La Cámara Federal de La Plata
envió al juez Martínez De Giorgi una denuncia contra el procurador bonaerense,
Julio Conte Grand, y el fiscal Sebastián Scalera, entre otros funcionarios.
El Tribunal de
Apelaciones analiza en una "evidente conexidad" de la denuncia de la
"Gestapo" para perseguir sindicalistas con la causa que en Comodoro Py
investiga maniobras de espionaje ilegal desde la AFI durante el Gobierno
de Macri.
La Justicia bonaerense planteó la “evidente conexidad” de la causa que
investiga los videos en los que funcionarios de la Agencia Federal de
Inteligencia (AFI), el Gobierno de la provincia de Buenos Aires de Cambiemos y
empresarios pergeñan causas judiciales contra gremialistas y la que tramita en
Comodoro Py, por supuestas maniobras de espionaje ilegal de
ese organismo durante la gestión de Mauricio Macri a políticos, funcionarios y
dirigentes sociales.
Así, mientras avanzan la investigación para certificar primero la procedencia
de los videos en la justicia bonaerense, el Tribunal de Apelaciones analiza en
una "evidente conexidad" con la causa que se tramita en Comodoro Py y
que investiga maniobras de espionaje ilegal desde la AFI cuando estuvo
a cargo de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, durante el Gobierno de Macri.
Esa causa tramita en el juzgado federal 8 de Comodoro Py 2002, a cargo
del juez Marcelo Martínez De Giorgi.
Por ese motivo, la Cámara Federal de La Plata envió a Martínez De Giorgi una
denuncia presentada contra el procurador bonaerense, Julio Conte Grand, y el
fiscal Sebastián Scalera, entre otros, por supuestos delitos cometidos en
investigaciones contra políticos, sindicalistas y magistrados durante el
macrismo.
"Advierto que existe una evidente conexidad entre lo denunciado en la
presente causa y lo que se investiga" en la causa que lleva Martínez De
Giorgi", sostuvo el camarista platense Roberto Lemos Arias.
La denuncia alude al supuesto inicio irregular de "investigaciones a fin
de inclinarlas a favor de sus intereses políticos y perseguir a
distintos actores sociales políticos, sindicalistas, magistrados y
funcionarios". Para ello se habrían valido de "la
colaboración de producción de inteligencia ilegal llevada a cabo por agentes de
la Agencia Federal de Inteligencia", se recordó en el fallo sobre la
denuncia.
Imagen
de la reunión en la que funcionarios de Cambiemos hablaron de crear una
"Gestapo" contra sindicalistas
Lemos Arias consideró que "el juzgado capitalino resulta competente
para seguir entendiendo en la presente causa", al hacer lugar a un
planteo de la fiscalía y revocar una decisión de la justicia federal de primera
instancia de Lomas de Zamora, que había rechazado un planteo de incompetencia.
La fiscal del caso Cecilia Incardona planteó la incompetencia de la justicia
federal de Lomas de Zamora y sostuvo que "se advierte fácilmente que los
hechos que conforman el objeto procesal de este caso, de probarse, consistirían
en un nuevo segmento de aquellos cometidos por la asociación ilícita
investigada en la causa FLP 14149/2020, que operaba de manera sistemática y
sobre distintos objetivos".
La denuncia había sido presentada por el entonces fiscal general de Lomas de
Zamora Enrique Ferrari, quien luego fue licenciado en su cargo.
En la presentación se pidió investigar a Conte Grand, al fiscal general
adjunto Scalera y "funcionarios a cargo de la Unidad de Coordinación de
Delitos Complejos y Crimen Organizado de la Fiscalía General de Lomas de Zamora".
En paralelo, crecen las repercusiones políticas tras conocerse la
“Gestapo” para perseguir sindicalistas, y piden la renuncia a su banca de
la exgobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal.
Las presuntas maniobras de espionaje ilegal y persecución a distintos actores
sociales y políticos volvieron al centro de la discusión pública luego de que
trascendiera, hace diez días, un video del año 2017 en el cual el por
entonces ministro de Trabajo de María Eugenia Vidal, Marcelo Villegas,
planteaba que le gustaría una “Gestapo” para “terminar con los gremios”.
El hallazgo de este video fue denunciado de inmediato ante la justicia platense
por la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, Graciela Caamaño, y
generó diversos repudios desde la política y el sindicalismo.
El exjefe de Gabinete durante la gestión de Daniel Scioli, Alberto Pérez, aseguró
este lunes que María Eugenia Vidal "debería renunciar" a su banca de
diputada nacional en caso "de confirmarse la veracidad del video”
que, dijo, "sería un escándalo".
El titular del sindicato de docentes bonaerenses Suteba, Roberto
Baradel, denunció por su parte un "plan sistemático de
persecución" durante el Gobierno de Vidal para
"amedrentar" y "doblegar" a los sindicatos. "No
tuvieron nada para poder armarnos una causa, y como son tan cobardes y
perversos, recurrieron a la mentira, el linchamiento mediático y las
amenazas a las familias", indicó.
También opinó sobre el armado de causas a sindicalistas el Jefe de
Asesores del Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, que marcó el desafío que
tiene hoy la Justicia de "investigar" y dijo respecto a la evidencia
del video que puede ser "la punta de un ovillo que se va a ir
desarmando con más evidencia".
El senador nacional por Neuquén Oscar Parrilli también hizo
escuchar su rechazo al pedir que "se investigue a fondo lo que
ocurrió" porque la evidencia que apareció "muestra la crueldad"
de un gobierno cuyo modus operandi era el "espionaje político".
“Quiero que se investigue a fondo todo lo que ocurrió. Estas cosas
que aparecen dan cuenta de un Estado mafioso que existió desde 2015”, remarcó
el legislador. Asimismo, manifestó que cuando él estuvo al frente de la
Agencia Federal de Inteligencia “no hubo ninguna denuncia por espionaje a
opositores”.
“Hicimos acuerdos con universidades para recibir agentes y después Cambiemos
llenó la agencia de policías y ex militares”, concluyó Parrilli”.
Fuente: Telam