La Justicia de Rosario imputó por estafas y balance falso a 14 ex directivos de la agroexportadora, por los que se hicieron multitudinarias marchas de apoyo. Quedaron en libertad, pero deberán pagar 10 millones de dólares de fianza. ¿Dónde está la plata?
Por Luciano Couso
En menos de un año y medio las movilizaciones de sectores patronales del
agro y parte de las clases media y media-alta urbanas en apoyo a las familias
que condujeron a la cerealera Vicentin de la cúpula de las
agroexportadoras locales al concurso de acreedores, declinaron paulatinamente
hasta que esta semana un fiscal de Rosario imputó a 14 ex directivos de la
agroexportadora por presuntas estafas que superan los 500 millones de dólares, y
ya casi nadie quiere ser Vicentin.
Para el diputado del Frente Social y Popular, Carlos Del Frade,
miembro de la comisión legislativa que hace un seguimiento del caso, el veloz
derrotero descendente de la firma nacida hace más de 90 años en Avellaneda
representa “el fugaducto del macrismo”. Menos enfático por su rol
institucional, el fiscal de la Unidad de Delitos Económicos y Complejos, Miguel
Moreno, reveló que lleva adelante investigaciones en guaridas fiscales para
determinar si el dinero de los bancos prestamistas y de los productores
que proveían de granos a la firma está a resguardo en alguna guarida fiscal del
escrutinio de los organismos públicos.
La gran estafa
El 16 de junio de 2020, durante una movilización desde la ciudad de
Avellaneda hacia la de Reconquista, en ocasión de una presentación judicial
de Vicentin para rechazar la intervención de la empresa
concursada que proponía el gobierno nacional, la productora rural autoconvocada
del norte provincial, Marina Masat, explicó que con esa acción
estaba “defendiendo nuestra República y nuestra Constitución”,
porque “es la que elegimos y la que deseamos para el futuro de nuestros
hijos”.
Catorce meses después, el 28 de octubre de 2021, el fiscal Moreno,
que en su función encarna a uno de los poderes contemplados en la Constitución
y que hacen a la forma republicana de gobierno, imputó por estafas de más de
600 millones de dólares a un grupo de ex directivos de la empresa que apenas
unos años antes encabezaba el ranking de las 10 compañías del sector con mayor
cantidad de embarques al exterior.
De acuerdo a la investigación, la trampa fue fácil pero efectiva: los
balances 2017 y 2018 de Vicentin SAIC ocultaron su “decadencia”
financiera incorporando como activos corrientes los granos que
compraban bajo contrato a fijar precio a los productores, pero no
registrándolos como pasivo corriente. Así, no sólo fueron
embaucados sus clientes, que creían venderle a una empresa solvente, sino
también los bancos locales y extranjeros que les habilitaban créditos con el
productivo fin de prefinanciar exportaciones.
La pregunta que aún permanece sin respuesta judicial es la que le otorgó
fama pública al fallecido presentador televisivo de la TV rosarina Raúl
Granados: “¿Dónde está la plata?”.
El martes de esta semana, el fiscal Moreno imputó por los
delitos de balance falso y seis casos de estafa a Daniel Néstor
Buyatti; Alberto Julián Macua; Roberto Alejandro Gazze; Máximo Javier Padoán;
Cristián Andrés Padoán; Martín Sebastián Colombo; Sergio Roberto Vicentin;
Pedro Germán Vicentin; Roberto Oscar Vicentin; Yanina Colomba Boschi; Raúl González
Arselus, Omar Adolfo Scarel y Miguel Vallaza.
Se trata de los miembros del directorio de Vicentin SAIC y
de la comisión fiscalizadora de la agroexportadora hasta el 15
de octubre del año pasado, cuando presentaron sus renuncias para alumbrar un nuevo
directorio en busca de “confianza” entre los acreedores con el objetivo de
sacar la compañía del concurso de acreedores por más de 1.300 millones de
dólares.
Moreno los acusó de haber confeccionado, aprobado y utilizado los balances
anuales con cierre a octubre de 2017 y octubre 2018 que contenían información
financiera falsa consistente en ocultar el verdadero pasivo de la empresa.
También haber confeccionado y presentado ante los bancos internacionales
que solventaban las prefinanciaciones de las exportaciones del grupo “informes
trimestrales correspondientes a los períodos enero 2017, abril 2017, julio
2017, enero 2018, abril 2018, julio 2018, enero 2019, abril 2019 y julio 2019,
firmados por Roberto Alejandro Gazze, y certificados de compliance
con información financiera consistente en ocultar el verdadero pasivo de la
empresas”.
Según la investigación del fiscal, iniciada a mediados del año pasado por
la denuncia de productores y a la que luego se acoplaron el Banco Macro y
entidades financieras extranjeras, los registros contables “exhibían una
aparente sólida situación patrimonial de la empresa Vicentin SAIC,
con el fin de ocultar su realidad económica financiera, engañar a las entidades
financieras, y así provocaron bajo error disposiciones patrimoniales que
superan los 500 millones de dólares en virtud de líneas de créditos acordada”.
Además,
diez de los directivos fueron acusados por cinco casos de estafas a
productores. La maniobra consistió en comprarles granos con contratos de precio
a fijar –por encima de los valores que pagaban otras exportadoras–, unos días
antes de que Vicentin entrara en cesación de pagos, en diciembre de 2019.
El fiscal describió ese pagadiós como una maniobra consistente en “realizar
una puesta en escena de empresa solvente y confiable, siendo exitoso a la hora
de generar confianza en los productores, vendedores de granos, acopios,
cooperativas y corredores, quienes engañados entregaron toneladas de granos a
Vicentin bajo la modalidad de contratos con precio a fijar, con el pleno
conocimiento de los directores y síndicos de la imposibilidad de cumplir las
obligaciones asumidas”.
Vicentin armó un entramado de empresas off shore en países de la región y
en Europa que están en la mira de varias investigaciones judiciales, para
determinar si por allí pasaron los millones que hoy no están.
Puntualmente, esas maniobras tuvieron como víctimas las firmas
agropecuarias Cuatro Hojas SA, Olzen Industria y Comercio de Calzados
SA, Maniagro SA, La Clementina SA, Commodities SA.
“Dicha captación fue motivada por Vicentin mediante el
ofrecimiento de mejores precios que la competencia y de plazos muy superiores
para fijar precio”, sostuvo la acusación fiscal.
De acuerdo a la investigación, la trampa fue fácil pero
efectiva: los
balances 2017 y 2018 de Vicentin SAIC ocultaron su “decadencia” financiera
incorporando como activos corrientes los granos que compraban bajo contrato a
fijar precio a los productores, pero no registrándolos como pasivo corriente.
Así, no sólo fueron embaucados sus clientes, que creían venderle a una empresa
solvente, sino también los bancos locales y extranjeros que les habilitaban
créditos con el productivo fin de prefinanciar exportaciones. La pregunta que
aún permanece sin respuesta judicial es la que le otorgó fama pública al
fallecido presentador televisivo de la TV rosarina Raúl Granados:
“¿Dónde está la plata?”.
Macroembaucado
Por último, Moreno imputó a los directivos de Vicentin por
un caso de estafa al Banco Macro, de la familia Brito.
En la acusación, explicó que Vicentin solicitó en 2019 bajo la
modalidad de acuerdo en cuenta corriente, dos créditos por más de 500 millones
de pesos a esa entidad financiera local.
“A poco más de dos meses de la solicitud de los créditos, Vicentin declaró su
estrés financiero y con fecha 10 de febrero de 2020, a tan sólo cinco meses de
tomar las asistencias crediticias en el Banco Macro, se presentó en concurso
preventivo de acreedores”, recordó el fiscal.
Y detalló que a los fines de obtener las asistencias crediticias, “la
empresa adjuntó los estados contables cerrados al 31 de octubre de 2018, que
aparentaban una situación superavitaria y con solvencia económica”.
Pero “las maniobras de los directores de Vicentin era la de entregar documentación con información contable falsa, ocultando la realidad económica de la empresa, repitiendo nuevamente con el fin de obtener asistencia crediticia bajo engaño, a sabiendas de que no iba a ser posible cumplir con los compromisos asumidos dada la real situación económica y financiera”.
Para
el diputado del Frente Social y Popular, Carlos Del Frade, miembro de la
comisión legislativa que hace un seguimiento del caso, el veloz derrotero
descendente de la firma nacida hace más de 90 años en Avellaneda representa “el
fugaducto del macrismo”.
Como la presión fiscal en Argentina, según buena parte del empresariado, es muy alta, Daniel Buyatti dejó de pagar dos períodos del Impuesto a los Ingresos Brutos que, de todos modos, se quedó por su condición de agente de retención del gravamen.
Por eso fue acusado, a propósito de su calidad de presidente del directorio
de Vicentin SAIC, del delito de retención indebida de tributo por
“haberse apropiado del tributo retenido y/o percibido en concepto del
mencionado impuesto, por los periodos de Noviembre 2019-Quincena 22, por la
suma de $15.062.684; y Diciembre 2019-Quincena 23, por $18.821.205”.
El fiscal pidió la prisión preventiva de cinco ex directivos y la
domiciliaria de un sexto, pero el juez Román Lanzón entendió
que no existía riesgo de entorpecimiento probatorio por lo que los dejó en
libertad, previo pago de una fianza de 10 millones de dólares.
Pero “las maniobras de los directores de Vicentin era la de
entregar documentación con información contable falsa, ocultando la realidad
económica de la empresa, repitiendo nuevamente con el fin de obtener asistencia
crediticia bajo engaño, a sabiendas de que no iba a ser posible cumplir con los
compromisos asumidos dada la real situación económica y financiera”.
Fuego amigo
A pesar de la comunión político-ideológica entre Vicentin y
el gobierno de Mauricio Macri, la gestión del ex presidente de Boca
al frente de la Casa Rosada se convirtió en la sepultura del grupo
agroexportador del norte santafesino. No así, aparentemente, de algunos de sus
directivos en términos individuales, atento a que la investigación sobre la
ruta del dinero aún no arribó a la última estación.
Vicentin armó un entramado de empresas off shore en países de la región y en
Europa que están en la mira de varias investigaciones judiciales, para
determinar si por allí pasaron los millones que hoy no están.
Antes de fallecer de un infarto en el baño de su casa, el CEO de Vicentin, Sergio
Nardelli, dijo en junio de 2020 en relación a Macri: “Mi
mejor amigo me pegó un tiro en la cabeza”.
Vicentin fue el principal aportante privado a la campaña de Cambiemos en las
elecciones presidenciales de 2015 que llevaron a Macri al
Poder Ejecutivo. La empresa también fue una de las más beneficiadas por
créditos –ahora impagos– del Banco Nación Argentina (BNA),
hecho por el que fue procesado su presidente durante la gestión de Cambiemos, Javier
González Fraga, aquél que dijo que el kirchnerismo le había hecho creer a
los trabajadores y la clase media que podía cambiar el teléfono celular y salir
de vacaciones.
También el ex presidente del Banco Central, Guido Sandleris,
está procesado por los mismos hechos en una causa de la justicia federal de la
Capital Federal.
El
martes de la semana pasada, el fiscal Moreno imputó por los delitos de balance
falso y seis casos de estafa a Daniel Néstor Buyatti; Alberto Julián
Macua; Roberto Alejandro Gazze; Máximo Javier Padoán; Cristián Andrés Padoán;
Martín Sebastián Colombo; Sergio Roberto Vicentin; Pedro Germán Vicentin;
Roberto Oscar Vicentin; Yanina Colomba Boschi; Raúl González Arselus, Omar
Adolfo Scarel y Miguel Vallaza.
El diputado Del Frade recordó días atrás que “cuando
asumió Macri”, la cerealera Vicentin “llegó a
ser la número seis de las primeras mil empresas argentinas”, y explicó que
“por allí –a través de la corrupción instalada por decisión política del
macrismo en el Banco Nación y en el Banco Central–
se fugaron, entre agosto de 2019 y enero de 2020, 791 millones de dólares”.
El legislador que participa de la comisión de seguimiento del concurso de
la agroexportadora señaló que se trata de “créditos con dinero del pueblo,
porque eran del Banco Nación”.
“Vicentin terminó siendo eso, el canal para fugar dinero. Son
delincuentes de guante blanco”, concluyó el diputado, periodista e
investigador.
Antes de
fallecer de un infarto en el baño de su casa, el CEO de Vicentin, Sergio
Nardelli, dijo en junio de 2020 en relación a Macri: “Mi mejor amigo me
pegó un tiro en la cabeza”.
Dale
que nos vamos
En las imputaciones que realizó el fiscal Moreno no se
analizaron los créditos que el BNA otorgó sobre el final del
gobierno de Macri a Vicentin, porque la entidad no
es denunciante en esa causa.
De todos modos, un breve repaso sobre el otorgamiento de préstamos muestra
el modus operandi: un tercio de los 18.182 millones de pesos que el BNA le
reclama a Vicentin en el concurso de acreedores fue otorgado a
través de 28 préstamos en sólo 18 días de noviembre de 2019, el último dos
semanas antes de que la empresa entrara en default.
Según las planillas de verificación de créditos realizada en el concurso de
la aceitera, el BNA le prestó a Vicentin 105,5
millones de dólares entre el 8 y el 26 de noviembre de 2019 para prefinanciar
exportaciones.
Con un tipo de cambio a 60.58 pesos por dólar, se trata de 6.391 millones
de pesos. Desde 2003 a 2015 la empresa utilizó esa línea de financiamiento de
la banca pública hasta sumar 150 millones de la moneda estadounidense.
“En los últimos cuatro años duplicó esos préstamos, hasta llegar a 310
millones cuando entró en cesación de pagos”, dijo entonces Del Frade,
para aportar un dato clave. Recordó que desde junio, el banco había
calificado con riesgo 4 la línea de Vicentin, que según el Banco
Central significa “riesgo alto” por “atraso en el pago de más de 180
días hasta un año”.
De acuerdo a los créditos verificados por el BNA, entre agosto
y octubre de 2019 no le giró dinero para prefinanciar exportaciones a Vicentin.
Pero entre el 8 y el 26 de noviembre –cuando el macrismo ya sabía que debía
dejar la Casa Rosada– le otorgó 28 préstamos por 105,5 millones de dólares,
equivalente a un tercio de los más de 18.000 millones de pesos totales.
El último fue concedido el 26 de ese mes por 6 millones de dólares, y diez
días después la empresa entró en default. Para Del Frade, “esto
demuestra la formidable corrupción del Banco Nación” durante la
gestión de González Fraga.+
“En los últimos cuatro años duplicó esos préstamos, hasta llegar a
310 millones cuando entró en cesación de pagos”, dijo entonces Del Frade, para
aportar un dato clave. Recordó que desde junio, el banco había calificado
con riesgo 4 la línea de Vicentin, que según el Banco Central significa “riesgo
alto” por “atraso en el pago de más de 180 días hasta un año”.
La
plata voladora
El fiscal de la Unidad de Delitos Complejos y Económicos, Miguel
Moreno, dijo tras la audiencia de imputación a los ex directivos de Vicentin que “las
empresas satélites recibían el dinero que Vicentin, con destino para
prefinanciar exportaciones, recibía de los bancos, en algunos casos sin una
contraprestación que pudiéramos detectar”. Y agregó que “había un flujo de
dinero intragrupo que no se explica” en los registros de las compañías.
Además, sostuvo que la investigación, que aún continúa, procura “detectar
si hubo transferencia de los dineros detraídos a las víctimas hacia cuentas del
exterior”.
“No hemos ido a lo que
se denomina paraísos fiscales, pero estamos trabajando con investigadores
en Suiza, Estados Unidos, Uruguay y otros lugares del mundo”,
concluyó.