Tras más de siete horas de detención, la Justicia de Salta determinó en la tarde de este viernes que debía liberarse a la médica del Hospital Juan Perón de Tartagal que había sido detenida tras practicar allí un aborto legal.
La información fue confirmada a elDiarioAR por
Cristian Villagra, su abogado, que también corroboró que la profesional sigue
imputada penalmente.
Hacia el mediodía, tanto en Salta como en distintos
lugares del país, se habían organizado pañuelazos para exigir que la
profesional recuperara su libertad: "Ahora, ahora, resulta indispensable,
liberen a la médica, el Estado es responsable" cantaban las manifestantes.
Inmediata movilización a favor de la médica
"Perdoná el ruido de fondo, es que ahora mismo estamos en el punto más alto del pañuelazo", dijo en medio de la manifestación Verónica Cuevas, referente de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir de Salta.
"Esta mañana detuvieron a nuestra compañera, única médica no
objetora de conciencia de Tartagal y todos los pueblos del norte de nuestra
provincia. La denuncian por homicidio pero lo que llevó a cabo fue una
Interrupción Legal del Embarazo (ILE) bajo la causal de salud integral",
describió.
"En los últimos días de agosto la médica llevó a
cabo una ILE en un caso de una persona mayor de edad, de 21 años, que tenía 22
semanas de gestación. Aunque el procedimiento sólo necesita de la firma de un
médico, aquí intervino un equipo psicosocial que acompañó a la persona, una
consejería. Alguien del Hospital Juan Perón filtró la información sobre el
procedimiento a la familia de esta chica, y esa familia hizo una denuncia por
homicidio. La fiscalía ordenó la detención por esa denuncia que hizo la
familia, no la persona gestante que, por otro lado, debió realizar el
procedimiento sin el acompañamiento de sus familiares, por lo que suponemos que
ahora mismo debe estar bajo cierta coerción o presión", sostuvo Cuevas.
Rambert Ríos es el abogado que representa a la tía de la
persona gestante que se presentó en el Hospital Juan Perón. "La chica fue
con intenciones de practicarse un aborto pero al estar ahí y ver su estado de
gravidez, de 22 semanas y 2 días, desiste del procedimiento y le pide a la
médica que desista de la práctica. Aún así, se le indujo un parto, la bebé
nació con vida y apareció en una bolsa de basura como residuo patológico. En la
causa consta el testimonio de la enfermera que encontró el feto", aseguró.
Este viernes, la joven de 21 años que se había presentado para llevar a cabo el
aborto, debía declarar ante la Justicia: "No está en condiciones de
hacerlo. Intenta hablar y llora, está de duelo. Suponemos que declarará martes
o miércoles", sumó Ríos.
Según el letrado, la médica está imputada por el
inciso 2 del artículo 85 del Código Penal, que implica llevar a cabo un aborto
con el consentimiento de la persona gestante pero más allá de la semana 14, que
es la instancia límite para llevar a cabo una Interrupción Voluntaria del
Embarazo (IVE). "Pasado ese tiempo para que sea una ILE tiene que mediar
alguna causal y acá no había ninguna causal", describió el abogado, en
contradicción con lo asegurado desde la Red de Profesionales de la Salud por el
Derecho a Decidir. En efecto, la imputación por parte del Ministerio Público
Fiscal sí prevé que se obró con el consentimiento de la persona gestante: ese
delito implica una pena excarcelable que va de los tres meses al año de
prisión.
Cámara de Apelaciones Salteña y la inconstitucionalidad de la IVE
Justamente en Salta, en la última semana de agosto, la Sala II de la Cámara
Federal de Apelaciones, concedió legitimidad al reclamo de un grupo de personas
en una declaración de inconstitucionalidad planteada contra la ley de
interrupción voluntario del embarazo (IVE), en un fallo por mayoría.
No obstante, fuentes oficiales explicaron a Télam que la decisión puede
ser apelada hasta el próximo viernes 10 de septiembre, por lo que en este
momento están trabajando en un recurso extraordinario.
Ayer jueves se conoció esta decisión judicial y en paralelo, se dio la
situación en Tartagal que terminó con la detención de la médica, la única que
no apela a la objeción de conciencia para realizar abortos legales en esa
localidad.
“Estamos bastante preocupadas. Hasta el momento estábamos acostumbradas al
amedrentamiento y a que la prensa local saque noticias falaces, pero llevar
presa a una compañera en cumplimiento de su deber como funcionaria pública es
mucho”, dijo a Télam Macarena Villena, de la Red de Profesionales de la
Salud por el Derecho a Decidir.
En el mismo sentido se pronunció la ministra de las Mujeres, Géneros y
Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta: "Tememos que se trate de un modo
de amedrentar y disciplinar a profesionales que se encuentran llevando adelante
prácticas de ILE e IVE , amparadas por la ley en todo el país, por lo que vamos
a estar haciendo un seguimiento muy cercano de la intervención judicial y del
caso".
Fuentes: https://www.eldiarioar.com/ - Telam