El Jury dio por probado que el ahora ex juez del Tribunal de Impugnación incurrió en faltas en el ejercicio de sus funciones.
Esta tarde, el Jurado de Enjuiciamiento resolvió por mayoría, hacer lugar a la acusación de la comisión de Juicio Político y remover a Enrique Pedicone del cargo de vocal del Tribunal de Impugnación del Poder Judicial de Tucumán, al darse por probadas una serie de faltas en el ejercicio de sus funciones.
El Jury adoptó esta decisión a partir de los votos de los legisladores oficialistas Javier Morof, Dante Loza, Alberto Herrera, Sara Alperovich; del representante del Colegio de Abogados Javier Critto; y del fiscal de Estado Federico Nazur.
El vocal de la Corte, Daniel Posse, y el
legislador alfarista Walter Berarducci se expresaron en contra de la remoción
de Pedicone de su cargo.
El ahora ex magistrado había quedado en el
centro de la polémica en septiembre pasado, luego de que denunciara al vocal de
la Corte Daniel Leiva por presunto tráfico de influencias.
Dos meses antes, según la versión de
Pedicone, el ex fiscal de Estado lo había citado a un bar céntrico para pedirle
–en nombre del gobierno- que manejara la intensidad de una causa por presunto
abuso sexual y otros delitos en contra del legislador Ricardo Bussi (FR) a fin
de lograr que el opositor se mantuviera funcional al oficialismo. Si bien
adjuntó una grabación de la supuesta conversación –desmentida por Leiva-, el
planteo no prosperó hasta el momento.
Sí avanzaron en el ámbito de la comisión de
Juicio Político de la Legislatura los expedientes iniciados por familiares de
víctimas de delitos en contra del ahora ex magistrado.
Los cargos endilgados a Pedicone comprenden
desde una actuación sin competencia en la miniferia de agosto hasta dos
cuestiones vinculadas con el conflicto de Leiva, “la grabación clandestina” del
supuesto diálogo con el vocal de la Corte hasta “la coacción” del secretario
Fernando Valladares en la elaboración de un acta. También se adujo que está
probado que el juez violó en forma sistemática los derechos de las víctimas, y
su ignorancia al anular decisiones tomadas sin oír a estas y a los imputados.
Fuente: La Gaceta