El vicepresidente del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), Gustavo López, aseveró este lunes que "no se autorizó hasta el momento ningún aumento" para los servicios de internet, televisión por cable, telefonía móvil o fija, tal como comenzaron a comunicar algunas empresas a sus clientes.
El directivo del Enacom, en declaraciones a Télam, también adelantó que esta
semana el Ente dará a conocer los planes que se dispondrán para la prestación
básica y obligatoria que permitirá ofrecer el servicio a los sectores más
vulnerables, con vigencia a partir del primero de enero.
"No se autorizó hasta el momento ningún aumento tal como anuncian las
empresas de internet, telefonía y televisión respecto de un supuesto incremento
del 20% para enero", aseguró López.
De esta manera, el funcionario desestimó los anuncios que varias empresas de
servicios hicieron llegar a sus usuarios en las últimas semanas, anticipando
incrementos a partir del 1 de enero.
El funcionario recordó que la medida se enmarca en lo dispuesto partir del
Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 690 que firmó el presidente Alberto
Fernández y convalidó el Congreso que estableció los servicios como públicos y
esenciales.
En ese sentido, López resaltó que "ya no son las empresas que fijan el
precio sin intervención del Estado sino que son las que proponen y es el Ente
el que autoriza o no el aumento y cuánto".
Además, adelantó que esta semana se va a anunciar desde el Enacom la política
que se estableció en aquel Decreto "sobre la prestación básica y
obligatoria, es decir la tarifa social de internet, televisión, telefonía
celular y fija para los millones de argentinos afectados por la política
económica de Mauricio Macri y que la pandemia recrudeció".
Para esos sectores, confirmó, "va a haber una tarifa especial para que no
queden desconectados, ya que se declaró servicio público porque para poder
estudiar. enseñar, acceder a la cultural, el trabajo e incluso a los planes
sociales hoy se necesita conectividad".
"Estamos ante un derecho humano básico y por lo tanto considerado servicio
publico sujeto a regulación estatal" recordó López al ratificar que junto
al anuncio de qué aumento habrá para los distintos servicios se van a comunicar
los planes sociales para regir a partir del 1 de enero".
Los planes de este servicio básico universal se presume estará dirigido
especialmente a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), el
Ingreso familiar de Emergencia (IFE) y los jubilados y pensionados que cobran
la mínima.
La intención de la tarifa social es sostener con un servicio básico universal
la conectividad de los millones de personas que este año perdieron la capacidad
de pagar servicios por la inactividad en la pandemia o por la disminución en
sus ingresos.
Los precios de los servicios de tecnologías y comunicaciones (Tics) permanecen
congelados hasta el 31 de diciembre en base a los valores implementados en
julio a partir del Decreto 690, que en su momento obligó a las empresas a
retrotraer incrementos ya facturados.
Con motivo de la pandemia, el Gobierno impulsó el congelamiento de distintos
servicios como los de transporte, gas, electricidad y agua, en procura de
aliviar la situación de las familias afectadas por la caída de actividad
producto por las restricciones a las que obligó la pandemia de coronavirus.
Otra de las medidas que el Gobierno tomó en la pandemia para el sector de las
telecomunicaciones y previo al DNU 690, fue la prohibición del corte de
servicios por falta de pago.
A poco de firmar el DNU, el presidente Fernández expresó que el mercado de las
telecomunicaciones es uno de los "más concentrados de la economía
argentina" y proclamó la intención del Gobierno de "promover
competencia ante los pocos operadores" existentes en el mercado.
Hasta fines de la semana pasada el directorio del Ente se centró en la
definición de "tarifas sociales" para los servicios de telefonía e
internet móvil con las tres empresas que prestan los servicios: Claro Movistar
y Personal; mientras que el servicio de internet fijo es prestado por más de
700 empresas entre grandes corporaciones, pymes y cooperativas.
Fuente: Telam