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| Izq.: investigadora Paula Juárez, der.: construcción de un sistema de acopio de agua de lluvia. |
Alrededor del 13 por ciento de los argentinos tiene
dificultades para contar con este recurso, escenario que afecta particularmente
a la población rural. Organizaciones civiles locales vienen presentando informes
ante la ONU en los que analizan las respuestas sociales y políticas a esta
problemática y apuntan los aspectos a mejorar.
Según el último censo nacional, el acceso al
agua potable es un derecho con el que al menos 5.3 millones de argentinos no
pueden contar en sus hogares. La situación empeora en las regiones rurales,
dónde el recurso se ve diezmado, también, por el cambio de uso de suelos y la
falta de respuestas acordes para cada contexto.
De este complejo escenario habla la
investigadora de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) Paula Juárez, quien
participó en la elaboración y presentación colectiva, desde la Fundación Plurales y junto a otras
ONGs, del Informe
Sombra para el Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas
las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por su sigla en inglés) y
del informe para
el relator de Derechos Humanos y Ambiente de Naciones Unidas, en los que
detallan, entre otras cuestiones, el panorama argentino en materia de acceso al
agua segura y saneamiento, y plantea aquellos aspectos a trabajar para
garantizar ese derecho.
“Trabajamos con grupos de mujeres rurales.
Mostramos, a través de los ojos y las vivencias de las mujeres, cuál es la
situación real de acceso a derechos, y cómo llegan efectivamente -o no- las políticas
públicas a los distintos territorios”, explicó a la Agencia CTyS-UNLaM.
Radiografía de la inequidad
Juárez señaló que, en las regiones rurales
del país, la falta de acceso al agua y saneamiento son unos de los problemas
estructurales más severos por diversos motivos: “El 70 por ciento de nuestro
país es árido o semi árido, y la población rural, particularmente las mujeres,
son las más afectadas porque son las que generalmente se encargan de la
recolección del agua. Esto, sumado a las deforestaciones, el aumento
significativo del monocultivo y de distintos tipos de extractivismos agravan un
escenario que ya era de por sí complejo”.
El diagnóstico empeora si se contemplan los
ya visibles efectos del cambio climático en estas regiones áridas, que generan
ciclos más seguidos e intensos de sequía y que, también, vienen de la mano de
fuertes inundaciones, cuyas aguas tampoco llegan a ser colectadas por la
impermeabilidad de los suelos deforestados.
En el caso de la región del Gran Chaco
Argentino, integrado por 13 provincias del norte argentino, el 41 por ciento de
los hogares no tiene acceso al agua, por lo que sus habitantes culminan
buscando soluciones a la medida de sus posibilidades, o tejen redes
comunitarias y regionales para hacer frente a la ausencia de soluciones “a
nivel municipal, provincial y nacional”.
“En los últimos 20 años –continuó la
investigadora- se pudo observar un nivel cada vez mayor de organización
campesina y de movimientos sociales rurales. En la región del Gran Chaco en
particular, ese esfuerzo colectivo devino en la construcción de líneas de
trabajo y estrategias más transversales, pensando agua, suelo y producción de
alimento de forma conjunta y articulada”.
El para qué y para quién, y el cómo
El agua es un derecho humano básico, de ella depende la salud, la alimentación y la vida. En esta línea, Juárez enfatiza la necesidad de una estrategia estatal para garantizarla. Sin embargo, al día de hoy no existe una leyque pueda regular el servicio a nivel nacional: es potestad de cada provincia y de la Ciudad de Buenos Aires gestionarla y regularla en su jurisdicción.Pero para la investigadora, el principal
escollo al hablar de acceso al agua y saneamiento es cómo se piensa el problema
en primer lugar. “En general, el Estado actúa en la primera fase de las
soluciones que ejecuta: la de proveer la tecnología o los materiales, pero
luego el control y gestión de dichas soluciones queda fuera de supervisión y
apoyo a la gestión”, subrayó.
Cisterna en Chaco
Además, la especialista agregó que, en
algunos casos, grandes obras de infraestructura no terminan cumpliendo su función
por falta degestión y de personal técnico, o porque no eran la estrategia más
adecuada para el territorio en cuestión.
En esa línea, la investigadora plantea un
abordaje sistémico socio-técnico que contemple los problemas técnicos junto a
las dinámicas sociopolíticas. Es decir, que no haya soluciones únicas y
universales: se debe tener en cuenta el territorio, sus características y
actores involucrados, las opciones tecnológicas, y luego diseñar la estrategia
más apropiada para cada contexto.
“No se lo puede entender como estrategia a un
parche en un momento puntual, sino que se requiere de una visión en términos
sistémicos y de procesos continuos y dinámicos: tener una estrategia general
desde antes de montar las soluciones y que se pueda apoyar su desarrollo a
largo plazo”, concluyó.
Fuente: Agencia CTyS