser dueño de tierras en zonas de
seguridad de frontera– se siguen incumpliendo.
“Aquí comienza el acceso público a Lago Escondido, según fallo del Superior
Tribunal de Justicia de la provincia de Río Negro, expediente 21690/06” reza el
cartel en uno de los accesos. Pero la propia policía provincial, a un costado,
garantiza la impunidad de la guardia privada que atacará, como ya sucedió, a
quien traspase ese límite. Allí rige la ley Lewis.
Consultada al respecto, la gobernadora rionegrina Arabella Carreras, dijo a Radio Nacional Buenos Aires el pasado 7 de febrero que “los pobladores de la zona de Lago Escondido ven alterada su vida tranquila por una cuestión muy ideológica”.
Cuando tenga la tierra
Si el latifundismo en manos de unas pocas familias locales caracterizó a la
Argentina de siglo XIX, la globalización y las variables ya mencionadas
(acuíferas, energéticas, etc.) trajo algunos nuevos dueños al tablero. A modo
de referencia: hoy el mayor propietario del territorio nacional es Luciano
Benetton, con casi un millón de hectáreas, aproximadamente la mitad de la
superficie de la provincia de Tucumán.
Macri promulgó un decreto (el 820 de 2016) que dio una mayor e inédita libertad de compra de tierras a los interesados de remotas latitudes
En mayo de 2018, el sitio web chequeado.com publicó un dato que sorprende: Más de 12,5 millones de hectáreas argentinas están en manos de extranjeros, mientras que dos millones de esas hectáreas pertenecen a firmas radicadas en paraísos fiscales.
Contra
lo que suele suponerse, hoy es mayor la cantidad de tierras adquiridas por
extranjeros en el norte que en el sur del País. La provincia líder en este
ranking es Salta, con un 11,5% de su superficie en manos foráneas: nada menos
que 1. 727.411 de hectáreas. Le siguen Misiones (11%), San Juan (10,4%),
Corrientes (9,2%), Mendoza (8,7%) y Catamarca (8,64%).
En la Patagonia no sólo está Benetton. También son dueños en Neuquén, Río
Negro, Chubut y Santa Cruz otros particulares y empresas: el Grupo chino
Heilongjiang Beidahuang con 330 mil hectáreas, la sociedad francesa Somuncura
Patagonia SA con 155 mil, el Rabino estadounidense Elimeir Libersohn con 140
mil, el canadiense Gold Corp con 130 mil, Trillum Corporation (EE UU) con 125
mil, el ciudadano chileno Roberto Hiriart (Chile) con 100 mil, la sociedad
comercial sudafricana Anglo Ashanti Gold con 50 mil, el grupo belga Burco, con
85 mil, el mediático estadounidense Ted Turner con 56 mil hectáreas y nuestro ya
conocido Lewis, que pese a ser dueño de apenas 38 mil hectáreas (lo más modesto
del grupo) superó recientemente en fama a los anteriores.
En el nombre del dueño
Como respuesta a la avalancha compradora extranjera de los años 90, el gobierno
de Cristina Kirchner impulsó la ley 26.737 sancionada y promulgada en diciembre
de 2011 para limitar su acceso a capitales foráneos. Según la norma, una misma
nacionalidad no puede tener más del 4,5% de las tierras de un departamento, de
una provincia o del país.
El gobierno de Cristina
Kirchner impulsó la ley 26.737 sancionada y promulgada en diciembre de 2011
para limitar su acceso a capitales foráneos.
Pero la ley no tiene efecto retroactivo y, en consecuencia, pese
a su sanción, son muchas los distritos y provincias argentinas literalmente
“diezmadas” en su territorialidad. A modo de ejemplo: San Carlos, un área
declarada Lugar Histórico Nacional, en los Valles Calchaquíes, pertenece en un
58% a una sociedad radicada en Uruguay, mientras que el departamento de
Molinos, sitio turístico e histórico por excelencia, también salteño, es 47%
estadounidense y 10% suizo. En total, son 50 los casos de distritos que
exceden, por mucho, el límite impuesto por la ley que intentó poner freno a la
compra extranjera.
El problema es no tener contactos
"Si no tenés contactos, un mapuche trucho te saca la casa" dijo hace
poco Mauricio Macri, cuya última gestión presidencial procuró anticiparse a
esas injusticias y reformular la ley 26.737 del con un decreto presidencial (el
820 del 29 de junio de 2016) inverso que hizo menos imprescindible “tener
contactos”. En lugar de limitar la compra a extranjeros, la norma de
Macri dio mayor e inédita libertad de compra a los interesados provenientes de
remotas latitudes.
Entre otras facilidades, el decreto cambiemita estableció que para que una
sociedad sea considerada extranjera deberá tener más del 51% del paquete
accionario. Esto llevó a que prácticamente todos los consorcios se reformularan
mediante enroques, prestanombres y otras coartadas para ser considerados
nacionales y, en consecuencia, libres de comprar, vender y recomprar sin
limitación estatal alguna.
Los olvidados de adentro y los privilegiados de afuera
En el invierno de 2017 Santiago Maldonado, el joven artesano que apoyaba el
piquete mapuche del grupo Pu Lof en Chubut, desapareció tras el operativo de
Gendarmería Nacional en un confuso episodio que terminó con su muerte. Lo que
no se dijo entonces fue que Cushamen, donde ocurrieron los hechos, es uno de
los distritos cuya superficie pertenece en un 23% a dueños extranjeros: más
precisamente a Benetton.
En el hecho y lugar confluirían las tres partes-fuerzas del conflicto:
capitales extranjeros privados, reivindicaciones territoriales indígenas y
Estado nacional. Sin embargo, otra vez, como en los bloqueos de Lewis, la única
fuerza y ley que imperó de esa tríada fue la primera.
El mayor propietario de
tierras en Argentina: Luciano Benetton, dueños de casi un millón de hectáreas.
Magdalena Odarda, titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas,
activamente movilizada y seguidora del conflicto de Lago Escondido desde 2005,
conversó con Télam sobre el caso. La funcionaria tiene una visión optimista en
cuanto a que lograr "el libre acceso" a las tierras costeras del
espejo de agua que Lewis hoy bloquea podría sentar jurisprudencia en
relación con otros espacios cuya problemática es similar.
Por su propia área de incumbencia, Odarda conoce a fondo la situación de las
comunidades originarias cuyos reclamos han activado, simultáneamente, la alerta
en cuanto a la posesión de tierras en el País por parte de inversores
extranjeros.
Magdalena Odarda, titular del Instituto
Nacional de Asuntos Indígenas, desde el lugar del conflicto, señaló que lograr
el desbloqueo del acceso al Lago Escondido podría sentar jurisprudencia
respecto de otros espacios cuya problemática es similar.
En noviembre de 2021, la funcionaria celebró el DNU por el cual se prorrogó otra ley que viene al
caso referir: la 26.160, sancionada en 2006. Esta norma suspende
los desalojos mientras se releva la ocupación ancestral y es complementaria a
la preservación de los derechos territoriales de los pueblos originarios, pero
también resulta clave para lograr, en suma, el cumplimiento de las leyes
argentinas que, en su espíritu y su letra, priorizan el reconocimiento a los
derechos de los locales frente al negocio de los visitantes.
Finalmente,
a juzgar por el aluvión de compradores foráneos que es tendencia en Argentina
(y que ninguna ley logra frenar) quizás aquel parlamento de Tony Soprano
aconsejando a su hijo haya hecho eco en ciertos magnates que comparten una
cosmovisión sobre la propiedad, los derechos, las legislaciones locales, el
derecho individual respecto del colectivo y otros tantos asuntos; después de
todo, los bienes raíces siempre congregaron a inversores hermanados por
intereses y actividades similares que suelen confluir en oportunidades jugosas.
Fuente:
Telam