La Secretaría de Derechos Humanos y la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito acordaron trabajar en conjunto para revisar esta situación en la que estarían, al menos, 1.532 personas.
La Secretaría de Derechos Humanos y la
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito acordaron
trabajar en conjunto para revisar las historias de criminalización de mujeres
por eventos obstétricos y aborto, situación en la que estarían, al menos, 1.532
personas.
El domingo últimos entró en vigencia la ley
27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y ahora "la deuda la
tiene el Poder Judicial con quienes fueron criminalizadas injustamente",
dijo a Télam Laura Salomé, comunicadora integrante de la Campaña.
Salomé, junto a Mónica Menini y Roxana Fanjul
de la Campaña, participaron este miércoles de una reunión con Mariano
Przybylski, director nacional de Políticas contra la Violencia Institucional y
la abogada Flavia Fernández Grossi, de la Secretaria de Derechos Humanos, y la
subsecretaria de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, Victoria
Tesoriero.
"Mi rol fue vincular a la Campaña con la
Secretaría ante la magnitud de situaciones criminalizadas que detectó el
informe", explicó Tesoriero a Télam.
Se refirió a la publicación "La criminalización por aborto y otros eventos obstétricos en Argentina", elaborado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Campaña, el Centro Universitario San Martín (Cusam) y las profesionales María Lina Carrera, Natalia Saralegui Ferrante y Gloria Orrego-Hoyos. Ese estudio que abarcó los años 2012 al 2020, identificó que 1.532 mujeres afrontan causas penales por aborto, 37 por eventos obstétricos criminalizados en 17 provincias argentinas.
"Estamos pensando en que el Estado se
involucre en esta realidad en la línea de trabajo de la violencia
institucional, Hay que identificar cada situación y lograr una estrategia de
visibilización", señaló la funcionaria.
"Esto es nuevo, no se sabía de la
magnitud de esta situación. Ha sido una estrategia del Poder Judicial el
caratular engañosamente como homicidio situaciones de aborto. También la idea
es ayudar con el monitoreo que hacen las organizaciones e involucrarse en las
causas, desde la Secretaria de Derechos Humanos", agregó.
También el Ministerio de las Mujeres, Géneros
y Diversidad mantuvo reuniones con algunas de las organizaciones que hicieron
el informe para comenzar a diseñar una tarea conjunta.
La idea "es trabajar de forma federal,
articulando la potencialidad territorial de la Campaña, desde una perspectiva
integral de derechos humanos", destacó Salomé.
Durante el encuentro se acordó que comenzarán
a identificar cada situación para pensar estrategias legales de abordaje.