Por Carlos A Villalba
“… para los niños dulces palabras
y barquitos de papel
para el viento golondrinas, para este mundo buena fe
para la tierra siembran conmigo manos hermanas fundiéndose
mucha abundancia para la cosecha, para el frío calor de hogar
Para la guerra, nada” .
Marta Gómez (Cundinamarca,
Colombia)
La Misión Internacional de Solidaridad y Observación de Derechos Humanos en
Colombia, una semana después de arribar a la nación sudamericana, concluyó que
el gobierno de Iván Duque Márquez debe ser investigado por delitos de lesa
humanidad cometidos contra la población a partir de desapariciones, asesinatos,
torturas,abusos, persecuciones, amenazas e intimidaciones, supuestamente
cometidas por las fuerzas de seguridad regulares e irregulares que responden al
Estado.
El anuncio de una reforma tributaria diseñada en línea con los
requerimientos habituales del Fondo Monetario Internacional (FMI) provocaron
una movilización generalizada en el país en respuesta al “paquetazo de Duque”,
que debió congelarse ante la escalada de protestasiniciada a partir del paro
lanzado el 28 de abril.
El “Comando Nacional Unitario”, conformado por las Sindicales CUT, CTC y
CGT; las Confederaciones de Pensionados CDP y CPC y la Federación de
Trabajadores de la Educación, Fecode, convocó a la medida de fuerza en aquella
fecha, a partir de la cual se vienen sucediendo protestas que abarcan a
una amplia franja de sectores, más allá de las dirigencias políticas y
gremiales tradicionales.
Entre los ejes centrales del plan de ajuste figuraba la ampliación de la
base impositiva sobre los salarios y el aumento del IVA, que fue visualizado
como un castigo a los sectores más empobrecidos, por la recarga sobre sus
alimentos básicos, el más alto nivel de gasto de esa franja.
El grupo de observación y denuncia sostuvo que “la represión
desatada”contra las expresiones de repudio que se suceden en todo el país,
“impidió, limitó y condicionó” la participación política y derechos como los de
reunión y a la protesta”, en un contexto de “lógica bélica” contra la población
civil indefensa, a través del uso de “armamento sofisticado y letal y de
conductas brutales e inhumanas por parte de sus efectivos”.
La Misión llegó al país el pasado 25 de mayo, integrada, entre otros
organismos de Derechos Humanos,por el Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ) del
premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel, representantes de movimientos sociales y populares como los
frentes“Patria Grande”, “Organizaciones en Lucha”, “Santillán”, el “Movimiento
Evita” y “SOMOS Barrios de Pie”; organizaciones gremiales como Asociación de
Trabajadores del Estado (ATE) y la Central de Trabajadores de la Argentina
(CTA) – Autónoma y por la Asociación Americana de Juristas, además del Centro
Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE).
A su arribo al aeropuerto bogotano de “El Dorado” Bogotá, el funcionario
del Vaticano Juan Grabois, referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos
(MTE) de la Argentina, que integraba el grupo, fue detenido al intentar
entrar al país y deportado tras ser considerado como “una amenaza para la
seguridad del Estado colombiano”.
La investigación de los hechos producidos en Colombia abarcó las
principales jurisdicciones del país, en entre ellas Pereira, Cali, Puerto
Tejada, Yumbo, Medellín y el departamento del Cauca-Popayán, Cundinamarca y
Bogotá, donde se desarrolló un minucioso recorrido por Usme, Ciudad Bolívar,
Portal de las Américas, Barrio Kennedy, Engativá, Suba, Soacha, Teusaquillo,
Portal Norte.
Reunión de la Misión Internacional con la comunidad afrodescendiente
A su regreso a la argentina tras participar de la Misión, Alejandro Rusconi (Secretario de Relaciones Internacionales del Movimiento Evita y miembro de la Usina del Pensamiento Nacional y Popular – UPNP), remarcó el apoyo al trabajo de observación por parte de las comunidades locales y de gran cantidad de dirigentes y lideresas de distintas sectores de la vida colombiana.
Al analizar la respuesta represiva, la Misión Internacional consideró que
el Estado definió un “enemigo interior”, compuesto por “la mayoría de su
pueblo”, representado por “jóvenes de los barrios populares, estudiantes,
mujeres y de la comunidad LGTBIQ, trabajadores del campo y la ciudad, indígenas,
campesinos, afrodescendientes, líderes y lideresas sociales, defensores y
defensoras de derechos humanos, prensa independiente, así como
(por) organizaciones de la sociedad civil”.
En base a los elementos recabados, planteó una denuncia contra el Estado
Colombiano por desaparición forzada de persona, delitos contra la vida
(homicidios), contra la integridad física (lesiones oculares, lesiones varias),
la integridad sexual (abuso sexual), la libertad (privación ilegal de la
libertad, detenciones arbitrarias, tortura), la libertad de reunión y el libre
ejercicio a la protesta y contra la propiedad (daños), además del “juvenicidio”
perpetrado por los ataques con la “primera línea de protesta”, integrada por
jóvenes.
El informe preliminar sobre la “Violación de DDHH En Colombia en el Marco del Paro Nacional 2021” concluye que “los Derechos Humanos están siendo violados en Colombia y la comunidad percibe que las diversas instituciones gubernamentales no asumen el
El llamado presidencial a un “diálogo” (que no incluía la rectificación de
las políticas neoliberales y el apoyo a las grandes corporaciones
internacionales) no aquietó la efervescencia popular, en un país que sufre un
incremento desmedido de la pobreza extrema y caída de la economía superior al
7%, en medio de una nueva ola de contagios de Covid-19 que lo colocan en cuarto
local en cantidad de muertos en Latinoamérica, detrás de Brasil, México y Perú,
con 90.353 decesos al 3 de junio.
Colombia juega un papel estratégico en el esquema de control regional de
Estados Unidos, que mantiene siete bases militares declaradas y una “brigada
especializada” además de otros enclaves militares móviles no declarados. Los
“asesores” estadounidenses e israelíes que operan desde allí, son instructores
de los cuadros de la Policía Nacional, en especial del Escuadrón Móvil
Antidisturbios (ESMAD),y del Ejército, cuerpos denunciados en la comunicación
de la Misión, por sus prácticas violatorias de los derechos humanos.
* Carlos Villalba: Periodista argentino. Investigador asociado al Centro Latinoamericano de
Análisis Estratégico (CLAE,
http://estrategia.la). Miembro de La Usina del Pensamiento
Nacional y Popular (http://www.usinadelpensamientonacional.com.ar)