El fiscal de la Unidad de Asistencia a las causas por violaciones a los Derechos Humanos cometidos durante el terrorismo de Estado de Rosario, Adolfo Villate, solicitó la elevación a juicio de la causa que tiene a 25 procesadosLa investigación, iniciada en 2013 por una denuncia de los sobrevivientes, se centró en la represión al movimiento sindical de la delegación Villa Constitución de la Unión Obrera Metalúrgica a partir del 20 de marzo de 1975, que estaba enfrentada a la conducción nacional liderada por Lorenzo Miguel.
Por Luciano Couso
La investigación de la represión estatal desatada en marzo de 1975 en la localidad santafesina de Villa Constitución tras los hechos conocidos como el "Villazo", fue elevada a juicio esta semana tras varios años de instrucción, informaron fuentes judiciales.
El fiscal de la Unidad de Asistencia a las causas por violaciones a los
Derechos Humanos cometidos durante el terrorismo de Estado de Rosario, Adolfo
Villate, solicitó la elevación a juicio de la causa que tiene a 25
procesados, entre personal civil, ejecutivos de la empresa metalúrgica Acindar,
policías y militares en situación de retiro.
La investigación, iniciada en 2013 por una denuncia de los sobrevivientes, se
centró en la represión al movimiento sindical de la delegación Villa
Constitución de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) a partir del 20 de
marzo de 1975, que estaba enfrentada a la conducción nacional liderada por
Lorenzo Miguel.
También se investigó la participación empresarial en esos hechos, que para el
fiscal quedó evidenciada -entre otras pruebas- en el paso de José
Alfredo Martínez de Hoz del directorio de Acindar al Ministerio de
Economía durante la dictadura y el del general Alcides López Aufranc a
la cúpula ejecutiva de la empresa.
De acuerdo a la pesquisa, el 20 de marzo de 1975 unos 4.000 efectivos
de fuerzas de seguridad federales, provinciales y también parapoliciales
llegaron en 105 vehículos a Villa Constitución, ciudad fabril del sur
santafesino, que quedó "ocupada" como consecuencia de un plan
represivo orquestado por el entonces ministro del Interior, Alberto Rocamora.
El funcionario, que llamó a la ocupación "Operativo Serpiente Roja
del Paraná", previamente había "descubrimiento de un plan
subversivo para paralizar la industria pesada del país", según la prensa
de entonces.
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| Foto: https://www.anred.org/2007/03/20 |
La ocupación militar de Villa Constitución derivó, según la investigación, en desapariciones, torturas y privaciones de la libertad a más de un centenar de víctimas -la mayoría militantes sindicales- y se extendió hasta el golpe de Estado de marzo de 1976, además de contar con el apoyo de las empresas metalúrgicas de la región, fundamentalmente Acindar.
Para el fiscal Villate, "en 1975 Acindar se ofreció como banco de
pruebas para hacer un experimento a escala del disciplinamiento social que se
impondría meses después en todo el país".
En el requerimiento de elevación a juicio, sostuvo que "la empresa se vio
beneficiada, ex antes, con ventajas del Estado, las que fueron devueltas al
Estado terrorista en un proceso de osmosis corruptora de favores mutuos".
El "Villazo" es el nombre con el que se conoció un paro
metalúrgico con ocupación de planta en las empresas Acindar, Marathon y Metcon,
iniciado en marzo de 1974 por un grupo de dirigentes de base
enfrentado a la conducción nacional de la UOM, y que contó con la movilización
y el apoyo de la ciudadanía y los comerciantes de Villa Constitución, localidad
ubicada a 50 kilómetros al sur de Rosario, sobre la costa del río Paraná.
En 1975 Acindar se ofreció como banco de pruebas para hacer un experimento
a escala del disciplinamiento social que se impondría meses después en todo el
país.
La medida de fuerza obedecía a la decisión de Lorenzo Miguel de mantener
intervenida la delegación local de la UOM, sin llamado a elecciones, lo que en
los hechos significaba la proscripción de la "Lista Marrón", liderada
por Alberto Piccinini.
Según la investigación judicial, que contiene un extenso recorrido por la
historia de la industria siderúrgica argentina y el contexto político-sindical
en el que se produjeron los hechos, la empresa Acindar -conducida entonces por
la familia Acevedo- se inclinó por Miguel y despidió a los 12 delegados de la
"Lista Marrón".
En esos meses, señala el trabajo del fiscal Villate, la Policía Federal
Argentina (PFA) inauguró una sede en dependencias del Albergue de Solteros de
Acindar, que se convertiría en el primer centro clandestino en 1975, un año
antes del golpe de Estado.
Luego de unos días, y con la intervención del Ministerio de Trabajo, las partes
acordaron llamar a elecciones en 120 días y la reincorporación de los delegados
despedidos, mientras se levantaban las medidas de fuerza.
La tensa paz se extendió entre noviembre de 1974, cuando la combativa
"Lista Marrón" se impuso en las elecciones, y la ocupación de la
ciudad en marzo de 1975, con el "Operativo Serpiente Roja".
"Finalmente, las autoridades políticas, en connivencia con los empresarios,
y a través de las fuerzas armadas y de seguridad, decidieron aplicar un
programa represivo -que luego se profundizó- en Villa Constitución, cuyos
principales objetivos fueron disciplinar al movimiento obrero y avanzar en el
proceso de concentración de las empresas siderúrgicas", sostuvo el fiscal
en el requerimiento de elevación a juicio.
Agregó que "así, el 20 de marzo de 1975 Villa Constitución fue
literalmente militarizada e invadida por la PFA, Gendarmería Nacional,
Prefectura, policía provincial de Santa Fe, policía provincial de Buenos Aires,
grupos parapoliciales de la Triple A y de la Juventud Sindical, personal de la
Secretaría de Inteligencia del Estado -SIDE- y del Ejército".
"Además de los secuestros, hubo represión generalizada que provocó temor
en toda la población, asesinatos y allanamientos a viviendas e incluso al
comité local de la UOM", señala el texto.
Fuente: Telam