La
Cámara Federal de de Apelaciones de Tucumán ordenó el procesamiento de los
empresarios Jorge Alberto Figueroa Minetti, Eduardo Butori, Alfredo José
Martínez Minetti y Fernando Cornú De Olmos.
Los consideró presuntos cómplices de delitos de lesa
humanidad contra al menos 68 personas que trabajaban en el Ingenio La
Fronterita, o que vivían en sus colonias, y que fueron ilegalmente detenidas en
el Centro Clandestino de Detención y Tortura que funcionó en las instalaciones
de la fábrica. Todas fueron torturadas y algunas continúan, hasta hoy,
desaparecidas.
Por estos casos, el Ministerio Público Fiscal (MPF)
encabezado por el Fiscal Pablo Camuña, y la organización Andhes, acusaron a
accionistas de la firma, al propietario del ingenio y a miembros del directorio
de la empresa por su complicidad en numerosos delitos, como privación ilegítima
de la libertad con apremios y vejaciones, aplicación agravada de torturas,
violación de domicilio, desaparición forzada de personas, entre otras
gravísimas violaciones a los Derechos Humanos.
Pese a la evidencia contraria, en el año 2019 el entonces
juez federal, Daniel Bejas, declaró la falta de mérito a favor de los
imputados, por considerar que los empresarios no tuvieron ninguna
responsabilidad en los delitos sucedidos. Un año más tarde, la resolución fue
confirmada por la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán. Sin embargo, Andhes
y el MPF recurrieron esta resolución ante la Cámara Federal de Casación Penal y
el 29 de diciembre de 2020, la Sala IV resolvió hacer lugar a los recursos
interpuestos y anular la resolución recurrida, dejando sin efecto la falta de
mérito dictada.
La causa contó con el apoyo nacional e internacional del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Centro Europeo por los Derechos Constitucionales y Humanos quienes se presentaron como Amicus Curiae frente a la Cámara de Casación, ofreciendo importantes elementos jurídicos que contribuyeron a demostrar la irrazonabilidad de las decisiones tomadas previamente por el juzgado de primera instancia y posteriormente ratificadas por la Cámara.de Apelaciones.
Hoy, con otra integración, la Cámara Federal de
Apelaciones hizo lugar a los planteos de la acusación y resolvió el
procesamiento de los cuatro empresarios acusados..
La causa se inicia en 2018
La querella de Andhes se presentó en el año 2018, en representación de la familia de Fidel Jacobo Ortiz, trabajador del Ingenio Fronterita y Secretario General del Sindicato, quien fue secuestrado de una Colonia perteneciente al Ingenio y se encuentra actualmente desaparecido.
Los hechos investigados en esta causa se remontan a
febrero de 1975, cuando se instala en el predio del Fronterita, una base
militar, asiento de la llamada Fuerza de Tarea Rayo, situada a unos seis
kilómetros de la Plaza de Famaillá --en la misma calle Mitre de la
Escuelita de Famaillá, el primer CCD de la Argentina--, en el marco del
Operativo Independencia, a cuyo frente estaban Luciano Benjamín Menéndez como
comandante del III Cuerpo con asiento en Córdoba, y el Jefe del Operativo
Independencia, Acdel Vilas. Esa base militar entroncaba con otras bases
militares ubicadas en la zona de acción represiva, tales como Santa Lucía,
Caspinchango y el ex ingenio Lules.
El caso del Ingenio Fronterita es el primero en Tucumán que es vinculado con lo que se describe como “complicidad empresarial con el terrorismo de Estado”.
La hipótesis de dio inicio a esta causa es que
hubo coincidencia de intereses entre militares y empresarios, ya que
ambos tenían el objetivo de desmovilizar a los sectores laborales
sindicalizados, en momentos en que se estaba produciendo el reemplazo de
la mano de obra por las máquinas cosechadoras, con las consiguiente ola de
despidos y desocupación entre los trabajadores de la caña de azúcar.
En la actualidad, el Ingenio La Fronterita pertenece a la
empresa Salta Refrescos, una subsidiaria de Arca Continental, S.A.B. DE C.V.,
la compañía mexicana embotelladora de Coca-Cola.