La presentación lleva la firma de la ministra de Seguridad, Sabina Frederic; la Administradora Federal de Ingresos Públicos, Mercedes Marcó del Pont; y el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Soria.
El Gobierno Nacional denunció al expresidente Mauricio Macri y casi una decena de funcionarios de la gestión Cambiemos por el envío de "material represivo" a Bolivia en noviembre de 2019, cuando se consumó el golpe de Estado que derrocó a Evo Morales.
El envío
El material bélico puesto a disposición de la dictadura boliviana habría consistido en, por lo menos: 40.000 cartuchos AT 12/70; 18 gases lacrimógeno en spray MK-9; 05 gases lacrimógeno en spray MK-4; 50 granadas de gas CN; 10 granadas de gas CS; 52 granadas de gas HC, según denuncias públicas de las autoridades bolivianas.
Los participantes
Esta
maniobra habría contado con la participación de Macri y "Patricia Bullrich
(exministra de Seguridad de la Nación), Oscar Aguad (exministro de Defensa),
Jorge Faurie (exministro de Relaciones Exteriores y Culto), Normando Álvarez
García (ex Embajador Argentino en Bolivia), Jorge Dávila (exdirector General de
Aduanas), Eugenio Cozzi (exdirector Ejecutivo de la ANMaC)", según la
presentación.
La denuncia señala, además a "Gerardo José Otero, (exdirector Nacional de
la Gendarmería Nacional Argentina), Rubén Carlos Yavorski (excomandante Mayor
Director de Logística de la Gendarmería Nacional Argentina) y Carlos Miguel
Recalde (exdirector de la Dirección de Operaciones de la Gendarmería Nacional
Argentina)".
En base a la información recolectada hasta el momento, "se observa la
posible comisión de los delitos de contrabando agravado por la cantidad de
personas involucradas, por la calidad de funcionarios públicos, por la
participación de un funcionario del servicio aduanero, y por tratarse de armas
y municiones de guerra, en concurso con los delitos de malversación de caudales
públicos, abuso de autoridad y los delitos que comprometen la paz y la dignidad
de la Nación previstos en los artículos 219 y 220 del Código Penal de la
Nación", se indicó en la denuncia.
El anticipo de Soria
"Estamos trabajando sobre una denuncia con
distintos organismos del Estado porque también han violado tratados y
convenciones", había anticipado el
ministro de Justicia, Martín Soria, quien
explicó que "seguramente en las próximas horas va a haber novedades porque
el hecho es gravísimo".Martín Soria trabaja en una denuncia
El viernes pasado, el
Gobierno boliviano difundió una carta en la cual daba detalles del envío desde
Argentina hacia Bolivia de
material bélico y de armamento para reprimir protestas sociales luego
del golpe de Estado de noviembre de 2019, en el cual Jeanine Áñez derrocó del
poder al presidente Evo Morales.
Al hablar esta mañana con radio 10, Soria indicó que a Macri "el Código
Penal le queda chico" y dijo que el exmandatario "cargó las armas de
la dictadura boliviana".
"El Código Penal
argentino les queda chico a Mauricio Macri y compañía. No solamente se los
investiga por las fechorías que hicieron en nuestro territorio y las penurias
en las que sumergieron a todos los argentinos, sino también en otros países,
por delitos graves", completó.
El ministro resaltó que el mismo día que la exministra de Seguridad Patricia
Bullrich (actual presidenta del PRO) y otros funcionarios "pedían
autorización para sacar el armamento y las municiones supuestamente para
defender la embajada argentina en Bolivia", estaba asumiendo
Áñez.
En el mismo sentido, el embajador de Bolivia en la Argentina, Jorge Ramiro
Tapia, aseguró hoy que "se ha corroborado" el ingreso de una nota
junto a los materiales bélicos que el gobierno de Mauricio Macri envió en 2019
a Bolivia.
"La mentira tiene patas cortas, los que hicieron cosas que no debían,
tienen que estar presos", completó el diplomático a radio 10, y sostuvo
que el pueblo boliviano no quiere "ni olvido ni perdón, sino
justicia".
Fernández
y Arce
La cuestión fue abordada en la noche del domingo entre los presidentes de Argentina, Alberto Fernández, y de Bolivia, Luis Arce, en una videoconferencia que fue emitida por la TV Pública, en la que Fernández volvió a plantear que "la Argentina de aquellos días no se portó bien con los bolivianos".
"Estoy muy avergonzado
porque la Argentina no se haya portado bien. Que el gobierno argentino de
entonces (por la gestión de Mauricio Macri) no se haya portado bien. Pero tengo
la íntima tranquilidad, Lucho, que sabés que siempre estuve al lado de ustedes
y trabajé por la vida de Evo y de tantos compañeros perseguidos en
Bolivia", subrayó el jefe de Estado.
Desde La Paz, Arce remarcó que tanto el propio Fernández como el resto
de la administración del Frente de Todos "no tenían por qué sentirse
avergonzados" ya que, reconoció, "el Gobierno
del pueblo argentino se ha portado siempre bien con nosotros, los
bolivianos".
En el mismo sentido le agradeció al Presidente por "todo lo que han hecho
por Evo" y por "todas las gestiones que han hecho para poder darles
lo mejor que tenían".
La
reacción de Patricia Bullrich
Por su
parte, la
titular del PRO y ministra de Seguridad durante la gestión de Cambiemos,
Patricia Bullrich, se defendió de las acusaciones a través de
una carta publicada en redes sociales y dirigida al presidente Alberto
Fernández.
Allí asegura que "dolor y vergüenza causa la imprudencia, la
impudicia y la velocidad con las que usted compromete al Estado Argentino al
reconocer semejante acusación sin la mínima indagación ni prueba, por
el solo hecho de que en ese momento gobernaba el país un presidente de un
partido diferente al suyo".
"El
gobierno del presidente Mauricio Macri cumplió con su deber de resguardar la
Embajada Argentina en Bolivia, protección que alcanzó no sólo al señor
embajador y personal diplomático, sino también a dos ministros renunciantes del
gobierno del señor Evo Morales: el ministro de Gobierno, Carlos Romero, y la
ministra de Planificación, Mariana Prado Noya", remarca Bullrich en otro
tramo de la carta.
Las
investigaciones
Hasta el
momento, por lo menos dos organismos del Estado anunciaron el inicio de
investigaciones formales por el envío de este armamento a Bolivia.
La Unidad
Fiscal Especializada en la investigación de ilícitos relacionados con armas de
fuego, explosivos y demás materiales controlados (Ufiarm)
anunció el pasado 9 de julio el inicio de una investigación a cargo del fiscal
general adjunto de la Procuración General de la Nación, Gabriel González Da
Silva.
Indicaron que en el marco de esta pesquisa se dispusieron "una serie de
medidas probatorias, entre ellas, el requerimiento de información a la
Presidencia de la Nación, a distintos ministerios de la Nación y a la
Gendarmería Nacional, con el propósito de comenzar a colectar elementos que
permitan avanzar a dilucidar tales episodios a la mayor brevedad posible y
determinar, en su caso, sus posibles autores o partícipes".
Por su parte, la Dirección General de Aduanas (DGA) inició una investigación para determinar
"la eventual existencia de delito en la exportación de armas de fuego y
otros materiales controlados al Estado Plurinacional de Bolivia en noviembre de
2019".
"El organismo que depende de la AFIP también inició una segunda
investigación para controlar la regularidad de los procedimientos llevados
adelante por la DGA" durante el Gobierno de Mauricio Macri, informaron
fuentes oficiales.
Fuente: Telam