El proyecto para ampliar el Consejo se trataría antes del 28 de febrero. Por otra parte, el Ejecutivo todavía no definió la presentación de postulantes para cubrir el cargo vacante de ministro de la Corte Suprema que se generó con la renuncia de Elena Highton.
Mientras
que el Gobierno pretende elevar el número de consejeros de los 13 actuales a
17. la Corte Suprema quiere que sean 20.er Ejecutivo y dos representantes del
ámbito académico y científico.
El presidente Alberto Fernández convocará a sesiones
extraordinarias a mediados de enero y en el temario incorporará un proyecto de
ley para reformar el Consejo de la Magistratura, según informaron a Télam
fuentes oficiales, por lo que en los dos próximos meses los legisladores
debatirán una nueva composición tras el fallo de la Corte que ordenó
ampliar a 20 los integrantes del organismo que selecciona los jueces.
El proyecto para ampliar el Consejo se trataría antes del 28 de febrero,
ya que el 1° de marzo comienza el período de sesiones ordinarias, por lo que el
nuevo ordenamiento jurídico del órgano que analiza la conducta de los
magistrados será una de las próximas discusiones del Congreso, confirmaron a
esta agencia voces calificadas de la Casa Rosada.
La decisión del Gobierno se produjo luego de que en el último mes se
profundizara el debate judicial sobre la
integración del Consejo, ya que un fallo reciente de la Corte declaró
inconstitucional una ley de 2006 que redujo de 20 a 13 los miembros del
organismo, ordenó restituir la anterior composición y puso un plazo de 120 días
para cumplir con esa disposición.
Durante la primera semana de diciembre, y
adelantándose al fallo del tribunal, desde Presidencia de la Nación dieron a
conocer un proyecto de ley que buscaba modificar varios aspectos del Poder
Judicial pero especialmente la composición del órgano que elije a los
jueces, revisa su desempeño y tiene la potestad de destituirlos.
Según se informó oficialmente, esa iniciativa contempla elevar el
número de consejeros de los 13 actuales a 17: esa cantidad se compondría de
cuatro jueces, seis legisladores, cuatro representantes de los abogados de la
matrícula federal, un representante del Poder Ejecutivo y dos representantes
del ámbito académico y científico.
Días después de ese anuncio, la Corte declaró inconstitucional la
reforma del Consejo realizada en 2006 (ley 26.080) y dispuso
volver a la legislación anterior que había sido derogada por el Congreso (leyes
24937 y 24939), lo que implica llevar a 20 los consejeros en 120 días
corridos, es decir, con un plazo máximo que se cumpliría a
mediados de abril.
En tanto, el 29 de diciembre pasado, el actual titular del Consejo, Diego
Molea, remitió tres oficios dirigidos al presidente Fernández,
a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en su carácter de máxima
autoridad del Senado y a su par de Diputados, Sergio Massa, para pedirles que
se tratara este tema en la convocatoria a extraordinarias.
En la fundamentación, Molea señaló que los 120 días corridos
establecidos por el fallo de la Corte son "exiguos" para
que los estamentos de jueces y abogados puedan completar el proceso de votación
de sus nuevos representantes para el organismo, y alertó sobre el riesgo de que
la imposibilidad de cumplir con lo ordenado por el tribunal derive en "una
paralización de las actividades del Consejo".
"Dada la situación descripta, se ha entendido que resulta necesaria la
convocatoria a sesiones extraordinarias", exhortó el presidente del
órgano, que representa al sector académico en el cuerpo y es abogado, rector de
la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y docente de Derecho Público en la
UBA.
La vacante en la Corte Suprema
La jueza Elena Highton todavía no fue reemplazada en la Corte Suprema.
Mientras tanto, la Presidencia dilatará la
presentación de postulantes para cubrir el cargo vacante de ministro de la
Corte Suprema que se generó con la renuncia de Elena Highton.
Aunque en reiteradas ocasiones la portavoz presidencial Gabriela Cerruti
confirmó que el Gobierno trabajaba en una lista de postulantes y que había
posibilidades ciertas de que se tratara de una mujer, una demanda que se
profundizó tras quedar el tribunal sin participación de mujeres, las fuentes
confiaron que la decisión podría postergarse más de lo esperado.
Para
la designación de un o una reemplazante de Highton, el Presidente debería
alcanzar un amplio consenso en el Senado, que debiera aprobar
la propuesta en una sesión con dos tercios de los presentes, un número alejado
del que podría conseguir el actual bloque del Frente de Todos en la Cámara alta.
En ese sentido, desde Gobierno se recordó que la Corte ha funcionado varias
veces con cuatro e incluso con tres jueces en funciones, la última luego de las
renuncias de Raúl Zaffaroni y Carlos Fayt, en 2014 y 2015, respectivamente.
Las fuentes consultadas coincidieron en que una designación puede llevar a un gran
"desgaste" político que se preferiría evitar.
En ese sentido, se aclaró que la Corte tiene previsto un mecanismo de jueces
subrogantes que pueden ser convocados en caso de que alguno de los integrantes
decida excusarse o si, al estar conformado por un número par -4 miembros-, se
produjera un empate en 2 al firmar un fallo.
Eso no implica que la gestión de Alberto Fernández desestime la posibilidad de
promover cambios en el máximo tribunal dado que, como dijo el propio mandatario
en el cierre del Consejo Económico y Social a mediados de diciembre, una de sus
ideas para el tiempo que viene es "establecer una discusión honesta
sobre el mejor diseño de la Corte Suprema", según planteó.
Finalmente, a dos años de la postulación del juez federal Daniel
Rafecas para el cargo de Procurador General de la Nación,
pliego que también requiere del acuerdo del Senado, las fuentes gubernamentales
señalaron que la Casa Rosada sostendrá la
candidatura, ya que cree que es el momento en el que la
oposición debe poner los votos que siempre dijo que aportaría.
Fuente: Telam