Una investigación realizada por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación comenzó a develar cómo la última dictadura cívico-militar financió la represión ilegal en todo el país.
La Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos
Nacionales en Materia de Derechos Humanos siguió los rastros que dejó la
burocracia del terrorismo de Estado y logró reconstruir un sistema de “fondos
secretos” utilizados para hacer funcionar la maquinaria de inteligencia.
Los
hallazgos fueron volcados en el informe Los “fondos secretos” de los servicios
de inteligencia durante la última dictadura, que fue entregado en juzgados
federales y en la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad como aporte en
causas por delitos de lesa humanidad.
Ahora, con todo ese material, la secretaría de Derechos
Humanos de la Nación entregó los resultados a juzgados federales y a la
Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad.
Con esa
investigación se logró dar cuenta de un mecanismo formal por el cual la
dictadura destinó fondos reservados al Batallón de Inteligencia 601 y a
Destacamentos de Inteligencia del país, y el sistema que implementó para
fiscalizarlos, con inspecciones periódicas de la Jefatura II del Estado Mayor
General del Ejército.
Durante
el terrorismo de Estado, el Ejército utilizó su amplia red de destacamentos
para reunir información, planificar y ejecutar los secuestros y asesinatos a
través de los grupos de tareas. En el centro de esa red estaba el Batallón 601.
Para
hacer funcionar esa estructura, se realizaban transferencias mensuales a
requerimiento de cada destino que provenían de la Cuenta Especial 764 del
Comando en Jefe del Ejército, cuyo financiamiento se garantizaba en el
presupuesto nacional y su uso era coordinado directamente por la Jefatura II de
Inteligencia.
Para
su utilización, la dictadura estableció una serie de reglas denominadas “Normas
para el empleo de los fondos de carácter secreto que se asignen para
operaciones antisubversivas”, que fueron publicadas en el Boletín Reservado del
Ejército en 1976.
Allí
se estableció que se debía justificar cada gasto y se debían presentar los
comprobantes, donde solo podía figurar que se trataba de “gastos
específicamente secretos”, sin consignar el destino real. La descripción sobre
cómo y para qué se utilizó el dinero debía figurar en un duplicado del
comprobante que se ponía a resguardo.
No
se encontraron rastros de estos documentos, que eran incinerados un año después
de su confección, pero la propia norma señalaba dos ejemplos sobre cómo
completarlo: “por alquiler de 3 vehículos para el traslado de personal
encubierto” o “por pago a un informante”.
Los
investigadores sí encontraron los registros de los controles periódicamente
realizados por la Jefatura de Inteligencia del Ejército, así como un informe
que calificó como “sobresaliente” al jefe de un destacamento de Inteligencia
por su gestión de estos fondos. También figura en la investigación una “orden
de pago por bonificación complementaria” a un integrante del Personal Civil de
Inteligencia (PCI) del Batallón 601 por el cumplimiento de “actividad riesgosa
– tarea especial”.
El
informe se suma a otras investigaciones realizadas por el ex Programa Verdad y
Justicia sobre el rol de la inteligencia militar durante el terrorismo de
Estado: el Batallón de Inteligencia 601, su Central de Reunión y sus Grupos de
Tareas y cada uno de los Destacamentos de Inteligencia (y sus Secciones) en las
distintas zonas militares que dividían el país entre 1975 y 1983. Todos fueron
entregados a la justicia federal para contribuir en la investigación de delitos
de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar.
Fuente:
https://www.argentina.gob.ar/noticias/fondos-secretos-como-se-financio-el-aparato-ilegal-de-inteligencia-durante-la-dictadura